Los delitos por los que se investiga a la presidenta Boluarte son preliminares

La fiscalía todavía no ha definido con precisión y certeza los delitos por los que será investigada la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, en relación con la muerte de 39 civiles, por disparos de armas de fuego, durante la represión de las fuerzas del orden, a las marchas ciudadanas de diciembre de 2022 y enero 2023.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, toda investigación es progresiva y variable por lo que en la primera fase de la investigación preliminar, se parte de una sospecha inicial o simple, que a partir de la denuncia presentada por los Ronald Atiquipa, Hercilia Tomaylla y Abimael Méndez supondría los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Anotaron que la jurisprudencia y la legislación vigente establecen que la investigación fiscal es un procedimiento progresivo y variable, que nace con una sospecha inicial o simple de la existencia de un acto ilícito y va escalando hasta tener certeza de la comisión del delito y quienes son los responsables, en la sentencia.

En este sentido, señalaron que aún no hay claridad y certeza en los delitos que habría cometido y por los que será investigada la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez y los exministro Pedro Ángulo, en su condición de ex premier; y César Cervantes, exministro del Interior.

El procedimiento

En este primer momento, la fiscal de la Nación calificó los hechos: las muertes de civiles durante las protestas, como genocidio, homicidio calificado y lesiones graves porque así lo señalan las denuncias presentadas en Apurímac y Ayacucho. Los fiscales provinciales ya iniciaron las investigaciones por esos delitos.

Las fuentes anotaron que esta calificación inicial imprecisa no genera un afectación al derecho de defensa, ni perjudica la legalidad de las actuaciones de la fiscalía, pues la jurisprudencia y la normatividad legal dictada por la Corte Suprema de Justicia reconocen que la calificación jurídica de los hechos, puede cambiar conforme avancen las investigaciones.

Algunos abogados consideron exagerado e impreciso que se investigue las muertes en las protestas por genocidio y advirtieron que esto podría estar buscando, en el fondo, la nulidad de las investigaciones por afectar el debido proceso y el derecho de defensa. La fiscalía dice que eso no es posible.

La investigación preliminar durará hasta 60 días y tiene como objetivo establecer si las muertes de civiles que participaban en las protestas constituye delito, que tipo de delito, ver si es posible individualizar al o los autores, si la acción penal no ha prescrito y preservar pruebas.

Corte Suprema

En una sentencia casatoria de octubre de 2017, la Corte Suprema definió que en la etapa prejudicial de investigación preliminar solo se necesita una sospecha inicial o simple y al fiscal solo se le solicita un cierto nivel de delimitación del delito, a partir de la experiencia criminalística, que permita determinar si los hechos han ocurrido.

“En la etapa de diligencias preliminares, no se puede exigir el nivel de precisión, claridad y especificidad que es requerido en una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o en una acusación. En esta etapa lo que se busca es saber si han tenido lugar los hechos de los que se ha tomado conocimiento, recabar los elementos de convicción e individualizar a los investigados”, de acuerdo con la Corte Suprema.

Por lo que, recién si se presenta una denuncia constitucional al Congreso, como requisito previo para avanzar a la investigación preparatoria, se iran definiendo con mayor precisión los cargos y delitos que se atribuyan a la presidenta Boluarte y sus ministros.