Casos de extorsión aumentan, pero condenas se estacan: PJ solo registra 4 sentencias a bandas criminales en Lima y ninguna en Callao

En los últimos dieciocho meses, apenas veinte casos de extorsión han concluido con una sentencia en todo el país, según una investigación de Latina. Esta cifra sería el reflejo de una brecha importante entre el delito y la aplicación de justicia. De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), de enero a octubre de este año, hubo 23.213 denuncias por extorsión. No obstante, según la Unidad de Investigación de Latina Noticias, entre enero del 2024 y julio del 2025 se dictaron solamente veinte sentencias por extorsión en el país. Cuatro de ellas ocurrieron en Lima y ninguna en el Callao.

Esto último pese al hecho de que, este año, la provincia constitucional registra la cifra más alta de homicidios de los últimos años, y la extorsión es uno de los delitos más denunciados, con 707 casos registrados hasta septiembre, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. En todo Lima, de 85.000 denuncias entre 2020 y 2025, apenas 1.470 llegaron al Poder Judicial, según la investigación mencionada, lo cual representa una impunidad de más del 98%.

Es claro que este grave delito ha ido en aumento, pero ello no se refleja en las mínimas condenas. Según los datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre enero y julio de este 2025, ingresaron solo 295 internos por extorsión, pero apenas 11 eran sentenciados (3.8%) y 284 procesados (prisión preventiva, sin condena firme).

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¿Por qué tan pocas sentencias?

El experto en seguridad, José Manuel Saavedra, señaló en diálogo con La República que varios factores podrían explicar la discrepancia en las cifras. “La corrupción policial, que facilita la filtración de información; la infiltración de bandas extranjeras que emplean violencia extrema; y la falta de recursos en inteligencia son algunos de ellos”, precisó. Según el especialista, aunque los operativos permiten capturar a algunos criminales, las redes delictivas se reorganizan rápidamente gracias al uso de tecnología avanzada.

Por otro lado, un abogado penalista (quien solicitó el anonimato), manifestó a este medio que la legislación no sería un problema necesariamente: ''No creo que haya vacíos o fallas de la norma. Las leyes son acordes a nuestra realidad, pero en el Perú debido a la crisis política, económica y social tanto la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial se ven limitados en sus labores''.

El experto precisó que es difícil probar el delito de extorsión porque no se cuenta con logística o recursos económicos, pero que no es la única razón. ''Lamentablemente, el rol de las autoridades está en tela de juicio. Hay una situación de querer tener el protagonismo en lugar de trabajar coordinadamente en bien de la sociedad. No se colabora debidamente y la criminalidad nota esta situación de constante conflicto entre el Ministerio Público y la Policía y se aprovechan para seguir delinquiendo'', afirmó.

Por último, el abogado penalista explicó que la pena máxima de la legislación peruana para condenar a los culpables de este delito es la cadena perpetua. Según su visión, no debería otorgarse ningún tipo de beneficio penitenciario. ''Se debe aplicar el régimen cerrado para esos delincuentes'', opinó.

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Ola de delincuencia no acaba

A ello se suma el hecho de que muchos ciudadanos sienten temor de denunciar o no confían en la policía o el sistema judicial del país. Como señala Saavedra, ''las víctimas temen represalias y eso hace que el ciclo siga''. Y, por si no fuera poco, la criminalidad también alcanza a los operadores de justicia. Recientemente, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina informó que al menos 25 fiscales a nivel nacional han sido víctimas de amenazas y extorsiones que exigen miles de soles para evitar ataques a ellos o sus familias.

Por ejemplo, el caso de la fiscal provincial penal de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, se hizo notorio tras su denuncia. Haro relató haber recibido mensajes amenazantes desde mediados de octubre, presuntamente de una organización autodenominada Los Pepes, que buscan apartarla del proceso que lidera contra la banda Los Chukys de Juan Pablo II, advirtiéndole sobre represalias si continuaba con la investigación.

Nueva ley contra la extorsión

Este lunes 3, el presidente promulgó una nueva ley para enfrentar la criminalidad en el transporte urbano. Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, Jerí destacó que la norma fue elaborada tras dialogar con gremios de transportistas y busca golpear directamente las redes de extorsión. El texto incluye la orden de congelar cuentas usadas para cobrar cupos, vigilar empresas con movimientos sospechosos y permitir que la Policía y la Fiscalía intervengan rutas amenazadas.

''Hay que armar unidades especializadas como la nueva División de Investigación de Extorsiones de la PNP, con foco en análisis de datos y vigilancia digital para mapear redes completas, no solo peones'', recomendó el experto en seguridad Saavera. A nivel operativo, sostiene que se necesitan más allanamientos coordinados con drones y geolocalización, y colaboración con Interpol para rastrear flujos de dinero. El especialista solicitó ''mecanismos como bancos de voces anónimos para denuncias seguras, reserva total de identidad, y programas de protección física (tipo escoltas o reubicación temporal)'' para las víctimas. ''Se debe invertir en capacitar policías en ciberinteligencia y software anti-lavado para golpear la raíz del problema'', finalizó.

La urgencia en las calles es evidente. Los operativos policiales, si bien parecen haberse intensificado en estas semanas, no son suficientes para combatir a las organizaciones criminales. La ola de violencia azota a transportistas, comerciantes y ciudadanos de todos los rubros, incluso en medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao. Además, la situación se agrava con los constantes ataques y asesinatos a peruanos. Solo en los tres primeros días de la medida impuesta por el Gobierno de José Jerí, se registraron siete víctimas mortales de la criminalidad. Es así como la extorsión sigue avanzando sin freno, ante la impunidad, el miedo de la población y nuevas medidas que corren el riesgo de quedarse en el papel.

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