Comunidad shipibo-konibo de Cantagallo solicita que se cumpla con el saneamiento de la zona

‘‘No hemos venido a mendigar, hemos venido a progresar, a educar a nuestros hijos, a buscar una oportunidad. Todos somos peruanos y como tales queremos una casa digna’’, dice el dirigente Wilson Valle de la Asociación Comunidad Urbana Shipibo-Konibo de Lima Metropolitana (Achushikolm).

Él detalla que en la reciente visita que hizo el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, a la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, en el distrito del Rímac, se le solicitó el ‘‘saneamiento físico legal’’, además de agua, desagüe y luz. Los ciudadanos desean obtener los títulos de propiedad del terreno para luego iniciar con la construcción de sus viviendas.

Wilson Valle asegura que les preocupa que con la llegada de un nuevo gobierno, en el 2021, no se alcance a ‘‘sanear todos los documentos’’. ‘‘A nuestro modo podemos hacer todo: colocar ladrillo por ladrillo’’, comenta a La República. Él agrega que hay distintas ONG que incluso desean apoyarlos con la construcción, pero mientras no tengan un título de propiedad, no es posible.

Asimismo, el dirigente indica que han solicitado que se construya un cerco perimétrico por seguridad. Él manifiesta que se ha pedido que no se retire el cerco militar que ha estado en el lugar las últimas semanas, como lo anunció el ministro Neyra, pues teme que sin este diferentes personas ingresen y haya un rebrote del virus. ‘‘Aunque no sea de ladrillo, sino que cierren con alguna malla’’, añade Valle.

Actualmente, en el lugar hay más de 400 ciudadanos, de acuerdo al dirigente. Varios de ellos son personas que llegaron durante la pandemia y que aún buscan retornar a su región Ucayali. Debido a que dieron positivo para la prueba de coronavirus, todavía esperan recuperarse por completo y luego viajar.

El pasado 27 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la crisis sanitaria que vive Cantagallo durante la pandemia por el nuevo coronavirus. Hizo un llamado al Estado para que brinde atención a esta población.

La CIDH señaló que la situación preexistente de vulnerabilidad de la comunidad en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, así como otros derechos humanos, ha generado las condiciones para que el virus llegue afecte al 73% de las personas, como lo demostraron las pruebas tomadas el 12 de mayo.

Como se recuerda, un incendio en noviembre del 2016 destruyó las casas de más de 230 familias de Cantagallo tras lo cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se comprometió a construir un conjunto habitacional en la zona, pero hasta la fecha aún no se ha cumplido. No obstante, el 22 de mayo dio a conocer que ya ha reanudado las actividades para el desarrollo del proyecto. La ejecución, que debía empezar en enero del próximo año, habría sufrido un retraso de tres meses a causa de la pandemia.