El abogado de la familia de la menor secuestrada en Chiclayo, Tito Esteves Torres, afirmó que confía en que la justicia aplique la máxima sanción contra Juan Antonio Enríquez García (48), acusado de violación y secuestro, y que se refleje en un mensaje por parte del Estado contra los acusados de graves delitos.
“Los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público son tan contundentes que no me cabe la menor duda de que este señor va recibir una sanción ejemplar. Hay diversas pruebas que acreditan la comisión de dos delitos graves. Ya no hay nada de discusión. Este señor ha cometido secuestro y violación, que son condenados con cadena perpetua. Sanciones drásticas para delitos execrables”, expresó Esteves a La República.
Esteves Torres mencionó que entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentra la declaración de Enríquez García, quien confesó ante el Ministerio Público y su abogado defensor la comisión de ambos delitos en agravio de la menor.
“Lamentablemente, nuestro sistema penal no permite la sumatoria de dos cadenas perpetuas, como el sistema americano. En este caso se aplicaría la cadena perpetua. La finalidad de las penas son preventivas, es decir, que generen conciencia en las demás personas de que, si incurren en un delito de la misma manera, van a correr la misma suerte. La pena para estos tipos de delitos es la cadena perpetua”, comentó el letrado a este diario.
Y es que este viernes 14 de abril el Poder Judicial aceptó el pedido del fiscal provincial Martín Muñoz Basauri, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, que logró que se imponga la prisión preventiva de nueve meses contra Enríquez García.
“Yo considero que el Ministerio Público, cumplido los 120 días, que son de investigación preparatoria, está en condiciones de formular la acusación y de realizar la audiencia de control de acusación y llevarlo a juicio oral. Yo pienso que en seis u ocho meses se podría logar una condena”, expresó el abogado.
Tito Esteves también se pronunció sobre el Pacto de San José de Costa Rica, y una posible desligadura del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de aplicar la pena de muerte para los violadores de menores.