Pese a la pandemia del coronavirus, el transporte colectivo se ha mantenido. Aunque la amenaza de contagio siga latente en cada uno de los autos que ofrece este servicio, siguen existiendo usuarios interesados en abordarlos por diversas necesidades.
Pero los pasajeros no solo acuden a los ‘colectiveros’ para viajes cortos o dentro de la misma ciudad de Lima, sino que también se registraron viajes a provincias y regiones, incluso a varios destinos donde se mantiene la cuarentena focalizada.
Las personas que suben a estos vehículos no solo parecen obviar la informalidad o la falta de un seguro contra accidentes, también arriesgan su salud en estos viajes interprovinciales.
Un viaje a Juliaca puede encontrarse a 120 soles, por su parte, la tarifa a Arequipa asciende a 250 soles. “Todo se arregla nomás con el policía”, asegura uno de los chóferes consultados vía telefónica en un informe emitido por Latina.
“Ahorita no están molestando mucho,” agrega el chófer para calmar a la supuesta pasajera interesada asegurándole que no serán detenidos, ni que la bajarán del auto para interrumpir el viaje. Salir de la capital e ingresar a una región como Arequipa, parece ser cosa sencilla para estos trasgresores al volante.
Uno de los lugares donde pululaban los autos colectivos como la terminal de Yerbateros permanece vacío, sin embargo, la afluencia se da de manera virtual a través de servicios de mensajería como Whatsapp, mensajes de texto y llamadas. Asimismo, pudo verse en la popular terminal a los llamados ‘jaladores’, personas dedicadas a captar pasajeros.
En las calles aledañas al terminal pueden observarse la gran cantidad de autos estacionados prestos a realizar el irregular servicio. Todo con previa coordinación vía llamada a los números que figuran en las redes sociales.
El puente Alipio es, por ejemplo, uno de los puntos para recoger a los pasajeros dispuestos a compartir un espacio reducido con desconocidos por varias horas de viaje. En algunos casos incluso con niños.
Las empresas formales también resultan perjudicadas por este servicio clandestino y poco seguro. Toda la inversión que significa acatar los protocolos de seguridad es una suma de 700 a 800 dólares por cada bus, según Martín Ojeda, Gerente del Gremio de Empresas de Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros, quien responsabiliza a la Policía Nacional por su inactividad.
El mencionado gremio hace un llamado al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para aplicar las medidas correspondientes. También han presentado al MTC un texto sobre el problema de la informalidad y cómo los afecta de manera directa. Una situación que se espera puedan empezar a resolver por el bienestar común.
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