Sin duda, el 2022 no ha sido el mejor año para el expresidente golpista Pedro Castillo y los miembros más cercanos de su familia. En tan solo 16 meses, tanto la ex primera dama Lilia Paredes como sus sobrinos, “hijos” y hasta cuñados se encuentran bajo la mira de la Fiscalía de la Nación por su implicancia en una serie de delitos, todos señalados bajo la premisa de la existencia de una organización criminal que operaba en el Palacio de Gobierno.
A continuación, todos los familiares de Castillo, las investigaciones que afrontan y su situación actual ante las autoridades persecutoras de justicia.
La figura de la ex primera dama se modificó durante el casi año y medio de Gobierno de Pedro Castillo. En los primeros meses de mandato del ex jefe de Estado, Lilia Paredes mantuvo una actitud silenciosa; sin embargo, a inicios de mayo de este 2022, iniciaron las investigaciones en su contra.
El primer caso que se armó contra ella fue el de la tesis de maestría, que revelaba que tenía un 54% de material plagiado, estudio que elaboró junto con Castillo Terrones. Esta investigación fue archivada el último 15 de noviembre.
Dos semanas más tarde, acumuló una denuncia más, luego de que la fiscal Luz Taquire, quien inicialmente se encontraba a cargo del caso Puente Tarata III, la acusara de delito contra la administración pública después de que Paredes Navarro se negara a responder el interrogatorio que se le hizo en calidad de testigo en el marco las investigaciones contra su esposo.
La tercera denuncia, y la que más repercusiones ha tenido sobre su vida y la de sus hijos, llegó tres meses después, en agosto del 2022, cuando las investigaciones de la Fiscalía de la Nación la empezaron a concebir como una posible coordinadora en el esquema de organización criminal que se armó contra Pedro Castillo por licitaciones del Ministerio de Vivienda a favor de las municipalidades de Anguía, Chadín y Chachapoyas, en las que se beneficiaba a Hugo y Angie Espino Lucana, amigos cercanos a su hermana menor, Yenifer Paredes.
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Por este caso, el Ministerio Público pidió para Lilia Paredes la prisión preventiva, pero el Poder Judicial determinó un impedimento de salida del país, que posteriormente fue reducido a una comparecencia con restricciones para ser anulada el 20 de diciembre.
Tras el autogolpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre, Lilia Paredes y sus dos menores hijos se dirigieron a la embajada de México, la cual les entregó las credenciales de asilados políticos para posteriormente llevarlos a dicho país, en un vuelo en el que también estuvo el expulsado exembajador de México en Perú Marcelo Ebrard.
La menor de los hermanos Paredes Navarro. A inicios de julio del 2022, un video revelado por un programa dominical lanzó la alerta de que la cuñada de Pedro Castillo, presuntamente, negociaba licitaciones públicas a nombre del golpista exmandatario.
La Fiscalía inició contra ella unas investigaciones preliminares en las que se le imputaron los delitos de organización criminal, colusión y lavado de activos.
Junto con Yenifer Paredes Navarro, se investigó también a Hugo Espino, empresario dueño de JJM Espino, la empresa con la que se realizaron una serie de licitaciones irregulares en las municipalidades de Anguía, Chadín y Chachapoyas. Asimismo, se involucró a José Nenil Medina, alcalde de Anguía, con quien Espino y la menor de las Paredes habrían concertado para la obtención de algunas de estas obras de saneamiento.
Por estas investigaciones, Yenifer Paredes pasó un periodo en la cárcel, tras haber recibido 30 meses de prisión preventiva por parte del Poder Judicial, medida que fue anulada y cambiada a una comparecencia con restricciones el 24 octubre del 2022, situación en la que se encuentra desde entonces.
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Tras el autogolpe de Castillo en diciembre del 2022, se creyó que su cuñada también sería asilada en México, pero esta idea fue desmentida por Marcelo Ebrard.
