El Sistema Integrado de Transporte (SIT) también podría llamarse el Sistema Incompleto de Transporte de Lima y Callao. Han pasado casi 8 años desde que empezó a funcionar el primero de ellos y hasta ahora los cinco corredores complementarios al Metropolitano y el Metro operan con tan solo el 15% de su flota vehicular; es decir con 760 buses de los 5.000 que se necesitan. Son pequeños intentos de formalidad en medio del caos imperante de las combis.
“El problema principal es que solo se han licitado, y están en pie, 15 paquetes de rutas de las 49 que tienen los corredores. Eso genera que no operemos con todos los buses que deberían reemplazar a las líneas tradicionales que siguen como competencia desleal por las avenidas Tacna, Arequipa, Abancay, Brasil, La Marina, Javier Prado y las Panamericanas. Eso sin sumar a los colectivos”, afirma Gerardo Hermoza, gerente del consorcio Santa Catalina, uno de los operadores actuales del Corredor Morado.
Este proyecto se presentó en el 2012 y se concretó en el 2014, durante el último año de la exalcaldesa Susana Villarán. Se intentó licitar 49 paquetes de rutas, pero solo se logró, en un inicio, dar la buena pro de 24 de ellas. Así en julio de ese año comenzó a funcionar el Corredor Azul, en medio de improvisaciones y oposiciones. El Corredor Rojo lo hizo en diciembre.
Luego, en el 2015, Luis Castañeda Lossio volvió al municipio de Lima y, tras varios meses en silencio, optó por continuarlo por obligación. Ya para eso, había anulado seis contratos de concesión y quedaban en pie 18 paquetes de rutas. Después se pusieron en marcha el Corredor Morado, Amarillo y Verde (hoy desactivado y en arbitraje).
En el 2019, llegó Jorge Muñoz, pero al poco tiempo se suspendieron dos paquetes del Corredor Morado y uno del Verde. Hoy, solo 15 están en pie. Desde fines de ese año, los corredores están bajo el mando de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao.
“En este resumen del proyecto hay mucho desencanto. Las autoridades han descuidado el transporte al priorizar sus intereses políticos y han dejado en abandono a los pasajeros”, explica el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.
Gerardo Hermoza, del Corredor Morado, señala que tienen problemas financieros producto de este poco avance en la implementación. “No sabemos qué va a pasar en el futuro. Estamos sobreviviendo y si el Estado nos deja de pagar las compensaciones económicas, por operar con aforo reducido, en una semana sufriríamos un daño irreparable”, precisa.
Por eso, afirma que es importante que se complete la flota vehicular y eso pasa por licitar los 31 paquetes de rutas restantes y el sistema de recaudo.
“Si tendríamos los 5.000 buses del sistema completo, podríamos desplazar y retirar a las combis y colectivos. No se afectaría la oferta de líneas. Los pasajeros podrían tener descuentos tarifarios al hacer transbordos de un corredor a otro y se tendría una tarjeta con diversos puntos de recarga, lo que hoy no sucede”, coincidieron Hermoza y Quispe. “Todo eso ya sabe la ATU, pero no actúa. Las nuevas reglas y las bases de la nueva licitación pudieron avanzarse durante la pandemia”.
El operador del Corredor Morado indica también que en la licitación de las nuevas rutas de corredores debe priorizarse a los empresarios peruanos; aunque dijo que esto será una tarea difícil. “¿Quién va a querer invertir en un negocio que, como está, no es rentable?”.
Todo lo contrario opina Quispe Candia, quien asevera que se debe evitar convocar a las 385 empresas actuales de Lima y Callao porque la mayoría no apuesta por una reforma.
“Al menos 80 empresas tienen interés en mejorar sus condiciones, las 300 restantes no tienen trabajadores en planilla, no tienen vehículos a su nombre, ni inversión. Los choferes y cobradores no serán afectados, tendrán trabajo, sino los dueños de las empresas cascarón que cobran comisiones por sus rutas autorizadas”, considera.
Al respecto, la ATU respondió a La República que, según sus cifras, vienen operando 17 paquetes de rutas, “lo que representa el 37% de los servicios prestados”. Al ser consultada sobre la nueva licitación, no dio fechas. Solo señaló que hoy vienen actualizando los estudios de la demanda de pasajeros y del comportamiento de los viajes, basándose en la coyuntura actual de la pandemia de la COVID-19. En el segundo semestre se convocará a la presentación de las propuestas para la inversión privada, dijo. “Los operadores de las rutas regulares serán actores importantes en la licitación de los paquetes que faltan adjudicar y se considerará su experiencia en el transporte público”, concluyó. Por sus respuestas, los cambios esperados seguirán en papeles.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está en una grave crisis tras la designación de Juan Silva. Además del escandaloso copamiento de trabajadores que no cumplen con los perfiles técnicos, el ministro es un aliado de los transportistas informales de Lima y Callao. En noviembre pasado, firmó un acta donde se sometió a sus pretensiones, como la renovación automática, por 10 años, de sus autorizaciones.
Silva también es un defensor de los taxis colectivos. Hoy, el MTC viene empadronando a los choferes y empresas de rutas interprovinciales.
Pese a estos retrocesos, solo 15 congresistas han firmado la moción de censura en su contra.
El ministro Juan Silva es cuestionado por plantear la ampliación por 10 años de autorizaciones a transportistas. Foto: MTC
Gerardo Hermoza, vocero, Corredor Morado
“Si tendríamos los 5.000 buses, con todas las rutas licitadas, desplazaríamos a las combis porque el sistema estaría completo y los pasajeros podrían tener descuentos al subirse de un corredor a otro”.
Luis Quispe Candia, director de ONG Luz Ámbar
“Hay mucho desencanto en este proyecto. Las autoridades han descuidado el transporte al priorizar sus intereses políticos. Urge concesionar las demás rutas de los corredores. Eso es urgente”.
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