Minsa no usa 24 ventiladores por controversia legal pese a que empresa se los cedió
Los equipos permanecen en cajas embaladas en un almacén de Punta Hermosa, a pesar que la empresa notificó al Minsa que sí pueden usarse.
Desde el Gobierno se ha dicho que se hacen los esfuerzos necesarios por equipar a los establecimientos de salud para tratar a los enfermos por coronavirus; no obstante, pareciera que la burocracia sigue jugando en contra, incluso en medio de la pandemia.
Un reportaje de Punto Final reveló que existen 24 ventiladores mecánicos que podrían emplearse para pacientes con COVID-19, pero que no se usan porque existe una controversia legal entre una empresa concesionaria y el Gobierno Regional de Apurímac.
En el años 2013, el entonces gobernador regional Elías Segovia Ruiz firmó el contrato para construir y equipar en dos años el Hospital de Andahuaylas. Sin embargo, a la fecha, la infraestructura se encuentra apenas al 50 %.
Después de su mandato, Segovia fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de peculado. La Fiscalía comprobó que usó parte del presupuesto del hospital para financiar su campaña a la reelección, así como se apropió de otros fondos del gobierno regional.
El actual gobernador Baltazar Lantarrón explica que el año pasado anularon el contrato y que hasta el momento no concilian con el consorcio.
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“El estado actual del hospital es que se ha rescindido el contrato, con fecha 28 de febrero de 2019, en que el gobierno regional hace conocer de manera notarial a través de una carta. Hemos ido a conciliación y no nos hemos puesto de acuerdo en las cláusulas con el Consorcio Andahuaylas”, señala.
Por su parte, Raúl Barios, representante del Consorcio Andahuaylas, asegura que ellos decidieron dejar sin efecto el contrato por incumplimientos del gobierno regional.
“Nosotros resolvimos el contrato, por segunda vez, por incumplimientos del Gobierno Regional de Apurímac; la primera vez se resolvió por falta de pago. Nosotros resolvimos el contrato porque ya no podíamos ejecutar más obra, ya estaba toda la infraestructura terminada, y teníamos que arrancar a instalar el equipamiento”, indicó.
En el reportaje se menciona que dentro de las instalaciones del inconcluso hospital existen dos plantas de oxígeno, las cuales podrían servir de mucha ayuda para los pacientes con COVID-19, pero tampoco se usan.
De igual manera, en un almacén de Punta Hermosa permanecen 4 ventiladores mecánicos de transporte, 17 ventiladores volumétricos para adultos y 3 ventiladores mecánicos de tipo neonatal.
El consorcio señaló que estos equipos están a disposición del Estado porque ya están cancelados y que ellos no han puesto ninguna traba para que se los lleven. Sin embargo, el gobierno regional no los recoge.
“Los equipos están pagados por el Gobierno Regional de Apurímac, o sea, yo no los puedo tener, esa es la parte que no entiendo. Los equipos ya fueron pagados, fueron cancelados por el Estado”, comenta Barios.
Incluso, el pasado 7 de junio la empresa envió un documento al Ministerio de Salud (Minsa), cuando Víctor Zamora era el titular, para informarles que podían tomar los ventiladores mecánicos si los necesitaban.
Adicional a todo lo anterior, debe precisarse que en el artículo 18 del Decreto de Urgencia 035-2000, se autoriza al Minsa a disponer de equipos médicos que sean propiedad del Estado, o se encuentren comprometidos en contratos en ejecución, en cualquiera de los niveles de gobierno.
No obstante, desde el Minsa aducen que no han recogido los equipos porque el mencionado decreto de urgencia es inaplicable en el caso de aquellos 24 ventiladores porque existe una controversia arbitral entre la empresa y el gobierno regional.
El contralor general de la República, Nelson Shack, no está de acuerdo con la respuesta del Minsa y señala que este contexto, sabiendo que son equipos vitales para tratar a pacientes, debería crearse un marco legal.
“Los marcos legales tienen que adecuarse a la emergencia. Pero lo que se necesita ahora es cambiar, crear un marco legal excepcional, que permita que efectivamente esos ventiladores se usen y la gente no fallezca por la falta de esos”, señala Shack.
Mientras la controversia se resuelve, los ventiladores siguen en el almacén en vez de estar en los hospitales salvando vidas. En el citado reportaje se citó el caso de Dina Orso, una mujer que perdió a su hija en el antiguo Hospital de Andahuaylas justamente por la falta de equipos.
