Familiares de víctimas pedirán a Fiscalía peritaje de los fusiles Galil
Evidencia. Fiscal de Ayacucho, Karen Obregón, obtuvo los registros del retiro del armamento de la Segunda Brigada de Infantería Wari, que identifica los nombres de los efectivos que recibieron el arma el 15 de diciembre, día de la muerte de diez personas.
La fiscal Karen Obregón Ubaldo consiguió los registros de la distribución de fusiles Galil a los oficiales, suboficiales, técnicos y soldados que participaron en la represión de las manifestaciones del 15 de diciembre en Ayacucho. Los registros contribuyen a la identificación de los probables autores de los disparos que causaron la muerte de diez civiles.
Como ha informado La República, la Segunda Brigada de Infantería entregó a la fiscal de Ayacucho la lista del personal militar que salió a las calles el día de los hechos de sangre. De la totalidad de 218 efectivos desplegados, 61 de ellos fueron distribuidos en las patrullas 1, 2, 10, 16, 18 y 19, en cuyos ámbitos geográficos de acción las diez personas recibieron los mortales impactos de bala.
El Ejército ha proveído a la fiscal la identificación de los uniformados que conformaron las seis patrullas y a qué unidades pertenecían. Karen Obregón intervino en la sede de la Segunda Brigada de Infantería para recoger los cuadernos de registro de los fusiles que estos militares usaron el 15 de diciembre.
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Para determinar quiénes usaron los fusiles Galil, la fiscalía evalúa disponer el peritaje del armamento. La defensa de las víctimas informó a este diario que solicitará a la fiscal Karen Obregón el peritaje del armamento que se usó el 15 de diciembre, para determinar quiénes fueron los que usaron sus fusiles.
La defensa indicó que los testigos y los heridos de la violenta jornada del jueves 15 de diciembre han entregado a la fiscal Obregón los casquillos de los proyectiles que dispararon los militares, para contribuir en la identificación de los autores de los disparos, para lo que es necesario un peritaje balístico.
La ruta de los Galil
Según el protocolo, una vez reconocidos los fusiles que fueron usados el 15 de diciembre, procederá el interrogatorio a los efectivos para que expliquen si actuaron por su cuenta o recibieron órdenes de sus superiores para transgredir el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que prohíbe a los uniformados disparar indiscriminadamente a personas desarmadas y que no son un peligro.
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Los cuadernos de la asignación de los fusiles Galil corresponden a la Segunda Brigada de Infantería Wari, Compañía de Policía Militar n.° 2 S1, Compañía de Comunicaciones n.° 2, Compañía de Comando n.° 4, Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado n.° 2 José Olaya y la Compañía de Comando n.° 2.
En los mencionados registros a los que ha tenido acceso La República aparece el grado y los nombres y apellidos del efectivo militar, el tipo de armamento asignado, el código de identificación del mismo y la firma del efectivo que lo ha recibido.
Como ha informado este diario, que logró acceso a los peritajes balísticos forenses practicados a nueve de los diez fallecidos, la conclusión a la que llegaron los especialistas es que todos presentaban heridas de bala calibre 5,56 mm, compatible con el tipo de proyectil que disparan los fusiles Galil.
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Incluso, en el cuerpo de unas de las víctimas, Edgar Prado Arango, se encontró una bala de las características mencionadas.
No hay duda de que los efectivos de las Segunda Brigada de Infantería Wari, cuyo comandante general es el general de brigada EP Jesús Vera Ipenza, usaron sus fusiles Galil de reglamento para repeler las protestas del jueves 15 de diciembre.
En un informe a la fiscal Obregón, el propio general Jesús Vera comunicó que el día de los hechos estaba al frente de la Segunda Brigada de Infantería Wari. Lo acompañaron como jefe de Estado Mayor el coronel EP Leonardo Huamán Gabino y jefe del Estado Mayor Operativo el coronel EP Luis Vivanco Palomino. También como G1 (Personal), el teniente coronel Jorge Lozano Bustamante; G2 (Inteligencia), el mayor Aldo Sánchez Retuerto; y G3 (Operaciones), teniente coronel EP Juan Florentini Zevallos, entre otros.
La fiscal Karen Obregón también ha obtenido los apellidos y nombres de los efectivos que conformaron las patrullas 1, 2, 10, 16, 18 y 19. Estos militares fueron asignados a los puntos críticos donde cayeron abatidas las diez personas.
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La investigación fiscal incluye a los heridos de bala que se encuentran en la mayoría de casos en los hospitales de la región.
La autoridad busca determinar si las heridas de bala de estas personas también corresponden a proyectiles de calibre 5,56 que disparan los fusiles Galil.
El propósito de esta parte de la indagación es verificar si existió un patrón en los disparos. Es decir, si los presuntos autores respondían a un mandato superior y no a la iniciativa de los subalternos.
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La hipótesis fiscal sería que existió una orden de usar el armamento reglamentario, ya que se presume que los militares actuaron al margen de lo que indica el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), vigente desde 2022. El RUF describe las diferentes situaciones de riesgo de vida en las que militares y policías podrían hacer disparos contra los agresores. Describe cada una de las situaciones en las que eventualmente el efectivo puede recurrir a su armamento de reglamento.
¿Muertos por el mismo patrón de disparos?
Los disparos indiscriminados, esto es, cuando no existe un motivo de riesgo de vida, no solo fueron registrados en Ayacucho. La misma modalidad se ha repetido en Andahuaylas, Juliaca, Macusani, Pichanaki, Arequipa y Cusco, localidades en las que civiles perdieron la vida por disparos de arma de fuego. La mayor parte mediante fusiles de la PNP.
Esto significa que la represión sin respetar el RUF podría haberse originado de una orden superior.
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Repartición de fusiles galil
Registros de la Segunda Brigada de Infantería Wari contienen la identificación de los militares que recibieron fusiles Galil el día que fueron asesinados 10 civiles en Huamanga.
