El Ministerio de Salud (Minsa) atendió a 24.213 mujeres que llegaron a sus centros con signos de aborto en el 2020, el primer año de la pandemia. De esta cifra, 1.038 eran adolescentes entre 12 y 17 año, y 4 eran niñas de hasta los 11 años.
El año pasado, el número de niñas menores de 11 años embarazadas se triplicó con respecto a años anteriores al registrarse 24 casos. De acuerdo con ley, todos estos casos son tipificados como violaciones sexuales, pero solo cuatro pudieron acceder al aborto terapéutico, cuando es un derecho, ya que sus cuerpos no están preparados para gestar y tienen más probabilidades de morir.
Estos números demuestran que las niñas adolescentes y mujeres no tienen garantizados sus derechos sexuales y reproductivas, pues no pueden acceder a un servicio adecuado que resguarde su salud física y mental.
Además, las niñas víctimas de violación tampoco han podido acceder al kit de emergencia, cuyo principal elemento es el anticonceptivo oral de emergencia. En el 2020, solo se dieron 1.325 kits, aunque se registraron 6.323 casos de niñas y adultas que fueron violentadas sexualmente.
Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo no han mostrado propuestas en defensa y resguardo de los derechos de las mujeres y otras minorías.
En marzo, la candidata de Fuerza Popular, en diálogo con Canal N, dijo estar en contra del aborto. “Voy a defender siempre la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Además, en el primer debate electoral, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Fujimori se refirió a la mal llamada ideología de género, advirtiendo que revisaría los textos escolares.
Por su lado, Pedro Castillo, ha dicho que tampoco está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, pero que someterá el derecho en una Asamblea Constituyente. Además, en una entrevista con Rosa María Palacios rechazó el matrimonio igualitario, aunque recientemente se reunió con algunos representantes de la comunidad LGTBIQ.