Acusación fiscal le echa gasolina a protesta del 12 de octubre en Puno

Ayer, en el distrito de Ácora, Puno, se llevó a cabo la XI Asamblea Regional del Comité de Lucha Colegiado de la Región Puno, en la cual se ratificó una movilización nacional contra Dina Boluarte para el 12 de octubre. En la agenda se ha incluido la denuncia contra dirigentes, lo que se considera un factor determinante para avivar el estallido social.

Según el dirigente Lucio Callo Callata, en la asamblea estuvieron presentes representantes de organizaciones barriales, transportistas, el magisterio y autoridades comunales de la zona quechua y aimara de las 13 provincias de la región, además de representantes de la dirigencia de Moquegua. La plataforma de lucha mantiene su enfoque en la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones, la asamblea constituyente y la sanción para los responsables de las muertes durante las protestas.

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También se ha agregado la defensa de los recursos naturales y el rechazo al aumento del costo de vida, entre otros puntos. Callo Callata mencionó que se está organizando la movilización nacional a través de la dirigencia de cada provincia. Además, se acordó que una delegación viajará a Lima para participar en la movilización nacional. Por su parte, César Tito Rojas, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) Puno, indicó que en una reunión sostenida la noche del viernes pasado, se acordó ejercer una defensa unificada.

Afirma que estas denuncias no han disminuido su determinación para participar en las movilizaciones del 12 de octubre. En ese día, también tienen planeado llevar a cabo un plantón frente al Ministerio Público y reunirse con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, Germán Apaza Paricahua. Exigen una explicación sobre lo que consideran la politización de la fiscalía.

Tito Rojas precisó que existen más de 60 denuncias contra dirigentes barriales, transportistas y comerciantes, y que varios de ellos estarían incluidos en más de una carpeta fiscal. Además, considera que las imputaciones por disturbios y contra la paz pública, entre otros, no están debidamente fundamentadas.