Avelino Guillén: "Es dramático que la respuesta del Estado frente al derecho de protesta sea la muerte"

El exfiscal y exministro del Interior Avelino Guillén analiza en la siguiente entrevista la actuación del Ministerio Público en las investigaciones sobre los asesinatos perpetrados durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Advierte que los cambios realizados en las fiscalías no ayudarán al esclarecimiento de los hechos. 

—¿El caso de las tesis no habidas de la fiscal Patricia Benavides le resta idoneidad para ocupar el cargo?

—Ella debe responder de inmediato. Debe detallar los procedimientos que se siguieron para optar los grados académicos. Los ciudadanos tienen desconfianza frente a los altos funcionarios y estos deben dar muestras contundentes de que su actuación es correcta.

—Los cambios hechos en fiscalías especializadas en derechos humanos —en teoría— tienen el objetivo de investigar los asesinatos cometidos en las protestas. ¿Son oportunos?

—El traslado de las investigaciones a un equipo especial centralizado en Lima va a entorpecer el cabal conocimiento de los hechos y va a impedir la acción de la Justicia sobre los responsables de las ejecuciones extrajudiciales en Lima y otras regiones. Ha sido un gran error estratégico de la Fiscalía. En algunos casos, las investigaciones ya venían avanzando, como en Ayacucho. Lo que se ha conseguido con eso es paralizarlas.

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Con mucha pena, se va a generar impunidad. No es solo un retraso indefinido a la sanción y la declaratoria de culpabilidad de quienes ejecutaron las muertes. También se impedirá que se conozca todo lo que aconteció a partir del 7 de diciembre de 2022. Como muestra tenemos el caso de Bustíos: 34 años para investigar un hecho. Esa es la respuesta del Estado frente a un crimen horrendo.

—Si con el caso de Bustíos demoramos 34 años, ¿por qué no pensar que este equipo especial podría ayudar?

—La mayoría de las investigaciones por derechos humanos demoran de 15 a 17 años a más y todo se centraliza en Lima. La Sala Penal Nacional funciona ahí y los testigos y las partes tienen que trasladarse permanentemente, lo cual implica costos. Si realmente se quiere avanzar con el debido esclarecimiento, lo que el Ministerio Público (MP) debía hacer es reforzar y respaldar a las fiscalías de derechos humanos. En cambio, se las ha desmantelado. Lo importante es trabajar el tema de la respuesta del sistema de justicia.

—Frente a graves violaciones de derechos humanos.

—Correcto. No es de ahora. El MP siempre ha tenido ese problema. Nacimos mal en ese punto, siempre ha habido una debilidad en investigaciones sobre derechos humanos, por crímenes horrendos, y eso lo saben los integrantes de las fuerzas del orden. Saben de la debilidad institucional de MP. Por eso actúan con impunidad y con la seguridad de que nada les va a pasar en el plazo corto.

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—¿Estos cambios han sido realizados de buena fe o puede haber algún cálculo político?

—Se pretende que todos los casos dependan de una voluntad, de la sede central del Ministerio Público. No está bien. Hay que dar muestras de respaldo a la labor de los fiscales para que trabajen con independencia. Querer controlarlo todo no es adecuado. Lo que corresponde es evaluar con rigurosidad la labor fiscal y respaldarla institucionalmente. Ha habido un mal asesoramiento que llevó a la fiscal a una medida que no va a generar éxito. Y ya lo vemos: las primeras muertes fueron en diciembre…

—En Andahuaylas.

—Y no se conoce de avances importantes en las investigaciones. La Fiscalía, en materia de derechos humanos, siempre da la impresión de que estuviera paralizada. Eso es algo penoso. No es algo que se le pueda atribuir a la actual gestión. Siempre ha habido abandono, sin personal adecuado y sin el respaldo económico debido.

—¿A la presidenta Dina Boluarte se le podría atribuir alguna responsabilidad penal por las muertes?

—Cuando la señora Boluarte juramentó al cargo por sucesión constitucional, lo hizo hasta julio de 2026. Eso atizó y generó una reacción popular a nivel nacional. Su juramento fue una provocación. Luego, se etiquetó a las protestas como un accionar terrorista, está en las actas del Consejo de Ministros. A eso hay que sumarle la declaratoria de emergencia. Yo sé por experiencia propia que las fuerzas del orden consultan sobre la forma en que deben responder a una protesta popular. 

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—¿Al poder político?

—Exacto, no se lanzan por su cuenta. Preguntan cómo deben actuar. Y así proyectan sus planes de operaciones. Además, la señora Boluarte y el señor Otárola han salido a respaldar, frenéticamente, el accionar de las fuerzas del orden. Siempre ocurre. Quien ejecuta exige al poder político un respaldo…

—De tipo político.

—Así es, un respaldo político a la acción por desarrollar. Recuerde la conducta de Alberto Fujimori frente el accionar del Grupo Colina. Hay evidencia probatoria y estoy seguro, convencido, de que, cuando retorne al Perú la democracia a plenitud, la Justicia tendrá que decir su palabra. Tiene que existir proceso sobre esto.

Es dramático que la respuesta del Estado frente al derecho de protesta sea la muerte. Y salen ante la televisión a ufanarse de haber matado o de no haber hecho nada para evitar esas muertes. Y lo dicen con una frescura, como si estuvieran hablando de sus nietos. La ausencia de compasión es lo más resaltante en este Gobierno. Es espantoso.

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—¿El Perú dejó de ser una democracia?

—Formalmente vivimos en una. La sucesión fue constitucional. Con el autogolpe, Pedro Castillo quiso concentrar el poder en su persona y eso fue una conducta delictiva contundente. Dicho esto, lo que vivimos ahora es un régimen autoritario con un recorte brutal de los derechos civiles, donde se reprime con demasiada fuerza cualquier atisbo de protesta de los ciudadanos. Los hermanos del sur lo que exigen es su derecho a participar en política. Y eso se les pretende negar. Ya se les escuchó su voz en Lima y veremos cómo votan en las elecciones.

—Eso ya será el 2026. Porque nadie se quiere ir.

—Ellos quieren quedarse más allá. A eso apuntan, a que el proceso del 2026 solo sea un acto burocrático para elegir a un representante de ellos, de la coalición gobernante. Por eso quieren controlar a los organismos electorales.