Derivan a Lima carpetas fiscales de muertes en protestas de Puno
Preocupación. Abogados de los agraviados consideran que la Fiscalía de la Nación pretende obstaculizar las investigaciones.
La República en Google Zenaida Zea/La República
El abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, Wilmer Quiroz, confirmó que nueve carpetas fiscales sobre las muertes y personas heridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, fueron derivadas al equipo especial de la Fiscalía en Derechos Humanos de Lima.
Los casos remitidos corresponden a las 18 muertes a raíz de las manifestaciones del 9 de enero en Juliaca, los dos ronderos fallecidos tras enfrentamientos con la policía el 18 de enero en Macusani y el caso de Isidro Arcata Mamani (62), fallecido dos días después en Ilave.
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También se fue a Lima el caso de los seis soldados que murieron en marzo, cuando intentaron cruzar el río Ilave. Otro de los expedientes que se fue a Lima es el de las personas agredidas en Juli.
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Solo una denuncia de tortura y una agresión ocurrida en otras fechas, permanecen en Juliaca, según el abogado César Quispe Calsín.
El letrado lamentó esta decisión, a pesar que el fiscal de Derechos Humanos, Hugo Vizcarra, en una reunión del 4 de mayo, garantizó a la exdefensora del Pueblo, Eliana Revollar, que las investigaciones sobre las muertes del 9 de enero se seguirían realizando en Juliaca.
Indicó que el fiscal Vizcarra envió las carpetas fiscales a Lima a presión de la Fiscalía de La Nación.
Los abogados de los agraviados consideran que la Fiscalía de la Nación desde hace tiempo ha tratado de obstaculizar las investigaciones, y con esta actuación, se estaría evidenciando sus intenciones para que las presuntas violaciones a derechos humanos queden en la impunidad.
César Quispe señala que se está perjudicando el proceso legal, porque todavía estaban pendientes las declaraciones de varios de los agraviados.
