Exrectores: Proyecto no recupera la autonomía, sino que retorna a la ANR

Trece exrectores de universidades públicas, los primeros que fueron elegidos por voto universal y que tuvieron a su cargo el licenciamiento institucional, se han sumado al rechazo del dictamen que debilita el rol fiscalizador de la Sunedu e incorpora a representantes elegidos por las mismas casas de estudio al consejo directivo. Para ellos, lo que realmente se pretende, con el pretexto de recuperar la “autonomía”, es favorecer a intereses particulares y políticos.

Esto se desprende del pronunciamiento de las exautoridades de universidades como la de Ingeniería (UNI), San Marcos (UNMSM), La Cantuta, San Agustín de Arequipa (UNSA), San Cristóbal de Huamanga, la de Tumbes, la de la Amazonía Peruana (Loreto); así como el actual rector de la Toribio Rodríguez de Mendoza. Entre ellos, además de los directivos, están los dos primeros presidentes de la Asociación Nacional de Universidades Públicas (Anupp), quienes cuestionan el rol de su sucesora Jeri Ramón, de la UNMSM, cuyo mandato vencería la próxima semana.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Coinciden en que si bien se debe mejorar la Ley Universitaria y subsanar las dificultades de los ministerios de Educación, Economía y hasta de la Sunedu, esto no se logra al incorporar a representantes elegidos por rectores en su consejo directivo.

“Respaldamos la no vulneración de nuestra autonomía, pero ese dictamen no representa su recuperación. Todo lo contrario, representa el regreso a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)”, señalan. En ese sentido, piden que el proyecto retorne a la Comisión de Educación y que el Ejecutivo lo observe si el Pleno del Congreso lo aprueba.

Para el exrector de la UNI y primer presidente de la Anupp, Jorge Alva, no existe la pérdida de autonomía señalada por los promotores del dictamen. “Eso es un pretexto. Creo que detrás de esto están las universidades no licenciadas. La rectora de San Marcos tiene un doctorado en la Garcilaso de la Vega (no licenciada)”. Agrega que el grupo minoritario de rectores que hoy apoyan este dictamen lo hacen por desinformación.

Esto último también lo comparte Rohel Sánchez, exrector de la UNSA, quien dice que, en el caso de los congresistas, además del desconocimiento de la realidad universitaria, hay intereses políticos y económicos. Descarta que la Sunedu viole la autonomía. “La única instancia que lo hace es el MEF por no asignar recursos e incluso el Congreso con el presupuesto”.

Sánchez señala que si bien la elección del consejo directivo debe ser por concurso público, la del superintendente también podría darse de esa forma.

La UNI, la UNSA y San Marcos obtuvieron licenciamiento por 10 años. Sus exautoridades coinciden en que debieron insistir con pedidos al Ejecutivo para que se asigne recursos con miras al licenciamiento. “El 2016, 2019, 2020 se obtuvo más de S/ 1.100 millones adicionales para la universidad pública, que no se hubiera conseguido de forma individual. Fue colectivo”, dice Orestes Cachay, de San Marcos.

Sin embargo, este dictamen deroga la disposición para que el Minedu entregue presupuesto para las condiciones básicas de calidad, lo cual incluye el bono al docente investigador.

Demanda llegó al PJ

En tanto, la Sunedu confirmó a La República que el último lunes presentó la demanda de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jonathan Valencia López. Si esta medida prospera, y el Pleno aprueba el dictamen, este no podría ser aplicado a la superintendencia. Según el procurador público Mac Donald Rodríguez, existe una amenaza inminente a tres derechos fundamentales: a la educación, a la cosa juzgada (con las sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la Ley Universitaria) y al principio de independencia (al modificar el consejo directivo).

Invoca a que sea vista pronto y señaló que alistan una medida cautelar. Esta podría suspender todo el avance del dictamen.

Vinculan a Jeri Ramón con rector “rebelde”

En el 2016, un grupo de rectores, calificados como “rebeldes” por la Sunedu, se opuso a la implementación dela Ley Universitaria. Entre ellos estaba el de San Marcos, Pedro Cotillo, quien contaba con el respaldo de Jeri Ramón, entonces decana de Contabilidad, según asegura el exrector Orestes Cachay.

Los exmiembros de Anupp señalan que Ramón se ha presentado ante el Congreso a nombre de esta asociación sin haber consultado a sus integrantes. Ella ocupó el cargo de la presidencia luego de que Cachay culminara su mandato, mas no fue por elección de miembros, aclaran.

Reacciones

”Esperamos que el Congreso no lo apruebe porque habrá consecuencias serias y un gran retroceso. Pedimos que abran los ojos porque detrás de esto hay intereses subalternos y desinformación”.

Jorge Alva, exrector de la UNI

”Hacemos un llamado a estudiantes y docentes para que tomen en serio esta afectación. Se atenta contra la calidad educativa. Hubo mucho esfuerzo de las universidades públicas. Ahora el Congreso lo desconoce”.

Rohel Sánchez, exrector de la UNSA