Durante las protestas ocurridas contra el Gobierno de Dina Boluarte en Ayacucho y en Puno, en diciembre del 2022 y enero del 2023, respectivamente, la represión de la PNP y Fuerzas Armadas acabó con la vida de peruanos y peruanas. Finalmente, se contabilizó que 49 personas fallecieron por impactos de proyectil y bombas lacrimógenas. Las investigaciones de la Fiscalía comenzaron en las regiones donde ocurrieron los asesinatos. Sin embargo, luego de unos meses, las carpetas fiscales fueron conducidas a Lima, lejos de los deudos, quienes no conocen la capital del Perú ni cuentan con recursos económicos para trasladarse.
La República se comunicó con los familiares de dos jóvenes fallecidos: uno en Ayacucho y otro en Puno. Se trata de Reyder Rojas, padre de Clemer Fabrizio Rojas García, de 22 años, que murió el 15 de diciembre del 2022, y de Asunta Jumpiri, madre de un menor de 16 años que perdió la vida el 12 de enero del 2023.
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En abril de este año, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, determinó conformar una comisión en Lima para investigar las muertes, a pesar de que los hechos no ocurrieron en la capital peruana. Por tanto, todas las carpetas fiscales fueron trasladadas desde Puno, Ayacucho y La Libertad. Esta acción indignó a los familiares, puesto que ya habían comenzado las diligencias.
Reyder Rojas señaló que asistió a sesiones presenciales y virtuales para visualizar las grabaciones del 15 de diciembre del 2022; sin embargo, cuando iba a rendir su primera manifestación, trasladaron el caso. Por su parte, Asunta Jumpiri dio declaraciones en dos oportunidades en Juliaca, por lo que, cuando se enteró de la decisión de Patricia Benavides, se sintió “burlada” por la Justicia peruana.
Para el ayacuchano Reyder Rojas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no consideró dos cosas: que no cuenta con los recursos económicos para arribar a Lima ni conoce la ciudad. “Hemos tenido que hacer todo lo posible para viajar a la ciudad, pedimos apoyo económico a mis familiares; sin embargo, no sabemos cómo haremos para cuando nos toque ir de nuevo”, mencionó.
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“Ayacucho, como estamos en nuestra provincia, es una ciudad pequeña, pero no conozco más de Lima. Sentí mucha dificultad”, continuó. Por eso, Reyder exige que la carpeta fiscal vuelva a su región. Se siente en desventaja, pero tiene ganas de luchar por su hijo, quien falleció el 15 de diciembre del 2022.
La última vez que lo vio con vida fue a las 11.00 a. m. de ese día, cuando Clemer Rojas, estudiante de Mecánica Automotriz, salió a ayudar a su mamá a vender comida. Según menciona el deudo, su hijo no participaba en ninguna marcha; sin embargo, ellos viven cerca al aeropuerto Alfredo Mendívil, donde al menos murieron 10 personas. Reyder se enteró de que su hijo había fallecido cuando lo vio en un video por redes sociales, aproximadamente a las 4.00 p. m.
La situación se repite con Asunta Jumpiri. Ella llegó a Lima antes de las Fiestas Patrias de este 2023 para solicitar que el caso de su hijo vuelva a Puno porque no observó avances. Viajó más de 24 horas gracias a la colaboración económica de una iglesia. Esos días durmió en un local. Al igual que Reyder Rojas, no tiene familia en la capital. La mujer aimara era padre y madre para su pequeño, quien cursaba el cuarto año de secundaria.
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“Nosotros estábamos en la Fiscalía, pidiendo justicia para que regresara el caso porque a nosotros nos ha dolido. Un día tenía que declarar, pero me dijeron que ya había sido enviado a Lima. Yo he llorado. No conozco, cómo voy a ir a declarar, aquí en Juliaca iba a pie caminando hasta el campo porque está a cinco horas. Yo viajé por el apoyo de una iglesia evangélica, y dormí en unos colchones, un compañero se ofreció para darnos un local”, mencionó.
El menor de 16 años recibió un impacto de bala cuando salía de una cabina de internet el 12 de enero de este año. Un día después, debía viajar con su mamá a Sandia, una provincia al suroeste de Puno; sin embargo, eso no pasó porque falleció en el hospital.
A través de Twitter, la Fiscalía dio su descargo ante la publicación de esta nota señalándola como falsa, lo cual resulta erróneo.
En primer lugar, referente al caso de la mujer aimara Asunta Jumpiri Albea, la Fiscalía indicó que el "Equipo Especial de Fiscales realizó en Puno, el 20 de junio, la toma de declaración". Ello fue indicado, desde un inicio, en esta nota en la sección "Fiscal decidió traer casos a Lima", por lo que en ningún momento se brindó información falsa ni imprecisa.
En segundo lugar, sobre el caso de Reyder Rojas, cabe enfatizar, que llegó a Lima para declarar por la muerte de su primogénito el último 20 de abril. Como evidencia de esto, La República accedió al oficio de citación y, además, entrevistó a Rojas cuando salió de brindar su declaración testimonial en la sede del Ministerio Público en Cercado de Lima.
De esta forma, queda comprobado que sí se realizó la toma de declaración en la capital. Sin embargo, en su descargo vía Twitter, la Fiscalía no se pronunció sobre este tema.
Oficio de reprogramación de declaración testimonial de Reyder Rojas en Lima. Foto: cortesía
El 20 de abril de este 2023, este medio entrevistó a Reyder Rojas, padre del fallecido Clemer Rojas, tras su declaración testimonial realizada en la sede del Ministerio Público en Cercado de Lima.