Nunca imaginó que el trabajo que le esperaba en Lima, por el que dejó todo en Venezuela, la llevaría a un infierno.
A Liliana la contactaron desde Perú para trabajar como maestra auxiliar en Lima. Era agosto cuando llegó al terminal terrestre de Plaza Norte.
De allí, con engaños fue trasladada a un bar ubicado en el Callao, donde un hombre la obligó a prostituirse. ¿Cómo escapar de una ciudad donde llevaba solo unas horas?
Liliana aprovechó un descuido de su tratante para llamar a un compatriota suyo, a quien le pidió que diera aviso a la Policía. La ayuda nunca llegó.
Por suerte, un mes después logró escapar y la Fiscalía inició una investigación.
Sin embargo, el caso podría archivarse porque Liliana no se presenta a declarar por el miedo que tiene. “Ahora me quieren apoyar, cuando en su momento nadie vino", señala.
Entre enero y setiembre de este año, la Policía rescató a 213 venezolanas víctimas de explotación sexual, 73 más que el año pasado y 212 más que en 2017, según el Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas de la PNP. De este universo, 13 eran menores de edad.
Para el coronel PNP Raúl del Castillo, jefe de investigación de Trata de Personas, este incremento se debe a que en los últimos años llegaron personas con más necesidades y menos oportunidades de empleo.
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“Son personas que deben subsistir y enviar algo de dinero a su país. Por ello son una población vulnerable”, explica.
En este grupo, las mujeres jóvenes y madres solteras venezolanas son quienes más riesgo corren de ser víctimas de explotación sexual.
“Les dicen que van a ganar más, pero cuando llegan se enteran de que no es verdad. Entonces, a algunas las detienen contra su voluntad. Otras aceptan por necesidad. Primero es el fichaje, donde no hay prostitución, pero son obligadas a beber y son tocadas”, señala.
Los tratantes se aprovechan de sus carencias y les hacen creer que pueden renunciar al trabajo cuando ellas lo deseen.
“(Luego), el tratante les hace saber que tiene la capacidad de hacerles daño, que puede dañar a su familia, que no se van a escapar”, explica por su parte Luis Enrique Aguilar, director de Programas y Proyectos de la ONG CHS Alternativo.
En abril del 2018, cuatro venezolanas menores de edad fueron contactadas por las redes sociales para trabajar en Los Olivos. Al igual que Liliana, las adolescentes fueron recogidas en el terminal de Plaza Norte y trasladadas a un hotel donde permanecieron encerradas.
Ellas aprovecharon el descuido de sus tratantes para dar aviso a la Policía y fueron rescatadas.
Tres de ellas ya cumplieron la mayoría de edad, por lo que ya no reciben ayuda del Estado. “Cumplir 18 años no te da madurez, es necesario que sigan recibiendo la atención del Estado, pero las dejan solas”, señala Aguilar, de CHS Alternativo.
El Estado peruano no tiene un programa ni presupuesto para prevenir este delito.
Recién el próximo 10 de diciembre se presentará la primera estrategia que sería aplicada por los sectores Salud, Interior, Justicia y Mujer. Se considerarán cuatro ejes: prevención, gobernanza, sensibilización y combate de este delito.
Víctor Rucoba Tello, viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, precisó que este sector está actualizando la política nacional para combatir la trata de personas.
“A la par estamos elaborando un programa presupuestal orientado a resultados que será multisectorial. Si hablamos de una persona que ha sido víctima de trata y ha sido rescatada, debemos tener al Viceministerio de Poblaciones Vulnerables apoyándola. Deben estar el Minsa y el Ministerio de Trabajo, ya que debe haber alguna oportunidad para ellas porque las rescatamos y se preguntan qué harán (para conseguir ingresos)”, explica.
Sin embargo, el último presupuesto aprobado para combatir la trata fue de S/ 5,2 millones, S/ 2 millones menos que el año pasado.
Realidad mundial. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que la trata de personas afecta cada año a más de 2 millones de mujeres, hombres y niños. Esta actividad criminal origina ingresos millonarios, solo comparados con lo que deja el tráfico de drogas y armas.
Rescate. La ONG CHS Alternativo brindó ayuda psicológica a más de 20 jóvenes venezolanas que fueron explotadas sexualmente. El Mimp ha abierto un albergue para mujeres víctimas de trata, en Lima.
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