Política

Boluarte solicitó a Fiscalía archivar investigación por matanzas en Ayacucho y Puno, según H13

Al igual que la mandataria, Alberto Otárola también presentó documentos a Patricia Benavides para que puedan archivar investigaciones en su contra tras muertes en protestas.

Alberto Otárola y Dina Boluarte se limitaron a responder en Fiscalía el último 27 de setiembre. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/ La República
Alberto Otárola y Dina Boluarte se limitaron a responder en Fiscalía el último 27 de setiembre. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/ La República

Dina Boluarte y Alberto Otárola han solicitado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivar la investigación que se inició en contra de ambas autoridades por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ocurridos durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 que dejaron un total de 67 muertos, así lo ha revelado una investigación del semanario Hildebrandt en sus trece.

La mandataria envió documentos mediante su abogado Joseph Campos el 24 de agosto del 2023. Dentro de las 21 páginas que contenía, Dina Boluarte se dirige directamente a la fiscal de Nación, Patricia Benavides, para solicitarle que "se sirva declarar que no procede formalizar ni continuar con la investigación".  Según explica el semanario, la jefa de Estado no quiere esperar a que terminen indagaciones en su contra respecto a estos hechos de violencia que se registraron en el país.

Por su lado, el jefe de Gabinete también envió documentos al Ministerio Público, pero este lo hizo el 28 de agosto. Alberto Otárola pidió entre sus 44 páginas que lo excluyan de las investigaciones y tras ello se dicte el "archivo definitivo" del caso.

Alberto Otárola y Dina Boluarte evitaron declarar en Fiscalía el último 27 de setiembre

La presidenta Dina Boluarte y el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fueron citados para este miércoles 27 de setiembre por la Fiscalía para que brinden su manifestación por las muertes ocurridas tras la represión policial y militar en diciembre de 2022 y enero de 2023, en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad.  Ambas autoridades acudieron hasta la sede fiscal con un gran resguardo policial que fue cuestionado por autoridades; sin embargo, evitaron declarar ante el Ministerio Público.