Presentan quinto proyecto de ley a favor de universidades no licenciadas

En solo cuatro meses de gestión, parlamentarios de Perú Libre, Renovación Popular y Acción Popular han presentado cinco proyectos de ley para darle una segunda oportunidad a las 48 universidades privadas no licenciadas. Ayer fue el último.

Y si bien el actual Congreso no es el primero en contar con legisladores opositores a la reforma universitaria, llama la atención las coincidencias que tienen algunas bancadas al momento de elaborar estas iniciativas

De la lista de proyectos presentados, cuatro buscan darle un “auxilio temporal” o un “plazo de emergencia” a nueve universidades sin fines de lucro (asociativas) denegadas; mientras que una quinta -del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina- pretende incluir a 39 instituciones con fines de lucro, como Telesup y Alas Peruanas.

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La última iniciativa la acaba de presentar el legislador de Perú Libre Óscar Zea, quien fija como plazo el 31 de diciembre del 2021 para que las universidades asociativas puedan acceder al salvataje, siempre y cuando tengan su plan de cese de actividades aprobado por la Sunedu.

Zea también plantea que el Ministerio de Educación (Minedu) conforme una comisión técnica que cumpla funciones de seguimiento, supervisión y emisión de propuestas para lograr, esta vez, su licenciamiento.

El argumento de Zea es el mismo que han dado Darwin Espinoza (Acción Popular), Wilson Quispe (Perú Libre) y Edgar Tello (Perú Libre), quienes han presentado las tres iniciativas restantes. “El Minedu debe apoyar a las universidades asociativas como lo está haciendo con las universidades públicas no licenciadas, y porque hay estudiantes afectados”, coinciden.

Jueces y parte

Según información de la Sunedu, las universidades asociativas que se verían beneficiadas son la Inca Garcilaso de la Vega; la de Chiclayo; la José Carlos Mariátegui; la San Pedro; así como la Peruana del Centro; la Privada de Trujillo; la Católica Los Ángeles de Chimbote; la Científica del Perú; y la Andina Néstor Cáceres Velásquez, en Puno.

Hace unos días, los rectores de estas casas de estudio fueron invitados al Congreso, donde cuestionaron a la Sunedu.

Esta afinidad no es una coincidencia. Los autores de las iniciativas han sido alumnos de algunas de estas universidades; lo que los hace jueces y parte.

Por ejemplo, Wilson Quispe, Esdras Medina y Óscar Zea estudiaron en la Néstor Cáceres Velásquez (los dos últimos una maestría); en tanto, Edgar Tello es abogado por la Garcilaso de la Vega, la cual pasa hoy por un proceso de liquidación tras la cuestionada gestión del exrector Luis Cervantes Liñán.

“Quieren generar caos”

Consultado sobre este tema, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, consideró que estos proyectos de ley buscan generar desorden en el proceso de cierre que deben cumplir las 48 universidades privadas y las tres públicas. “Están redundando en solicitudes. Sí pueden volver a presentarse al licenciamiento, pero antes tienen que cumplir con su cese de actividades, cuyo plazo -dicho sea de paso- hemos ampliado por tres años más”.

Zegarra lamentó la posición de algunos congresistas porque se percibe que hay intereses de por medio en sus decisiones.

Catedráticos tienen hasta el 2023 para acreditar maestrías

El Congreso publicó la ley que extiende hasta el 30 de diciembre del 2023 el plazo que tienen los docentes de las universidades públicas y privadas para obtener maestría o doctorado. La norma lleva la rúbrica de María del Carmen Alva, titular de la mesa directiva.

Esta es una exigencia de la Ley Universitaria, para la cual se estableció un plazo de 6 años que vencía ayer.

La norma alcanza solo a quienes hasta fines de noviembre estaban cursando el posgrado o en proceso de registro ante la Sunedu.

La República reveló que en las universidades públicas, el 46% de docentes ya tiene maestría; 32% doctorado y 22% aún no los acredita. En tanto, en las privadas, el 66% cuenta con maestría, 14% con doctorado y 20% no los tienen.

Iniciativa

El congresista Jorge Montoya presentó un proyecto de ley para exigir que los miembros de la Sunedu tengan 10 años de “experiencia en cargos administrativos en universidades”, es decir, que hayan sido exrectores. Su colega Esdras Medina busca convertir a la Sunedu en una nueva ANR.