Autoridades cobran sueldos irregulares y causan perjuicio de más S/ 717.000 en UNPRG

Un informe de la Contraloría General de la República ha determinado que autoridades encargadas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) percibieron compensaciones económicas y otros beneficios cuando no les correspondía. Estos hechos ocurrieron, entre el 14 de diciembre de 2020 y el 12 de noviembre de 2021, luego que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegara la licencia institucional de la casa de estudios.

Hechos

La República accedió al informe de control especifico n.° 007-2022 en el que se detalla que existen responsabilidades civiles y administrativas en Olinda Luzmila Vigo Vargas, exrectora; Segundo Avelino Sánchez Cusma, exvicerrector académico; y Sergio Bravo Idrogo, exvicerrector de Investigación. Similares responsabilidades se precisan para los exmiembros del Consejo Universitario: Eduardo Deza León, César Monteza Arbulú y Tomasa Vallejos Sosa.

La Contraloría también identificó responsabilidad civil y administrativa en Abel Sairitupa Villafuerte (jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), Carlos Palomino Guerra (jefe de Asesoría Jurídica) y Carmen Paz Santamaría (exjefa de Recursos Humanos).

En el referido informe se menciona que la entonces rectora encargada y los otros vicerrectores se beneficiaron con compensaciones económicas y otros beneficios (gratificaciones y CTS) establecidos en el Decreto Supremo n.° 313-2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pese a que no les correspondía por no cumplir con los requisitos que estipula la Ley de Servicio Civil y el estatuto de la institución.

Además, la entidad de control concluyó que la universidad realizó contribuciones a EsSalud en mayores importes como consecuencia de dichas compensaciones, lo que generó un perjuicio económico por la suma de S/ 717.317,96.

El ente de control manifestó que las autoridades encargadas tuvieron conocimiento de un informe técnico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el que se señalaba que no les correspondía tales compensaciones y que debían continuar percibiendo la remuneración de su puesto de origen, es decir, ellos debían recibir sueldos como miembros del Consejo Universitario.

Durante el periodo en que se produjeron los hechos, la Contraloría resaltó que Olinda Luzmila, Segundo Sánchez y Sergio Bravo recibieron una compensación económica mensual de S/ 25.000.

En la siguiente imagen se expone una proyección de importes por las remuneraciones y gratificaciones que debieron las autoridades encargas, así como lo que realmente recibieron. La Contraloría hizo énfasis en que estos directivos debieron continuar percibiendo las remuneraciones que se les venía pagando en sus puestos de origen.