Hace una semana, cuando el congresista no agrupado Edward Málaga comenzó la recolección de firmas para la tercera moción de vacancia presidencial, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció que iba a apoyarla. Sin embargo, la legisladora Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, dijo que se iba a abstener de suscribirse.
La razón es que, de sumar su firma, iba a arriesgarse a que, desde quienes defienden al presidente, esa rúbrica sea vista como un adelanto de opinión ante el próximo debate, en la mencionada subcomisión, del informe de calificación de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario Castillo por presuntos actos de corrupción en su Gobierno.
La moción de vacancia de Málaga se sostiene en parte en las investigaciones que ha venido realizando el Ministerio Público contra el presidente Castillo. Apoyarla es tomar postura sobre hechos que en la Subcomisión son investigados.
“No puedo firmar porque tengo a cargo la calificación de la denuncia. La moción recoge puntos de la denuncia, firmarla me haría perder imparcialidad. Los demás miembros no tienen ese impedimento, en mi caso sí porque recae en mi la calificación. Solo por eso, por lo demás, mi voto no está en cuestionamiento”, respondió Camones a La República.
La cuestión es que 12 legisladores integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (ver fotos) sí suscribieron la moción de Málaga. Para distintos juristas consultados por La República, el hecho de que ellos hayan firmado el pedido de destitución puede traer complicaciones en la discusión de la denuncia constitucional contra el presidente.
“Justamente porque ellos son los que van a hacer la calificación. Deberían inhibirse porque con ese adelanto de opinión, más sin son miembros de la SAC, si es que no se plantea la inhibición, se estaría tolerando ese rol”, explicó el abogado Jorge Zúñiga Escalante, quien fue asesor en la Comisión de Constitución del Congreso.
“La cuestión no es muy clara en el reglamento del Congreso, pero lo que se puede establecer como un mínimo, para respetar las pautas del debido proceso, es que el presidente de la Subcomisión y quien haga de delegado no deberían participar en actos de denuncias o firmando la acusación porque eso viciaría el debido proceso”, puntualizó el jurista Pedro Grández.
Dentro del proceso del antejuicio político, cuando se debate la denuncia constitucional contra el presidente, la Subcomisión delegará a un congresista ponente que elabore el informe final de este caso. ¿Qué pasará si ese ponente es alguien que firmó la moción de vacancia?
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“Creo que el problema podría venir cuando ya no se discuta la admisibilidad, sino el fondo del tema. Para ser cuidadosos, tal vez hubiera sido mejor que no firmen”, alertó la exministra de Justicia Ana Neyra.
“Yo diría que no es adelanto de opinión por lo de la vacancia, sino por lo que han declarado antes, técnicamente quien integre la Comisión Permanente pone su voto para investigar. Creo que lo más problemático es la etapa de los votos, la decisión es por números, no les piden fundamentos, es por mayoría simple y por infracción constitucional”, comentó la constitucionalista Beatriz Ramírez.
Para el constitucionalista Pablo Rioja la vacancia y el antejuicio son procesos diferentes. No obstante, agregó, “posiblemente (la defensa legal del presidente, en este caso) interponga una alguna acción de amparo si alguno de los ponentes ha planteado la moción de vacancia, porque van a buscar dilatar”.
Los demás integrantes de esta comisión que no se sumaron al pedido de vacancia son del bloque de izquierda-oficialista, que no apoyará la destitución y tampoco la acusación contra Castillo.
Estos son los 12 integrantes de la SAC que firmaron moción de vacancia contra Castillo. Foto: composición/ Congreso