Arequipa, la cuarentena y la posible vuelta del transporte

Juan Carlos Soto

Arequipa enfrenta un escenario crítico. Los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud que atienden pacientes COVID-19 colapsaron. Los infectados reciben auxilio en carpas y, en algunos casos, comparten balones de oxígeno.

Estas escenas de guerra son corroboradas por cifras que se acercan a las de las regiones del norte y selva: 11 626 contagiados y 294 fallecidos.

A este diagnóstico preocupante ha devenido una crisis política en la región mistiana, el descontento ciudadano con los funcionarios que gerencian la crisis saniataria. El detonante parecía desactivado en marzo pasado con la conformación de un Comando COVID-19 Regional. Este organismo presidido por el oficial loretano Edwar Gratelly se presentó como solución ante los desaciertos del gobernador Elmer Cáceres Llica en los primeros días de la emergencia. Las medidas adoptadas por Gratelly-cierre de mercados y transporte urbano- no han servido para neutralizar los contagios y lo desgastaron frente a un buen sector de la sociedad civil mistiana que pide su renuncia.

El representante del Defensor del Pueblo Angel Manrique Linares, no oculta el desgobierno que comienza a reinar en Arequipa, sin embargo, sostiene que una remoción del comando solo profundizaría el caos. Pide que todas las autoridades asuman sus responsabilidades en esta hora crítica.

El gobierno nacional sabe de los problemas que padece Arequipa.

El ministro de Agricultura Jorge Montenegro funciona como un enlace. Conoce de la desprolijidad del gobernador frente a la crisis. En la reunión del lunes pasado Cáceres no se presentó, solo envió un representante.

Con la pandemia en plena escalada, el gobierno decidió no levantar la cuarentena en esta y seis regiones más. Los ciudadanos deben seguir cerrados en sus casas. Solo pueden desarrollar actividades económicas esenciales: salud, alimentación, telecomunicaciones, etc. Aunque el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, tiene otra interpretación. Para él sí están vigentes los decretos de la reactivación económica.

Salvo la del comercio que la semana pasada el gobierno prohibió. En esa línea, Candia propuso dar luz verde al transporte urbano. Este servicio quedó suspendido el martes pasado para contener el avance de infectados. El alcalde se reunió ayer por la tarde con sus funcionarios y planteó nuevamente activar el servicio con estrictos protocolos de bioseguridad.

Esa postura la argumentará en la reunión de mañana lunes que ha previsto el Comando.

Para un integrante del Comando COVID-19 la postura de Candia resulta contradictoria. La semana pasada, según la fuente, la autoridad edil pidió a Gratelly, el respaldo para suspender el servicio ante la imposibilidad de fiscalizarlo. Con una plana diezmada de inspectores (de 70 se redujeron a 20) no podía verificar si las unidades cumplían los protocolos o los aforos del 50% en la capacidad de asientos ocupados. Sin inspectores-varios contagiados con coronavirus- ¿cómo se controlará el transporte urbano en este nuevo regreso? , se pregunta la fuente.

Ahora por otro lado, con vehículos en las calles, los ciudadanos comienzan a salir y eso implicará el desacato de la cuarentena. Para Candia lo dispuesto por el gobierno obliga a convivir con el virus. “La cuarentena se levantó en Lima y Callao con cifras de infectados en alza. Es evidente que lo hicieron por un tema económico. Sobre este nuevo escenario, el general Gratelly señaló que mañana se tomará una decisión.

ENFOQUE

Jorge Sumari

Abogado

La prórroga de la cuarentena implica que Arequipa seguirá con las condiciones que vino cumpliendo en junio, salvo el toque de queda, que se adelanta desde las 20.00 horas. El decreto supremo del gobierno central tampoco paraliza las actividades económicas autorizadas en la fase 2 de reactivación económica.

La reanudación del transporte urbano quedará sujeta a lo que dispongan las autoridades locales. Si el Comando COVID-19 concluye que son necesarias restricciones más duras para contener el brote, como prohibir las actividades comerciales autorizadas por el gobierno central, deberá coordinar con el Ejecutivo, para que se emita otro decreto supremo con las nuevas medidas.