“Son de Sendero Luminoso. No es que actuaban al estilo Sendero Luminoso. Es Sendero Luminoso con una nueva modalidad, con nueva una forma de actuar distinta”, declaró a La República el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), general PNP José Zavala Chumbiauca, al referirse a los siete detenidos en Ayacucho, a los que se les acusa de supuesta pertenencia a una organización terrorista.
Entre los arrestados se encuentran la presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), Rocío Leandro Melgar; la vicepresidenta, Estéfany Alanya Chumbes; el secretario de actas, José Manay Pillaca; y el jefe de prensa, Fernando Quinto Cuba.
De acuerdo con el jefe de la Dircote, por órdenes de la dirección senderista, encabezada por Elena Iparraguirre Revoredo, viuda del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reinoso, sus seguidores infiltraron la Fredepa con el objetivo de generar caos.
“Su fin último es la toma del poder mediante la desestabilización del Estado y reemplazarlo por una República Popular de Nueva Democracia, con una nueva Constitución. El fin que persiguen es el camino al comunismo puro”, señaló.
Según el jefe de la Dircote, en una audiencia judicial, Elena Iparraguirre exhibió un cartel donde se leía: “No a la impunidad del asesinato de Abimael Guzmán” en una audiencia judicial, el mismo lema que en una marcha del Fredepa también se difundió, de acuerdo con el general Zavala. “Esto probaría que siguen las consignas que la dirección del partido (senderista) emite desde la cárcel”, dijo.
Sin embargo, el abogado Jack Diburga Cuba dijo a este diario, luego de leer los fundamentos de la resolución judicial que dispone la detención de los cuatro integrantes del Fredepa y otros cuatro estudiantes ayacuchanos, que las imputaciones solo representan “una criminalización de la protesta, no hay evidencia de acciones terroristas”.
El abogado de Ayacucho, luego de analizar la resolución judicial que dispone la detención de dirigentes de dicho gremio, señaló que no existe evidencia de que los arrestados pertenecen a una organización terrorista y que lo que se está haciendo es criminalizar la protesta social.
“Gran parte de la sindicación dice que una persona sería de Sendero Luminoso porque camina en la calle sigiloso, precavido. ¿Cómo hay que caminar? ¿Como zombi? También dice que los sospechosos tienen comunicaciones por medios no tradicionales, como los mensajes de WhatsApp. ¿Quiere decir que las comunicaciones por WhatsApp están asociadas a las acciones terroristas? También se dice que arengar consignas en las marchas, como ‘Servir al pueblo de todo corazón’, es un lema subversivo asociado a Sendero Luminoso. Y por si fuera poco, se afirma que el pedido del adelanto de elecciones es parte de la plataforma de Sendero Luminoso. No tiene ni pies ni cabeza la acusación”, dijo Jack Diburga.
El coordinador del equipo legal encargado de la defensa de los detenidos en Huamanga, Alan Tapia Robles, también cuestionó los argumentos legales que se esgrimieron para requerir la detención de los ocho acusados (uno se encuentra en condición de no habido).
“Lo que se pone en la orden de detención preliminar como imputaciones son hechos cotidianos que cualquier dirigente de una organización social los realiza”, dijo.
“Se señala que la presidenta del Fredepa, Rocío Leandro Rocío Melgar, ha tenido reuniones con dirigentes de los mercados, desplazamientos al encabezar movilizaciones, como el 15 de diciembre del 2022, y el 10 y 11 de enero del 2023. Pero dichas actividades están constitucionalmente protegidas, como el derecho a la protesta y a la libre organización. No hay un solo elemento de convicción de relevancia en materia jurídica que se aproxime a un acto al margen de la ley o de violencia terrorista. Nos sorprende que el juzgado con puros elementos subjetivos se pronunciara por la detención preliminar”, arguyó.
Alan Tapia expresó sorpresa de que el juez del caso haya aceptado como argumento que el reclamo del adelanto de elecciones sea una consigna senderista.
La esposa del detenido Alejandro Manay Pillaca afirmó que le impidieron proporcionar alimentos, agua y abrigo a su cónyuge. “Su único delito es soñar con una sociedad más justa y humana, y me lo arrebataron”, escribió Judith C. G. en su cuenta de Facebook.
Alejandro Manay estudió en las universidades La Cantuta, San Marcos y San Cristóbal de Huamanga, y está nombrado en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Huamanga. Es un docente especializado en Historia.