César Muñoz: “No había justificación en el uso de armas letales”
El director asociado para las Américas de la organización Human Rights Watch se refirió a las muertes ocurridas en protestas por la acción de las fuerzas del orden. “Para calificar una ejecución extrajudicial, esto debe ser causado por un agente del Estado; debe ser deliberado, y con intención de causar daño”, señaló.
César Muñoz, director asociado de Human Rights Watch (HRW), explica la gravedad de la respuesta desproporcionada del Ejército y la Policía durante las protestas sociales en Perú con la consecuencia de 49 muertes. Desde su punto de vista, es crucial convocar a expertos internacionales para las investigaciones.
— ¿Por qué los asesinatos cometidos por el Ejército y la Policía durante las protestas en Perú calificarían como ejecuciones extrajudiciales?
En el derecho internacional, para calificar una ejecución extrajudicial hay varios elementos: debe ser causado por un agente del Estado; debe ser deliberado y sin ningún tipo de control judicial, y debe haber intención clara de causar daño. Esos elementos los vemos en muchos casos (en Perú). Cuando se usa un arma letal, es previsible que habrá daño grave, incluso la muerte.
— La investigación recoge, precisamente, relatos y testimonios de Ayacucho…
El ministro de Defensa (Jorge Chávez) me dijo que en Ayacucho una patrulla militar había sido emboscada. Sin embargo, las muertes se produjeron en lugares muy diferentes y en un periodo de más de cuatro horas; entonces, se descarta que hubo una emboscada.
— Ustedes señalan que hay 125 heridos de bala y que la cifra podría ser mayor. Llama la atención que no haya claridad del Gobierno sobre este punto.
Hay un problema de transparencia y una falla del Gobierno en investigar. Es verdad que la Fiscalía debe investigar, pero eso no exime de responsabilidad al Ministerio del Interior de saber qué ocurrió y por qué la Policía utilizó armas letales. Tenemos casos de heridos de bala que no están en la lista del Ministerio de Salud.
— De las autopsias que ustedes revisaron, en 34 casos los impactos de balas fueron en partes superiores del cuerpo. ¿Esto evidencia un patrón de ataques direccionados?
Claramente, esa ubicación de los disparos conlleva a establecer que los agentes apuntaron a esas personas. Las fuerzas de seguridad de todo el mundo son entrenadas para disparar al cuerpo, bajo el criterio de que su vida está en riesgo. El problema es que en estos casos no había esa circunstancia que justifique el uso de armas letales.
HRW cuestiona uso de la fuerza por parte de Gobierno de Boluarte. Foto: Kleber Sánchez/ La República
— Y 21 de los asesinados eran transeúntes, observadores, o auxiliaban a los heridos.
Eso muestra el carácter indiscriminado del uso de la fuerza. Tenemos muchos ejemplos, como una persona en Juliaca que estaba con una brigada de primeros auxilios y murió por un disparo.
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— Ustedes relatan también deficiencias en las investigaciones fiscales.
Identificamos fallas muy importantes. Hay acciones de investigación que solo se pueden hacer al principio. Ese momento es fundamental. Por ejemplo, resguardar el lugar de los hechos, recoger evidencias, decomisar las armas, efectuar las pruebas de absorción atómica. Si no realizan estos actos, es lamentable porque puede comprometer la investigación.
— ¿Por qué una comisión de expertos internacionales debe participar en la investigación?
Un grupo de expertos internacionales puede actuar con mayor independencia, en un contexto de polarización. Su función sería respaldar las investigaciones penales y elaborar un informe. Eso ocurrió en Bolivia, México y Nicaragua. Legalmente, se tendría que hacer un acuerdo, con las competencias, y este grupo debería tener acceso a los expedientes.
