Jorge Salas Arenas: “Considerar que los discursos de odio y las amenazas son ejercicio de la libertad de expresión es perverso”
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones se refirió a las amenazas sufridas hacia su persona y sobre los ataques contra los organismos electorales.
“Nuestra consigna es enviarle a la cárcel a este prevaricador, a este fraudulento, o la muerte”. La amenaza salió de la boca de Roger Ayachi, uno de los más visibles miembros de la organización de ultraderecha ‘Los Combatientes’, y fue lanzada contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Los organismos electorales se encuentran bajo ataque desde el 2021, cuando el sector político que perdió en los comicios de ese año alegó un “fraude en mesa” para tratar de revertir los resultados, pero sin presentar una sola prueba. El titular de la institución electoral responde sobre estos temas en la siguiente entrevista.
― El jueves, ‘Los Combatientes’, un movimiento de ultraderecha, se plantó al frente del local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se le escuchó a uno de sus líderes proferir amenazas de muerte en su contra. Esto se enmarca en una serie de ataques políticos contra el sistema electoral que no son recientes, sino que vienen desde la campaña de 2021. Han pasado dos años ya.
― Así es. Se pidió la intervención del Ministerio Público, se levantó un acta, aunque cuando los hechos ya habían terminado y se le ha hecho un planteamiento. La dirección central del JNE hizo este pedido en protección de quien habla. Hay que esperar la respuesta en los siguientes días.
― ¿Por qué cree que se mantiene esta ofensiva en contra de los organismos electorales?
― Porque a alguien le conviene mantener vivo el fantasma del falso fraude, no sé si es porque le reditúa popularidad o porque permite concentrar o mantener cohesionado a un sector. Lo que se quiere es remover a los miembros de los organismos electorales porque no les dimos la razón, y no se la dimos porque los ciudadanos votaron tal como creyeron razonable hacerlo. Las elecciones deben ser democráticas, libres e igualitarias. Vale tanto el voto de quien tiene calzado como el que no lo tiene, del que vive en una zona de gran desarrollo económico como el de quien vive en zonas de pobreza o pobreza extrema. El voto igualitario obliga en democracia a que se respete la voluntad popular.
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― ¿Estos ataques se mantienen por una suerte de venganza por no haberles dado la razón a quienes aseguraban que se produjo un fraude en mesa en el 2021?
― Lo ha resumido bastante bien. Las misiones de observación electoral, las que vinieron de varias partes de América y Europa y una de acá, terminaron concluyendo que las elecciones fueron de acuerdo con los estándares internacionales. The Economist, en su evaluación de la democracia en el Perú, ha puntuado a todo el sistema electoral con 8.5 sobre 10. El Perú, de acuerdo con The Economist, ha descendido a ser una democracia híbrida. El más bajo puntaje es el de ciudadanía, es decir, el conocimiento y compromiso del colectivo social con la realidad. Es contradictorio que se quiera extirpar, sacar a quienes han obtenido una puntuación de esa naturaleza por su labor. Es quizás lo que mantiene al Perú en el nivel de democracia híbrida -lo que no es ningún orgullo-, cuando tendría que haber descendido probablemente a autoritarismo.
Revancha. Desde el Congreso se ataca al sistema electoral. Foto: difusión
― Entonces, ¿para usted la democracia peruana está en retroceso?
― Es así. Su conclusión vuelve a ser correcta.
― Lo de las amenazas es una parte. La otra es la pretensión del Congreso para que los miembros de los organismos electorales sean incluidos en el artículo 99 de la Constitución y sean sometidos a juicio político. Esto viene luego de una exhortación en ese sentido del Tribunal Constitucional (TC). Se aprecia un juego coordinado entre ambas instituciones. ¿Qué piensa?
― Si usted no acierta del todo, me parece que está muy cerca.
― ¿Por qué cree entonces que hay un juego coordinado entre el TC y el Congreso?
― El sistema interamericano -es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH- se ha pronunciado de manera reiterada en favor de que los jueces, en general, no deben estar sometidos al juicio político, como una garantía para la prevalencia de la democracia. Recientemente, la Corte IDH se pronunció en el caso Aguinaga Aillón (versus Ecuador) señalando que es inconveniente y contrario al desarrollo de la democracia que se realice el juicio político a los integrantes de los organismos electorales. A pesar de esos pronunciamientos de la Comisión y la Corte, el TC, en una acción competencial promovida por el Congreso, ha dicho varias cosas que estimo desacertadas. Una de ellas es, justamente, que se debe extender el artículo 99 para el antejuicio y juicio político a las autoridades electorales. Otra, que quien le habla, al provenir del fuero…
― ¿Judicial?
