El Ministerio Público ha denunciado que una red criminal impide al Ministerio de Educación (Minedu) la construcción de colegios en La Molina. Según el Minedu, esta organización, liderada por Rodolfo Orellana, ha llevado a cabo acciones que han retrasado significativamente los proyectos educativos en la zona. "Las interferencias no solo afectan la infraestructura escolar, sino que también perjudican el acceso a una educación de calidad para los niños y jóvenes del distrito", se lee en la nota de prensa del Ministerio Público.
Rodolfo Orellana es un conocido abogado peruano vinculado a una red criminal especializada en fraude y corrupción. Según la misma fuente, Orellana y su red han sido acusados de realizar diversas actividades ilícitas, entre ellas la falsificación de documentos, la usurpación de terrenos y el lavado de activos. En esta ocasión se apunta a Clever Máximo Briceño Cárdenas, un exmagistrado de Lima, como cómplice primario de Orellana . "Estas acciones delictivas no solo han generado ganancias ilegales para la red, sino que también han creado obstáculos significativos para el desarrollo de proyectos públicos, como la construcción de escuelas en La Molina", destaca el Ministerio Público.
En la actualidad, Rodolfo Orellana está siendo procesado por otro pedido de prisión efectiva de 10 años y 8 meses, debido a que se le vincula como cabecilla de la Red Orellana, una organización que en 2012 realizaba pagos de coimas a varios magistrados para facilitar el desalojo de varios propietarios de sus inmuebles con el fin de apropiarse de ellos de manera ilícita.
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La acusación fiscal, emitida por el fiscal provincial Elvis Suárez Ferrer, titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), señala que las actividades de la red de Orellana han tenido un impacto negativo en la educación en La Molina. Los retrasos en la construcción de colegios han dejado a cientos de estudiantes sin instalaciones adecuadas para su formación académica. "La incertidumbre generada por estas acciones ilícitas ha desmotivado a los docentes y ha afectado la moral de la comunidad educativa en general", añade el informe del Ministerio Público. El Minedu está tomando medidas legales para contrarrestar estas interferencias y garantizar que los proyectos educativos puedan continuar sin más demoras.
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Frente a esta situación, el Minedu ha intensificado sus esfuerzos para asegurar la construcción de los colegios en La Molina. Se han implementado medidas legales para enfrentar a la red criminal y recuperar los terrenos usurpados. "Se están explorando alianzas con otras instituciones del Estado para fortalecer la seguridad de los proyectos educativos y garantizar su ejecución", señala la nota de prensa. Estas acciones buscan no solo resolver los problemas inmediatos, sino también prevenir futuros intentos de sabotaje que puedan afectar el derecho a la educación de los niños y jóvenes peruanos.