Presidente del Poder Judicial de Lambayeque se pronunció sobre liberación de exalcalde

Tras la liberación del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, el presidente del Poder Judicial de Lambayeque, Juan Riquelme Piscoya, señaló que desconoce si existe alguna queja por retardo en el proceso judicial que se le sigue al presunto líder de la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

“Hasta el momento, yo no tengo conocimiento de que haya existido alguna queja directa por retardo contra un juez de investigación preparatoria o un juez de juzgamiento que tenga que ver con este caso. Por parte del Poder Judicial de Lambayeque, si hubiera algún retraso a nivel de determinado órgano jurisdiccional, están los mecanismos correspondientes para que sean quejados ante el órgano de control”, mencionó el magistrado, en diálogo con medios de comunicaciones.

Dichas aseveraciones de Riquelme Piscoya se dieron al comentar la resolución del 9 de diciembre de 2021, emitida por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, que ordenó la libertad de David Cornejo del penal de Ancón de la ciudad de Lima, donde cumplía prisión preventiva de 36 meses.

Caso

La decisión del magistrado anticorrupción obedecía a la resolución n.° 24 de fecha 7 de diciembre de 2021, emitida por el juez Carlos Larios Manay, del Décimo Juzgado Unipersonal de Lambayeque, que anuló su resolución n.° 9, del 14 de septiembre de 2021, la cual suspendió el cómputo del plazo de la prisión preventiva de David Cornejo desde el 24 de agosto de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.

De esta manera, el magistrado Larios Manay dejó sin efecto que la medida coercitiva contra el exalcalde. Por lo tanto, el plazo de la prisión ya había vencido el 28 de noviembre de 2021. Como se sabe, la exautoridad fue detenida junto a sus cómplices el 29 de noviembre de 2018, un día después de autorizarse judicialmente su detención.

Empero, para la Fiscalía, la conducta maliciosa de Cornejo Chinguel, durante el proceso, se debió a que intervino hasta en cinco oportunidades en el retraso de la instalación del juicio oral por el delito de tráfico de influencias, también, conocido como caso licitación para adquisición de llantas. Este último hecho, correspondía a un caso desacumulado del proceso Los Temerarios del Crimen.

“Los determinante es que si los representantes del Ministerio Público consideran que existe alguna dilación en ese proceso, debieron haber formulado oportunamente los reclamos o los cuestionamientos para tomar las acciones correspondientes”, mencionó.

Riquelme Piscoya aclaró que si existe algún tipo de demora en la etapa de juzgamiento de los procesos judiciales se tomarán las acciones correctivas. Además, aclaró que durante la etapa de diligencias preliminar y la investigación preparatoria, es el Ministerio Público el principal responsable.

“La ciudadanía deben conocer que hay etapas en el proceso penal. Hay una etapa de investigación que se divide en diligencias preliminar y la investigación propiamente dicha, las cuales están bajo la dirección del Ministerio Público. El Poder Judicial se hace responsable del proceso penal desde que empieza el juicio oral para adelante”, afirmó.