JNE pide a Patricia Benavides que adopten acciones penales ante amedrentamientos de La Resistencia

Tras las graves amenazas lanzadas por el líder de la facción ultraderechista Los Combatientes, Roger Ayachi, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, el último jueves 6 de julio, el director central de gestión de dicha institución emitió un oficio dirigido a la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. En el documento exclusivo, al que tuvo acceso La República, se solicita a la fiscal que "adopte acciones urgentes" ante la amenaza de muerte de Ayachi, quien ha sido relacionado con el grupo violentista La Resistencia en diferentes ocasiones.

En el oficio N.° 000444-2023-DCGI/JNE, el magistrado Daniel Eduardo García Vásquez, del JNE, requirió la medida cautelar N.° 607-2021, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se brinde la protección adecuada ante las acciones del grupo violentista de cual Ayachi es partícipe.

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"Requerimos con carácter de urgente que se ejercite la acción penal correspondiente y se investigue a los integrantes de los colectivos organizados existentes y todos aquellos que mantienen similar modus operandi de azuzar a la ciudadanía con mensajes de contenido radical en los diferentes medios de comunicación digital y escrita", se precisa en el documento enviado a Benavides este viernes 7 de julio.

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Asimismo, García Vásquez afirmó que este no era un hecho aislado, sino sistemático en el tiempo. Dicha afirmación tendría un sustento, pues meses atrás, el presidente Jorge Salas Arenas fue amedrentado por una publicación en Twitter en la que le enviaron una bala entre los comentarios; no obstante, las acciones del Ministerio Público para sancionar los excesos de estos grupos extremistas ha sido casi nula.

El último jueves, fuentes cercanas al JNE afirmaron a La República que, en el momento en el que ocurrió la amenaza de muerte en la protesta, un trabajador de la Fiscalía de la Nación estaba entre los manifestantes. Dicha fuente reconoció a la trabajadora del Ministerio Público Esther Epifanía Saldaña Lázaro, quien defendió las proclamas con las que Ayachi afirmaba su intención de atentar con la vida de Salas Arenas.

Según Saldaña Lázaro, estas amenazas "eran un acto de protestas amparado por la Constitución". Asimismo, aseveró que su presencia correspondía a un ejercicio de "atención a los reclamos de quienes protestaban" a fin de fungir como "representante de la sociedad".