MTC busca declarar el transporte público en emergencia por criminalidad sin medidas concretas, advierten expertos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propuso, a través del proyecto de ley 13280, declarar en emergencia el transporte público con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio ante situaciones que puedan afectar su funcionamiento. Esta medida, explicó el ministro del sector, Aldo Prieto, durante su intervención en el Congreso, busca proteger a la ciudadanía y se implementa para prevenir actos delictivos que pongan en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios.

Sin embargo, especialistas, que declararon a La República, han criticado este proyecto de ley por la ausencia de medidas concretas contra la criminalidad que suele presentarse en ataques a conductores de buses y advirtieron sobre los riesgos, además de proponer medidas frente a esta problemática.

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Expertos advierten falta de medidas concretas ante disposición de declarar en emergencia al transporte público

Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, señaló que es importante conocer con mayor claridad cuáles son los objetivos del proyecto, ya que la normativa sobre la declaratoria de emergencia en el transporte público carece de detalles bien planteados. “Tendríamos que ver bien qué se quiere regular, porque tal como está redactado se puede inferir que, por casos de extorsión, las unidades podrían dejar de circular en la ciudad”, comentó. Asimismo, la exministra advirtió que no se precisa el tipo de intervención en seguridad que se aplicará a los vehículos de transporte público.

El proyecto de ley no distingue entre el transporte concesionado y el transporte convencional, a pesar de que los atentados contra conductores ocurren principalmente en este último, advirtió. “No está a nivel de metropolitanos ni de corredores”, indicó. Agregó que, a su parecer, la propuesta solo busca brindar resguardo físico a las unidades de transporte para evitar asesinatos contra quienes conducen y proteger la vida de los pasajeros.

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Del mismo modo, Luis Quispe Candía, abogado especialista en Tránsito y Seguridad Vial y presidente de la ONG Luz Ámbar, declaró que la propuesta resulta insuficiente y criticó que el proyecto no detalla las medidas que se tomarán. “Mientras no exista un plan dentro del estado de emergencia que indique lo que se va a desarrollar, y simplemente se opte por sacar al Ejército y repetir las mismas acciones, no tiene ningún sentido”, afirmó.

Además, mencionó que el problema de la delincuencia en el transporte es complejo, ya que no existe un único foco ni una organización centralizada: conviven grandes mafias, bandas medianas y grupos pequeños que aprovechan las oportunidades para robar, extorsionar o incluso cometer asesinatos por encargo, en el caso del sicariato. En este escenario, declarar el estado de emergencia sin especificar las acciones a implementar carece de sentido.

Tanto Paola Lazarte como Luis Quispe Candía cuestionaron la implementación de 16.000 cámaras de videovigilancia en 8.000 buses, una medida propuesta por la gestión anterior, liderada por César Sandoval. La exministra de Transportes advirtió que esta iniciativa solo serviría para identificar a las personas responsables de los delitos, pero no contribuiría directamente a combatir la delincuencia.

Por su parte, el presidente de la ONG Luz Ámbar señaló que debería existir una central encargada de monitorear las cámaras y reportar lo que ocurra, pero hasta el momento no se ha dado ninguna indicación al respecto. “No se ha dicho si será la Policía, la municipalidad o un organismo dentro de la ATU”, afirmó. Agregó también que la medida no sería efectiva, ya que lo primero que haría una persona delincuente al ingresar a una unidad de transporte público sería destruir la cámara. “No creo que sea una medida favorable para mitigar la delincuencia”, concluyó.

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Recomendaciones para combatir la delincuencia en el transporte público

Entre las recomendaciones planteadas por los especialistas se encuentra la implementación de un sistema moderno de recaudación. El factor más crítico es la ausencia de un sistema integrado de transporte, lo que, según Quispe, facilita que los delincuentes conozcan la forma de pago entre cobrador y pasajero, o entre quien conduce y los usuarios. Mientras no exista un sistema de recaudo electrónico total, las extorsiones continuarán.

Ejemplos como el Metropolitano o la Línea 1 demuestran que, cuando el dinero ingresa directamente al sistema bancario, el riesgo disminuye considerablemente. “Mientras no exista un sistema de recaudo electrónico, las empresas de transporte tradicional seguirán siendo vulnerables”, advirtió Quispe.

Otro cambio indispensable se encuentra en el sistema de seguros: el SOAT tiene un tope limitado que deja a muchas víctimas sin protección adecuada. Según Quispe, la ley debería exigir que todos los vehículos cuenten con un seguro contra todo riesgo, tal como se aplica en varios países. Aunque implica un costo mayor, este tipo de póliza brinda una protección efectiva tanto a los pasajeros como a terceras personas afectadas.

En materia de seguridad inmediata, el especialista recomienda prohibir el uso de lunas oscurecidas en todos los vehículos, salvo en el caso de altos funcionarios y cuerpos diplomáticos. Esta medida facilitaría el control policial y reduciría la capacidad de las personas delincuentes para operar ocultas dentro de los autos.

Por su parte, Paola Lazarte subrayó la importancia de focalizar la atención en el transporte convencional, ya que es el más afectado, y de coordinar de manera constante con los sistemas de inteligencia, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las entidades financieras. Al mismo tiempo, se debería impulsar reformas estructurales orientadas a la modernización del sistema de transporte. Resulta indispensable reducir el manejo de efectivo mediante sistemas de recaudo electrónico y mecanismos financieros como los fideicomisos, lo que contribuiría a disminuir la vulnerabilidad frente a las extorsiones.

Asimismo, la reforma de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre debe orientarse a fortalecer el modelo empresarial, promover la formalización y actualizar los mecanismos de control y supervisión. Solo mediante la combinación de medidas inmediatas de protección con una transformación integral del sistema será posible garantizar un transporte público más seguro, sostenible y resistente al crimen organizado. "Pero lo primero que debería hacer el Ejecutivo es identificar hacia donde va la estrategia", finalizó.

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