Congreso abusa del juicio político para someter a sus detractores
Grave. La reciente denuncia contra Vizcarra y Del Solar, pese a que es inviable según diversos juristas, es el preludio de que en la próxima legislatura continuarán los intentos de inhabilitar a sus contrincantes. También van por el titular del JNE y la JNJ.
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El Congreso utiliza el juicio político para inhabilitar a sus detractores y rivales políticos.
El caso más reciente data del 25 de junio. Ese día, el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, el ex primer ministro Salvador Del Solar y sus exministros por la disolución del Congreso en setiembre del 2019.
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La acusación se sostiene en que aquella decisión fue inconstitucional porque Vizcarra apeló a la denegación fáctica de la cuestión de confianza para disolver el Parlamento.
El 20 de junio, el Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia, precisó que esa interpretación no es constitucional.
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El fallo corresponde a un conflicto competencial que nació cuando el expremier Aníbal Torres quiso también apelar a la “denegación fáctica” de la confianza en 2022, dejando entrever que había en el Gobierno la intención de cerrar el Congreso.
Gabinete 2019. Del Solar y exministros fueron denunciados. Foto: Jhon Reyes/La República
La cuestión es que el mismo día que se conoció el fallo, en una entrevista en Canal N, el presidente del TC, Francisco Morales, precisó que esa resolución no es retroactiva.
Con esta interpretación han coincidido diversos juristas consultados por La República.
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La expresidenta del TC Marianella Ledesma recalcó que de ninguna manera esta decisión se aplica para casos pasados. “Toda sentencia, al igual que la ley, tiene efectos hacia futuro. Nada es retroactivo”, respondió a este diario.
El constitucionalista Pedro Grández recuerda que luego de la disolución del Parlamento hubo un conflicto competencial. En 2020, el Tribunal en ese veredicto validó la decisión que había tomado Vizcarra. “El TC estableció que el expresidente no infringió la Constitución”, afirmó.
El jurista Adrián Bazo Cannock comentó, en la misma línea, que las sentencias que tienen que ver con conflictos competenciales no tienen efectos retroactivos. “Según el propio artículo 112 del Código Procesal Institucional”, puntualizó.
En la mira. Renovación Popular también denunció a la JNJ . Foto: difusión
El propio presidente del TC, Francisco Morales, por eso, ha recordado que la disolución del 2019 es cosa juzgada. Vizcarra se lo recordó en Twitter a Muñante y el congresista le respondió: “Deje que mi “absurda denuncia” se caiga entonces, ¿por qué tanto miedo?”.
Lo que sucede en el Congreso, para la exministra de Justicia Ana Neyra, es que las bancadas “han logrado unas coincidencias que realmente usan para hacer todo acorde con sus prejuicios”. Es decir, en esta institución, antes de la razón, prima la fuerza de los votos.
Y el caso de Vizcarra y Del Solar no es el único que sería discutido en la próxima legislatura.
Van por el JNE y la JNJ
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso también deliberará la denuncia constitucional de la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, por haber contratado los servicios del politólogo Fernando Tuesta y designar al abogado Vicente Sánchez accesitario en el Jurado.
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También está la denuncia del congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por resolver que la magistrada Inés Tello continúe en el cargo pese a tener más de 75 años.
El objetivo es claro: buscar la inhabilitación de la función pública de estos denunciados.
Bazo Cannock menciona que, por ejemplo, en la situación de Vizcarra, podría recurrir a la Corte Suprema, de resultar inhabilitado.
Los parlamentarios, no obstante, se consideran eximidos del control judicial. Aferrándose a la independencia de poderes, rechazan cualquier veredicto del Poder Judicial contra sus decisiones. Así lo hicieron cuando recompusieron la Sunedu y eligieron al exabogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como defensor del Pueblo.
Los aliados sienten que sus decisiones son intocables.
