
El repunte de la inseguridad en el país y el hacinamiento en las cárceles del país llevó a gobierno a trasladar hoy a 94 presos del establecimiento penitenciario del Callao hacia los penales Ancón I y II.
Esta medida forma parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad, fortalecer el principio de autoridad y reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país, indicaron voceros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Como se sabe, el sistema carcelario enfrenta un hacinamiento extremo en las prisiones. Según un reciente nforme del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el país cuenta con 69 establecimientos penitenciarios que albergan a 99,697 internos, lo que supera ampliamente su capacidad diseñada para 41,764 personas. Esto representa una sobrepoblación del 139%.
En mayo de 2020, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia y otorgó un plazo de cinco años para que el Estado peruano solucione el problema del hacinamiento carcelario. Dicho plazo vence en este mes de mayo y, de no cumplirse, se procedería al cierre temporal de los centros de reclusión más afectados y al traslado de los internos a otros centros con menor tasa de sobrepoblación.
El traslado se da debido a la sobrepoblación carcelaria que representa un 139%. Foto: INPE
Entre las cárceles con mayor porcentaje de hacinamiento se encuentran los establecimientos penitenciarios de Quillabamba, con una sobrepoblación del 505%; Camaná (486%), Huancavelica (470%), Callao (467%) y Abancay (462%). Estos serían los primeros en ser clausurados si no se toman medidas inmediatas.
Traslado de reos al penal Ancón I y II. Foto: INPE
Por eso, el gobierno, mediante la Resolución Directoral N.º 271-2025-INPE/ORL, respondió a la urgente necesidad de liberar espacios que permitan el desarrollo adecuado de los programas de tratamiento y rehabilitación, actualmente limitados por la sobrepoblación carcelaria.
El presidente del Inpe, precisó que los traslados se ejecutan bajo estrictos criterios técnicos y de seguridad, priorizando a internos con sentencia y sin sanciones disciplinarias. “Nuestro objetivo es mantener el orden, reforzar la custodia y contribuir a la tranquilidad social”, afirmó.
Señaló, que esta medida forma parte de la política penitenciaria integral del sector que dirige el ministro de Justicia y Derechos Humanos y con la que se busca seguir fortaleciendo la seguridad en los penales y reafirmando el principio de autoridad del Estado.
Agregó, que como parte de esta política se viene trabajando en diversas acciones estructurales para enfrentar el hacinamiento, entre ellas, la construcción del nuevo penal de Abancay, iniciada este año, y la ampliación del penal de Iquitos, actualmente en ejecución. Asimismo, ya cuentan con expedientes técnicos la rehabilitación y ampliación de los establecimientos penitenciarios de Pucallpa y Arequipa, mientras que los penales de Lampa y Puno ya cuentan con ampliación.
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