Textos escolares están a punto de pasar a manos de grupos conservadores

En menos de dos meses, llegó a la agenda del Pleno del Congreso el dictamen del Proyecto de Ley N° 904, que afecta al rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) y ordena que el contenido de los materiales y textos escolares pasen por la revisión de determinadas organizaciones de padres de familia, entre ellas las que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral. De no cumplirse con ello, dice la iniciativa, habrá sanciones, destituciones y quedará paralizada la difusión de libros.

Esta propuesta -que tiene como autor al legislador de Renovación Popular Esdras Medina, quien también es rostro visible del colectivo ultraconservador Con mis hijos no te metas- podría ser debatida hoy o mañana, por lo que los ministerios de Educación, de la Mujer y la Defensoría del Pueblo han mostrado su rechazo y piden que se reconsidere su votación en la Comisión de Educación o se archive. “Representa un grave riesgo al desarrollo de la política educativa y establece la posibilidad de bloquear la distribución de materiales, si no siguen lineamientos que distorsionan los derechos a la igualdad y el respeto de todos y todas”, precisó el Ministerio de la Mujer.

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Lo moral y lo religioso

Entre otros puntos, el proyecto que “impulsa la calidad de los materiales educativos” plantea que los padres participen en el proceso de elaboración no solo con las Apafas, sino también con “asociaciones civiles constituidas en registros públicos” u otras instancias de representación.

Precisamente, este tipo de organizaciones, de posición conservadora, fueron las consultadas por la Comisión de Educación, presidida por Esdras Medina, para definir la viabilidad de dicha iniciativa. Entre ellas están la Coordinadora Nacional Profamilia, la Coordinadora por la Vida de Arequipa, la asociación Origen-Vanguardia y Cambio Cultural, de Giuliana Caccia, opositora al enfoque de género.

Así, según la iniciativa, la “vigilancia de la calidad” del Minedu debe garantizar principios como el “pleno respeto a la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y de los padres”.

“La educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política”, apunta. Esto recuerda la demanda interpuesta por otro colectivo conservador en contra del enfoque de género en el currículo escolar, la cual fue declarada infundada por el Poder Judicial.

El proceso de revisión

¿Y cómo sería la participación de los padres? El Minedu deberá notificar a la Comisión de Educación, al defensor del Pueblo y a las organizaciones su proyecto de texto. Tras ello, en un plazo de 10 a 20 días recibirá los comentarios de las asociaciones, quienes incluso podrán enviar materiales alternativos. Luego, deberá comunicar el resultado de su análisis y las organizaciones ver si están conformes.

No obstante, si el Minedu publica los materiales “sin la participación de los padres”, el funcionario técnicos a cargo de la elaboración puede ser sancionado con la suspensión de sueldo de hasta 3 años o incluso destituido. Los padres, además, podrán impugnar los textos cuyo contenido “vulnere los principios” o donde no hayan participado. Si eso pasa, los libros deben dejar de ser distribuidos o expuestos.

La norma ordena además que la verificación rija para los textos que ya son usados en las escuelas y que la rectoría del Minedu se ejerza “acorde con el principio de participación de los padres”.

Ante ello, el Minedu responde que el proyecto “los afecta como ente rector de la educación”. “El currículo y los textos deben ser siempre consensuados con las familias e instituciones con un enfoque territorial y diverso. Esta iniciativa debe ser reconsiderada”.

La exministra Marilú Martens señala que para la elaboración de materiales, como el currículo, ya existe un proceso consultivo, donde se reciben las sugerencias de los padres y organizaciones civiles. “Sí hay participación activa, pero no son los que deciden qué debe incluirse. Es el ente rector quien recoge el valioso aporte y lo aprueba”, refiere la también directora de Care Perú. Agrega que en esta discusión, además del Minedu, quien cuenta con la especialización pedagógica y técnica para ello, también interviene la academia y expertos en materia educativa, bajo un enfoque técnico y territorial.

En cambio, dice Martens, el proyecto en cuestión plantea que los padres definan los valores morales que se deben desarrollar en las escuelas, escojan el material y las áreas que requieren su aprobación. “Quienes lo impulsan siempre han peleado por excluir el derecho de la no discriminación de mujeres y hombres en la formación educativa. Además, quién se va a tribuir la voz de padres y madres de más de 8 millones de estudiantes, la cual debe ser una voz técnica, objetiva y con conocimiento en base a evidencia”. En ese sentido, subraya que la actual iniciativa no ha recibido opiniones técnicas. Pide a la Comisión de Educación agendar temas de urgencia como el retorno a clases.

Para la Defensoría del Pueblo, esta propuesta instaura un “derecho a veto” de los progenitores sobre la elaboración de los textos. “El TC ha señalado que el derecho a participar en el proceso educativo no implica que padres puedan reemplazar al Estado en sus funciones y competencias constitucionales”. La elaboración de políticas públicas, agrega, no puede estar condicionada a la opinión subjetiva de un sector de la población, lo cual no excluye las consultas que la autoridad educativa a especialistas en la materia, así como a la sociedad en conjunto. Pide que sea archivado el proyecto de ley.

Contrarreforma universitaria está en agenda

Entre hoy y mañana se tiene previsto que el Pleno del Congreso debata los proyectos de ley que buscan, primero, convertir la Sunedu en una figura similar a la Asociación Nacional de Rectores (ANR) y, segundo, darles un salvataje a 11 universidades privadas asociativas sin licenciamiento al no cumplir con las condiciones básicas de calidad. Esto ha sido denominado como una nueva contrarreforma universitaria.

El autor de estas dos iniciativas es el legislador de Renovación Popular Esdras Medina, quien ha estudiado una maestría en la denegada Universidad Néstor Cáceres Velásquez. Él propone fortalecer la “autonomía” universitaria con el cambio de la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, introduciendo a tres representantes de universidades públicas y privadas. Medina cuenta con el apoyo de su líder, Rafael López Aliaga.

También tiene el respaldo de la rectora de la Universidad de San Marcos, Jeri Ramón, quien en estos días ha estado asistiendo al Congreso para pedir que se apruebe la propuesta de ley.

Ayer, Ramón estuvo en los exteriores de la Casona de San Marcos con un grupo de personas que llevaban banderolas “en defensa de la autonomía universitaria”

Reacciones

Marilú Martens, exministra de Educación

“La iniciativa representa un riesgo alto de fondo y forma. Es un atropello a nuestras instituciones, a los procesos regulares en el Congreso, no tiene opinión técnica. Afecta la reforma educativa”.

Susana Chávez, directora de Promsex

“Este proyecto desnaturaliza el rol de los padres, al darles tareas como la elaboración de los textos, es absurdo. No cumplió con procesos, no llamó a debatir a la ciudadanía, ni esperó la opinión del Minedu”.