¿Puede un notario validar un documento falso y resultar impune? Esta es una interrogante que se hace el empresario Miguel Dávila Henderson en la ciudad de Iquitos, a casi un mes de haber interpuesto un recurso de queja contra el notario Florentino Quispe ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Loreto. ¿La razón? Una cesión de derechos fraudulenta avalada notarialmente y que fue aceptada a trámite por el Gobierno Regional sin ningún documento original que lo compruebe.
Hace una semana, este medio de comunicación tomó la denuncia del ciudadano Dávila Henderson contra el mencionado notario, a quien responsabilizaba de haber firmado la copia de un documento fraudulento que detuvo la ejecución de un laudo arbitral de aproximadamente 6 millones de soles, dinero que pretendía ser cobrado por gente inescrupulosa que buscaba estafar a las arcas de la región loretana.
¿Pero qué significaba este documento? Pues le iba a permitir al ciudadano Sixto Aérvalo cobrar la millonaria deuda sin que se entere el representante legal del consorcio.
Según expertos, resulta sospechoso que una deuda de ese monto haya sido aceptada tan fácilmente por el Gobierno Regional de Loreto y más extraño aún que se haya recibido un documento falso validado notarialmente. Esta falta de diligencia pudo haberle costado a la institución el pago del doble de lo presupuestado. Es decir, que el dinero se iba a pagar a los embaucadores y también a los empresarios con quienes la región mantiene una deuda.
Al día de hoy, una pericia grafotécnica hecha de manera independiente reveló que la firma del documento presentado al Gobierno Regional es totalmente falsa, ya que se utilizaron herramientas digitales para aplicarlas dentro de una fotocopia simple que no contaba con pruebas de originalidad.
Este documento falso no debió haber sido validado por el notario Florentino Quispe por varios principios de diligencia consignados dentro de la orden de notarios que fueron pasados por alto. El más escandaloso de todos es que se validó la firma del representante legal del consorcio cuando este ni siquiera se encontraba en la ciudad de Iquitos, sino en la ciudad de Pucallpa. Prueba de ello es que ese día el denunciante había hecho el trámite de su pasaporte. Este es un proceso conocido que te toma varias horas realizarlo.
Aun así, comenta el empresario Dávila Henderson, cuando se fue a preguntarle al notario Florentino Quispe si es que tiene las imágenes de la cámara de seguridad y la boleta del trámite de ese día, este dijo que los videos se borran al poco tiempo y se negó a dar ninguna prueba. Hasta el momento guarda silencio. Este medio intentó contactarse con él para recibir su descargo, pero tampoco contestó.
El empresario afectado interpuso un recurso de queja ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Loreto para encontrar justicia, ya que se estaría vulnerando incluso el mismo reglamento de este colegio profesional. Sin embargo, estos se han limitado a pedirle los descargos a Florentino Quispe y se espera que emitan un veredicto.
Este fallo está demorando mucho tiempo en llegar, pese a que hay pruebas periciales que confirman que los documentos presentados son apócrifos. Por ese motivo, Denis Zamora Ramírez, abogado del empresario Miguel Dávila, afirma que hay un entramado por salvar al notario de una sanción.
Para el abogado hay muchas razones, pero la principal es que Florentino Quispe es el decano del Colegio de Notarios de Loreto y lleva en ese cargo más de 10 años.
Este medio ha podido corroborar que en contra de Florentino Quise hay incluso una denuncia por homicidio culposo en contra de una mujer de 76 años que habría muerto atropellada en 2020, según los medios locales. A pesar del contundente parte policial, el notario sigue en libertad.
Asimismo, el abogado Zamora Ramírez explica que pese a que el Gobierno Regional de Loreto sabe, por la pericia grafotécnica, que los documentos presentados fueron fraudulentos, le resulta escandaloso que la institución administrativa haya derivado la resolución de este conflicto al Primer Juzgado Especializado en el Civil de Maynas. “Ellos son la vía administrativa y deben cumplir con el fallo del laudo arbitral. En ningún país del mundo se admiten copias para una deuda tan compleja como esta”, añadió.
Finalmente, el abogado comenta que los tiempos se están extralimitando y que se están aprovechando la temporada de fiestas de fin de año para aplazar el fallo. “Acá se trata incluso de detener una estafa que le quisieron hacer al Gobierno Regional de Loreto, pero que si se falla en contra de mi patrocinado, se sobrepasará todo límite de lo legal y se concretará el golpe”.