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Sociedad

Estas universidades peruanas seguirían operando pese a tener licencia denegada de Sunedu si se aprueba proyecto de ley

El congresista Carlos Zeballos quiere incluir nuevas disposiciones en la Ley Universitaria que permitan a Sunedu iniciar un proceso de reorganización institucional en las universidades asociativas con licenciamiento denegado.

larepublica.pe
Más de cinco universidades asociativas con licencia denegada se beneficiarían con el proyecto de los congresistas Katy Ugarte, Carlos Zeballos y Elías Varas. Foto: composición LR

La comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República está evaluando 3 proyectos de ley que buscan un cambio significativo en el destino de varias universidades asociativas del Perú que han recibido la denegación de licencia por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) al incumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas por la Ley Universitaria.

Sin embargo, estas instituciones podrían tener una segunda oportunidad para operar si se aprueban las propuestas de los parlamentarios Katy Ugarte, Carlos Zeballos y Elías Varas. Ellos pretenden modificar la situación de las universidades asociativas con licencia denegada.

En particular, la iniciativa de Ugarte plantea otorgar un plazo de dos años para que las universidades asociativas con licencia denegada subsanen las deficiencias que llevaron a su cierre. Durante este periodo, estas instituciones podrían demostrar que cumplen con los estándares de calidad exigidos por Sunedu.

El congresista Carlos Zeballos quiere incluir nuevas disposiciones en la Ley Universitaria que permitan a Sunedu iniciar un proceso de reorganización institucional en las universidades asociativas con licencia denegada. Foto: composición LR

Universidades con licencia denegada retomarían funciones

El congresista Elías Marcial Varas Meléndez presentó un proyecto de ley para que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) restablezca la normalidad institucional en las universidades asociativas con licenciamiento denegado.

Varas Meléndez argumentó que el Estado debe salvaguardar y socorrer el derecho de los estudiantes que siguen estudiando en las universidades asociativas con licenciamiento denegado.

"Estos centros cuentan con condiciones básicas estudiantiles. No tienen la finalidad de lucrar. Sin embargo, los problemas internos generados por sus propias autoridades han impedido conseguir la aquiescencia de la Sunedu", precisó.

Además, detalló que las universidades asociativas arrastran problemas permanentes. De aprobarse la iniciativa del congresista Varas, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) permitirá excepcionalmente que dichas instituciones puedan solicitar la ampliación de su plazo de cese de actividades hasta por dos años adicionales al periodo máximo previsto en el reglamento.

De igual modo, la parlamentaria Katy Ugarte quiere que la Sunedu otorgue un plazo de hasta dos años a las universidades asociativas con licencia denegada para que puedan demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

"En ese sentido, miles de alumnos universitarios del territorio nacional han visto truncados sus sueños y aspiraciones de ser profesionales. Y así no podrán tener mayores oportunidades laborales para mejorar sus condiciones de vida", argumentó.

Según la congresista Katy Ugarte, el futuro de los miles de universitarios se podría estancar debido a la "buena intención de búsqueda de condiciones de calidad". Arguyó que de esa manera los jóvenes se convertirían en "víctimas de un sistema educativo superior universitario precario".

La parlamentaria Katy Ugarte quiere que la Sunedu otorgue un plazo de hasta dos años a las universidades asociativas con licencia denegada para que puedan demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Foto: composición LR

¿Qué universidades asociativas se beneficiarían con el proyecto del Congreso?

Más de cinco universidades asociativas con licencia denegada se beneficiarían con el proyecto de los congresistas Katy Ugarte, Carlos Zeballos y Elías Varas. Ninguna cumplió con las condiciones básicas de calidad que se establecieron en la Ley Universitaria.

Entre las problemáticas identificadas se encuentran dificultades en el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento, así como en la implementación y gestión de actividades de investigación. Además, se destaca la carencia de docentes con el perfil adecuado y dedicación a tiempo completo en estas universidades asociativas.

  • Universidad Inca Garcilaso de la Vega
  • Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
  • Universidad San Pedro
  • Universidad José Carlos Mariátegui
  • Universidad Científica del Perú
  • Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
  • Universidad Privada de Trujillo
  • Universidad Seminario Evangélico de Lima
  • Universidad Seminario Bíblico Andino

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega perdió el licenciamiento porque, entre otras carencias, no presentó planes de estudio para todos sus programas declarados. Foto: difusión

Sunedu y Minedu tendrían nuevos roles

El congresista Carlos Zeballos quiere incluir nuevas disposiciones en la Ley Universitaria que permitan a Sunedu iniciar un proceso de reorganización institucional en las universidades asociativas con licencia denegada hasta en una segunda instancia. Este proceso se llevaría a cabo mediante una comisión reorganizadora compuesta por personal externo a la institución.

Este grupo estaría integrado por un miembro de la universidad, un delegado de Sunedu, un representante del Ministerio de Educación (Minedu) y dos docentes de mayor antigüedad que cuenten con grado de doctor.

La comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República está evaluando 3 proyectos de ley que buscan un cambio significativo en el destino de varias universidades asociativas del Perú que han recibido la denegación de licencia por parte de de Sunedu. Foto: Sunedu

Si el representante de la entidad promotora de la universidad asociativa es una institución pública, el Minedu, a través de un decreto supremo, autorizará la asignación de fondos económicos para respaldar la sostenibilidad financiera de dicha universidad, hasta que logre obtener su licenciamiento institucional.

Una vez finalizado el proceso de licenciamiento, la comisión reorganizadora será responsable de llevar a cabo la elección de las autoridades universitarias, con la supervisión de la ONPE. Este procedimiento deberá completarse en un plazo máximo de 60 días calendario a partir de la obtención del licenciamiento institucional, sin posibilidad de prórroga. La comisión reorganizadora recibirá reconocimiento oficial a través de una resolución emitida por el Minedu.

¿Cuáles son las universidades que dejarán de operar este 2024?

Tres universidades deberán cerrar permanentemente antes del 31 de diciembre, según los informes técnicos de la Sunedu emitidos en 2020. Estas instituciones no lograron cumplir con los requisitos mínimos para obtener el licenciamiento institucional, lo que ha resultado en la suspensión de sus actividades académicas. Las principales razones incluyen problemas de infraestructura, calidad académica y deficiencias en la planificación y gestión administrativa.

  1. Universidad José Carlos Mariátegui: Cerrará tras 29 años de operación debido a problemas en su infraestructura y la falta de planificación para mejorar la gestión de calidad. Además, no cumplió con garantizar servicios adecuados de telefonía e internet, ni con los presupuestos y mantenimiento de sus locales.
  2. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: Cerrará después de 36 años de enseñanza por deficiencias en la planificación estratégica y en los sistemas de información. Tampoco cumplió con los requisitos para la asignación de vacantes para personas con discapacidad ni con la normativa de seguridad en sus locales.
  3. Universidad Latinoamericana CIMA: Con solo 8 años de funcionamiento, cerrará debido a la falta de consistencia en sus planes de estudio, deficiencias en sus políticas de investigación y en la gestión de seguridad, además de no haber fomentado la investigación desde 2017.