El infierno de la trata de personas: “Pagas, pasas hambre y te pueden violar los coyotes”

“Pagas, pasas hambre y te violan”. Solange, una venezolana de 21 años, quien atravesó Quebrada Seca, en Tumbes, pone la voz al sufrimiento de las extranjeras en ese paso, considerado uno de los puntos fronterizos clandestinos habilitados para los migrantes en su ruta a Perú. A ella no la violaron porque se escapó cuando vio que cuatro ‘coyotes’ asaltaban a dos de sus compatriotas.

El testimonio de Solange no es el único que habla de los vejámenes. “Me dijeron que ganaría mucho dinero”, cuenta Trinidad, ecuatoriana de 15 años, captada en la provincia de Los Ríos por una red de prostitución de Chiclayo, donde fue sometida a explotación.

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El tráfico de personas para la explotación sexual es un grave delito que se ha extendido en los últimos años, especialmente durante la pandemia, teniendo a adolescentes y jóvenes de sexo femenino como principales víctimas, advierte la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que realizó tres diagnósticos acerca de este delito en Tumbes, Piura y Tacna.

“El engaño o la violencia cruda son las maneras empleadas para someterlas y mantenerlas en una situación de abuso y explotación”, dice Joel Jabiles, coordinador de la Unidad de Trata de la OIM en Perú.

Las víctimas de trata no silencian más sus palabras. Por eso exigen que el Estado las asista y proteja. “Agradezco a Dios todos los días que me hayan rescatado”, dice Lorena, peruana de 18 años, rescatada de un prostíbulo de Piura. Algunas lograron escapar, a otras las rescataron, pero todavía hay muchas mujeres que siguen bajo estas redes.

Cifras alarmantes

En los últimos cinco años, el Ministerio Público atendió 4.561 denuncias, a nivel nacional, por el delito de trata, indica Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

Solo el año pasado, 2.611 personas fueron víctimas de trata. De esa cifra, el 83% (2.163) son mujeres y el 25% (651) menores de entre 6 y 17 años. Ni siquiera la pandemia pudo frenar esta actividad ilegal.

Las redes de prostíbulos en las cuales muchas quedan atrapadas suelen operar con una gran impunidad. Pese a la cantidad de víctimas, solo hubo 72 sentencias condenatorias y 23 absolutorias en estos años.

No hay registro único

En los últimos meses, la lucha contra este crimen ha tenido avances, pero debe intensificarse. Las mafias que operan en este terreno abusan de mujeres provenientes de algunas zonas desfavorecidas de Ecuador, Colombia y Venezuela.

“A la impunidad se suma el hecho de que no existe un registro único de víctimas de trata de personas. No hay un canal que sistematice las estadísticas y el impacto de las distintas modalidades del delito”, enfatiza Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Y es que, pese a que el Ministerio Público registró 2.611 víctimas en 2021, la Policía Nacional solo recibió 535 denuncias por ese delito en el mismo periodo. Además, el Ministerio del Interior tiene otros registros: Del 2017 a marzo de 2022 fueron víctimas de trata 2.950 personas. El 85% fueron mujeres y el 61,6% terminó siendo explotada sexualmente.

Un fenómeno muy complejo y violento

La OIM encontró similitudes en las causas, víctimas y modalidades de estos crímenes en Tumbes, Piura y Tacna. Consideran que el Perú es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas.

Lo conciben como un fenómeno criminal complejo, multicausal y extremadamente violento, que se caracteriza por la instrumentalización del ser humano y la vulneración de su dignidad.

Los factores que lo posibilitan son la ausencia de fiscalización de actividades informales, presencia precaria del Estado por la lejanía geográfica, la situación de vulnerabilidad de la población e inseguridad ciudadana.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que es víctima de trata de personas, puedes denunciar llamando al número 1818. También puede realizarse presencialmente en la comisaría más cercana. Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la obligación de recibir su denuncia y prestar su apoyo inmediato.