Centros juveniles no cuentan con áreas para grupos vulnerables

Ni con registro. Informe de la Defensoría del Pueblo revela que los centros de rehabilitación juveniles carecen de políticas para infractores indígenas, LGTBI y discapacitados. También pone en evidencia agresiones de funcionarios.,Centros juveniles no cuentan con áreas para grupos vulnerables,El segundo informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentado ayer por la Defensoría del Pueblo no solo revela que el 34% de los jóvenes internos de los centros de rehabilitación han sido víctimas de agresiones de parte de los funcionarios de justicia, sino también pone en evidencia la ausencia de políticas internas a favor de las poblaciones vulnerables, omitiendo sus necesidades e incluso su existencia. En las visitas realizadas a los Centros de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil Santa Margarita, el de Lima (Maranguita) y el Anexo de Ancón durante el año, personal de la Defensoría del Pueblo pudo constatar que ninguno de ellos cuenta con un registro actualizado de la población indígena que se rehabilita en sus instalaciones, tampoco saben con exactitud qué porcentaje de sus integrantes pertenecen a la comunidad LGTBI, ni mucho menos cuántos jóvenes internos tienen algún tipo de discapacidad. PUEDES VER Arequipa: adolescente de 15 años fue abusada sexualmente delante de su amigo "No hay un registro que identifique a una cantidad de personas vulnerables con discapacidad, tampoco de mujeres gestantes o con hijos, población indígena o LGTBI. Pero resulta necesario hacerlo visible pues va a permitir mejorar el tratamiento que llevan y entender las diferencias culturales para que de esa forma se aplique el régimen correcto. Ellos, además de representar un número, están en una condición de doble o triple vulnerabilidad", explicó el titular de la Dirección de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea. La falta de una nómina se ve reflejada, a su vez, en la carencia de espacios especiales para estas poblaciones que duermen hacinadas junto al resto de los jóvenes reclusos. Vía telefónica, la gerenta de los centros juveniles, Marjorie Vega, admitió a este diario que centros como el de Maranguita no cuentan con ambientes especiales para darle el tratamiento adecuado a este tipo de infractores. Pero aseguró que actualmente su entidad está gestionando un presupuesto para acondicionar ambientes según las necesidades de los centros juveniles y su población. Para la Defensoría del Pueblo, la ausencia de áreas especiales genera un ambiente con mayores riesgos de tortura y malos tratos. Claro ejemplo de ello es el centro de rehabilitación Santa Margarita, donde 11 infractoras se autoidentificaron como parte del grupo LGTBI y 5 de ellas manifestaron haber sufrido agresiones físicas, psicológicas y morales por parte del personal que las atiende y cuida. No hay canal de quejas A la falta de políticas a favor de los grupos vulnerables y las agresiones por parte de funcionarios, se suma la ausencia de un mecanismo formal para dejar sentada una queja, añadió la Defensoría. "No hay una forma de atender las quejas, ni un canal, ni procedimiento alguno que nos permita saber en qué quedó. Todo es muy subjetivo y de acuerdo a afinidades", añade Barrenechea. PUEDES VER Chiclayo: realizan campaña de educación tributaria en colegios Desnudos colectivos Otro hallazgo que ha causado preocupación a los adjuntos de la Defensoría del Pueblo son los testimonios de ciertos internos del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, Maranguita. Ellos narraron que durante una sesión colectiva con el personal de salud mental se les ordenó el retiro de sus prendas íntimas frente a todos. "Cómo un psiquiatra, que va a evaluar la salud mental, va a ordenar el desnudamiento colectivo. Esta situación ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y al propio INPE", precisó Barrenechea. PUEDES VER Mas de 400 escolares de Latinoamérica se reunieron en Lima para discutir sobre cultura y liderazgo Claves - Las visitas realizadas a cuatro centros de atención residencial públicos para personas adultas mayores en Lima y Callao permitieron a la Defensoría del Pueblo constatar que estos lugares no cuentan con protocolos estandarizados para el cuidado de sus residentes, generando deficiencias en la prestación de los servicios. - En el Centro de Atención Residencial Virgen del Carmen, por ejemplo, viven 52 personas, cuando su capacidad es para 28. También se verificó que no cuentan con rampa de acceso al segundo nivel, a pesar de que su población presenta dependencia leve y severa. - Tampoco se brinda acceso y atención a la salud mental, por lo que la entidad instó a realizar evaluaciones y atenciones integrales permanentes a la totalidad de los residentes.