Así es, que, al provenir del Poder Judicial, como ya soy juez de la Suprema, se me puede acusar constitucionalmente de manera directa, sin necesidad de modificar la Constitución. No se toma en cuenta que, por mandato constitucional, estoy con licencia funcional de mis tareas judiciales para desarrollar solo las electorales. Que los jueces de las altas cortes y los representantes de los organismos electorales sean objeto de juicio político, dice el sistema interamericano, significaría someterlos o colocarlos en un estado en donde su autonomía e independencia sería tan solo una declaración. Esto coloca al Perú en una situación de riesgo de la democracia. Aquí hay una tercera ola de ataques contra el JNE y en particular contra mí en el contexto de la sentencia del TC que usted ha mencionado, en donde, además, se resuelven situaciones que me atañen: se anula una acción de amparo que me favorecía y se me notifica la condición de partícipe en el proceso trece días después de que el proceso terminó. ¿Para qué? Eso tiene un sabor completo a burla. Si eso ocurriera en un proceso común, la resolución de fondo sería totalmente nula porque estaría pronunciándose sobre una persona que nunca fue citada, que no se le otorgó la posibilidad de decir lo que tenía que decir. Eso es un derecho procesal básico. En fin, tal parece que, para el TC, en el caso de quien habla, eso no es relevante.
― Ha dicho que “hace veinte años fuerzas retrógradas coparon la ONPE, el TC” y otras instituciones para hacer prevalecer sus criterios políticos. ¿Observa un paralelo con lo que ocurre ahora?
― Me parece que sí. En ese tiempo era más joven. Siento sonidos similares. Siento que hay una receta antigua, preparada por un exasesor que se encuentra hoy día preso en la Base Naval del Callao (Vladimiro Montesinos).
― ¿Estamos ante un autoritarismo congresal? Distintos observadores han advertido esta situación.
― He escuchado ese planteamiento. Yo espero que no lleguemos al autoritarismo. Hay que trabajar para eso. Estábamos yendo a distintas regiones para explicar qué es la democracia y cómo funcionan sus organismos. Esa es una labor que la ley le otorga al JNE, mediante sus órganos educativos, que ahora están parados en la práctica por falta de presupuesto.
― ¿Teme por su vida?
― Creo que todos, ¿no?
― No creo que todos temamos igual. Claramente usted se encuentra en una situación diferente.
― Si se refiere a la situación concreta (de la amenaza de muerte), tengo que decirle que pueden ejecutar sus amenazas. Sí, lo pueden hacer. Y el Estado debería tomar las medidas para evitar que eso se produzca. Considerar que los discursos de odio y las amenazas son ejercicio de la libertad de expresión es perverso y una distorsión fatal que se va a asentar en la sociedad al punto que este va a ser un país, si es que no lo remediamos, invivible.
― La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a usted medidas cautelares “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Perú”. Entiendo que ahora ha pedido que intervenga la Corte IDH. ¿En qué va ese proceso?
― Quien tiene que formalizar el pedido es la Comisión, estamos en eso. En el Perú, sobre todo la autoridad policial pero también algunos fiscales, se considera que los pronunciamientos de la Comisión Interamericana son criterios, directivas, orientaciones…
― Saludos a la bandera, básicamente.
― Sí. Lo que sí consideran en firmes -es decir, irrebatibles- son a las decisiones de la Corte IDH. Entonces, en vista de que en el país hay esa cultura del desconocimiento de los mandatos de la Comisión, se ha pedido que la medida cautelar escale a una medida provisional. Eso es lo que se busca conseguir.
― ¿Ha pensado en la posibilidad de renunciar? Sus detractores dicen que lo que usted quiere es aferrarse al cargo.
― Es que no se trata de aferrarse al cargo, se trata de cumplir el deber. Nada más. Tendría que tener un motivo razonable para renunciar, que no puede ser un capricho político. Si no, ahí está la receta: lo que hay que hacer es mortificar al presidente de la República hasta que se vaya, mortificar al juez tal hasta que se vaya, al fiscal tal hasta que se vaya. Pero la democracia no funciona así. La democracia funciona con el respeto de la autoridad legítimamente elegida. Y ese es mi caso y el de los otros componentes del JNE. A nosotros no nos elige el Parlamento. A los miembros del TC, sí. Esa es la fórmula, ¿no? Fastidiar, incomodar. Es como decirle a alguien que te tienes que ir de acá porque eres incómodo para mí. Eso, como le digo, es un capricho puro. Así no es la democracia.
― ¿Cambiaría algo de su actuación en las elecciones de 2021 o considera que estuvo por fuera de toda duda?
― Creo que, razonablemente, está fuera de dudas. Y así los observadores especializados lo han señalado. No tengo motivos para pensar en que deba cambiar decisiones que tomé o algo por el estilo.
