Conadis pedirá que municipios inviertan al menos el 1% del presupuesto en personas con discapacidad

El pasado 15 de noviembre, activistas por los derechos de las personas con discapacidad protestaron frente al Congreso de la República. Ellos denunciaron que, en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, no se ha incorporado una disposición para que los gobiernos regionales y locales inviertan el 1% del dinero público en estos ciudadanos.

Sobre esta situación, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), respondió que se encuentra en gestiones con diversas comisiones del Parlamento y con el Ministerio de Economía y Finanzas para proponer que los municipios estén obligados a ejecutar como mínimo el 1% de su presupuesto a estos fines, evitando que estos sectores gasten menos.

Cambios en el presupuesto para el 2023

A inicios de noviembre, la congresista de Acción Popular, Marleny Portero, publicó un video en su Facebook oficial en el que denunciaba que, en la propuesta del Ejecutivo para el presupuesto del próximo año, se había eliminado una disposición complementaría que, durante más de 10 años, otorgaba recursos a las municipalidades para realizar obras dirigidas a las personas con discapacidad.

“Sus asesores de este señor, Kurt Burneo, han dicho que (para) algunos alcaldes es mucho dinero desperdiciado, que no es necesidad. Quiero los nombres de los alcaldes y las municipalidades que a ustedes les han dicho (...) que no es necesario, que es mucho gasto. Espero que esos alcaldes tengan fundamento y estrategias para decir en qué acciones y actividades han hecho los gastos del 1%”, remarcó.

Personas con discapacidad protestan

Ante esta situación, las 22 organizaciones que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos del Perú emitieron un pronunciamiento en el que pedían a la Comisión de Presupuesto y a las bancadas del Congreso reincorporar este monto.

“(Con estos cambios) se desconocen los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, configura el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030″, se lee en el texto.

De esta forma, el martes 15 de noviembre se organizó una protesta frente al Congreso de la República para exigir la asignación del 1% del dinero público, teniendo en cuenta de que los parlamentarios se hallaban en pleno debate de la ley del presupuesto del 2023.

En entrevista con La República, la activista y periodista Andrea Burga manifestó que el dinero asignado a las municipalidades resulta insuficiente ante las necesidades de esta población, de la cual ella también forma parte, considerando que las ciudades no son accesibles.

“Los municipios recibían el 1% de su presupuesto y ese 1% no es todo para infraestructura, sino que también hay un margen para nuestros servicios, entonces es (poco) en realidad”, mencionó.

También comentó que muchas veces las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) y las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) no funcionan de manera adecuada.

“Las Omaped y Oredis deberían llevar un registro (actualizado) de las personas con discapacidad que hay en su jurisdicción. Si no conocen a sus vecinos con discapacidad, nunca van a hacer proyectos en favor de la comunidad”, estableció.

Conadis responde

En comunicación con La República, el abogado Víctor Hugo Vargas Chávarri, director de Fiscalización y Sanciones del Conadis, anunció que tanto la institución que representa como el MIMP plantearán al Legislativo que se incluya una nueva y mejor disposición complementaria dirigida a estos ciudadanos.

“En los últimos años, era el 0,5% para obras y mejoramiento de la accesibilidad y el 0,5% para las Omaped. En cambio, este año la propuesta de esta gestión es que sea no inferior al 1% porque en las anteriores propuestas se generaba una especie de norma que no era obligatoria para los gobiernos regionales o locales, podían asignar incluso por debajo de lo que se pedían, podían ejecutar S/ 10 y ya estaban cumpliendo”, aclaró.

Vargas Chávarri afirmó que se solicitará también que los municipios rindan cuentas a las Comisiones de Presupuesto y de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad del Congreso. Además, una copia de este informe se remitirá al Conadis para fiscalizar y sancionar si es necesario.

Por otro lado, el abogado aseguró que, según estudios del MIMP, más del 40% de gobiernos locales y regionales no cumplen con la norma. “Es un tema de compromiso, de sensibilización, de concientización, de pensar y de ponerse en el lugar del otro, en ser empático y atender esas necesidades. A veces se da una frustración cuando vas y no tienen proyectos de inversión y es dinero que se devuelve al tesoro público”, explicó.

¿Qué obras se podrían realizar en los municipios?

De acuerdo con el director de Fiscalización y Sanciones del Conadis, se propondrá que con la plata asignada a las municipalidades puedan desarrollar proyectos de inversión y financiar programas de acceso a servicios para las personas con discapacidad

“Por ejemplo, fortalecer los mecanismos de educación Inclusiva, de atención a la salud, rehabilitación basada en la comunidad, talleres para el emprendimiento o realizar actividades donde se ponga sobre la mesa el talento de la productividad de las personas con discapacidad y sus familias, que se mejoren parques para la recreación de los niños con discapacidad, se habiliten accesibilidad en los establecimientos deportivos, en las piscinas municipales y en las canchas”, precisó.

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