Xiomara K. M. P. (13) lleva más de cuatro meses desaparecida. Su madre, desde su casa en La Tinguiña, Ica, no pierde la esperanza de encontrarla; sin embargo, el abandono de las autoridades en la búsqueda de la menor hace que vea este encuentro cada vez más lejano.
Así como ella, miles de madres y padres sienten dolor por no saber dónde están sus hijos. Y es que entre enero y setiembre se han reportado 2.706 menores desaparecidos. Solo en los dos últimos meses (agosto-setiembre) se generaron más de 600 notas de alerta de denuncias ante la Policía.
Esta elevada cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos llama la atención, pues desde el 2018 existe la ley n° 1428, la cual establece prioridades de búsqueda para personas vulnerables. Según recuerda la excongresita Indira Huilca, la norma disponía protocolos inmediatos como subir la denuncia en una página web especializada, así como emitir alertas en instituciones, carreteras y medios de comunicación. También permite utilizar la geolocalización, para así hacer eficiente y rápida la búsqueda de la persona desaparecida.
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Pero ¿se aplica realmente la ley? Para Huilca, existen señales de que no siempre hay agilidad al momento de tomar los casos. “Las cifras de desapariciones están aumentando”, señala. Y agrega que parte del problema es la falta de capacitación del personal policial.
En tanto, para la representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Isabel Ortiz, las falencias que existen en estos casos se debe a una dilación excesiva en las investigaciones, ya sea por temas institucionales o factores externos como una mala capacitación o que no tengan la información adecuada.
Asimismo, indica que hay situaciones en las que se ‘justifica’ la desaparición de los infantes, lo que pone en riesgo sus vidas.
Explica que la Defensoría ha identificado que en múltiples casos la desaparición tiene una vinculación con situaciones de desprotección familiar, por lo que exhortó a las autoridades a realizar una intervención adecuada en estos casos.
Emilia Paima, de 8 años, desapareció el último lunes en San Juan de Lurigancho. Ella fue ubicada 16 horas después. Una señora la llevó hasta la Comisaría de La Huayrona luego de encontrarla “deambulando en un parque de la zona”.
Horas antes, la Comisaría de Caja de Agua había realizado un patrullaje, pero no logró encontrarla. “La alerta ha sido inmediata, el trámite es comunicar a la unidad especializada, a la Fiscalía; todo eso toma un tiempo, pero la alerta se activa de manera inmediata, y eso se ha hecho”, indicó el general PNP Manuel Lozada.
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No obstante, para el padre de la menor, Erick Paima, la denuncia demoró más de lo debido. “La persona que recibió la denuncia no estaba muy capacitada. Llegamos a las 11 p.m. y recién nos atendieron a las 12. Luego tuvimos que ir a la Depincri, donde nos dijeron que faltaban activar algunas alertas”, comenta. Y agrega que todo el trámite terminó alrededor de más 3 a.m.
Por otro lado, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, señaló que la pequeña Emilia pasará por una entrevista en la cámara Gesell, “para saber qué pasó exactamente con ella, las razones y cómo atender el caso a nivel familiar”. No descartó que hubiera huido de casa.
Presente. Ministra Dávila ofreció apoyo a la familia Paima. Foto: URPI - GLR
Isabel Ortiz, adjunta de la Defensoría del Pueblo
“Hay situaciones en las que se ‘justifica’ la desaparición. Se señala que el menor se fugó de casa o tal vez con el enamorado. Todos esos factores ponen en riesgo al niño, niña o adolescente”.