Los dos hermanos de Lilia Paredes son investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de organización criminal y lavado de activos.
Walter Paredes Navarro y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama. Foto: composición/ difusión
Para el Ministerio Público, David y Walter Paredes Navarro cumplieron el rol de bisagras en el esquema criminal presuntamente liderado por Pedro Castillo, en el que serían los testaferros e intermediarios entre el Palacio de Gobierno y las empresas JJM Espino, y Destcon Ingenieros & Arquitectos, empresas de las que son propietarios Hugo y Angie Espino, respectivamente.
Las investigaciones de la Fiscalía contra ellos se iniciaron el 27 de julio, luego de que se supiera que los hermanos de Lilia Paredes depositaron un total de 90.000 soles a las dos empresas. Este dinero ha sido interpretado por el Ministerio Público como parte de una coima para lograr la buena pro de obras públicas.
A inicios de este año y con el transcurso de las investigaciones por el caso Puente Tarata III, la fiscal Karla Zecenarro implicó a los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, al señalar que ambos se encargaban de coordinar con el ex jefe de Estado y con el prófugo Juan Silva las adjudicaciones de obras públicas concertadas ilegalmente.
En el caso de Fray Vásquez Castillo, las imputaciones son más graves, pues este, aparte de coordinar con Castillo, también habría mantenido reuniones con los empresarios ganadores de las licitaciones y posteriormente concertaría con Silva Villegas.
Sobrino. Jaime Vásquez Castillo es hermano del fugado Fray. Foto: Carlos Contreras/ La República
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Según Zecenarro, “el presidente le aprobaba al ministro Silva todo lo que sus sobrinos pedían”. Por ello, se pidió para Fray Vásquez y Gianmarco Castillo una medida de prisión preventiva, lo que generó su fuga y desaparición.
Posteriormente, en mayo del 2022, el Poder Judicial revocó esta medida en contra de Gianmarco Castillo por el delito de colusión agravada en organización criminal, pidiéndose por él solo una comparecencia con restricciones. Ello generó la reaparición de Castillo Gómez y su salida de la clandestinidad.
Mientras tanto, sobre Fray Vásquez Castillo, esta medida no se redujo, en cambio, se creó un equipo especial a cargo del coronel Harvey Colchado, la División de Búsqueda, que pasaría a apoyar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, que fue instaurado durante la gestión del exministro del Interior Mariano González.
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En setiembre se reveló la presencia de un tal “Lay Vásquez Castillo” en el avión presidencial durante un viaje rumbo a Chiclayo que se realizó el 23 de junio. Existió una fuerte sorpresa sobre la identidad de “Lay”, quien estaba consignado con un número de DNI falso y que tenía un nombre muy parecido al de Fray. Estas sospechas intentaron ser aplacadas por el Ejecutivo, que indicó que se trataba de Yoni Vásquez, hermano del prófugo.
Fray Vásquez se mantiene hasta la fecha en la clandestinidad.
El esquema en que quedaron involucrados Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Foto: composición LR
Este es el último de los casos contra un familiar de Pedro Castillo e implica al hermano mayor de Fray Vásquez, Jaime Vásquez Castillo.
El caso que lo implica comenzó a finales de octubre de este año, en el ocaso del Gobierno de Pedro Castillo, durante el cual un exfuncionario de la Superintendencia de Bienes Nacionales lo acusó de ubicar a trabajadores en esa entidad a cambio de una parte de su sueldo y posteriormente, con apoyo de Edgar León Ordoñez y Roger Gavidia, exigir cuantiosas sumas de dinero para mantenerse en el cargo.
La Fiscalía de la Nación ya ha puesto los ojos sobre Jaime Vásquez Castillo, quien ha negado toda cercanía o colusión en actos delictivos.
Jaime Vásquez Castillo fue acusado de haber usado a un operador en la SBN para ubicar funcionarios en la institución a cambio de una parte de su sueldo. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República