Detienen a 8 por supuestamente integrar nueva organización terrorista
Imputación. Con investigación de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote), la Fiscalía pidió la captura de los sospechosos de pertenecer a la Nueva Fracción Roja (NFR), que lideraría la viuda de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre. Se les atribuye haber organizado y financiado las protestas en Ayacucho.
El juez Johnny Gómez Balboa dispuso la detención preliminar de ocho personas a las que la fiscal Ketty Garibay Mascco les atribuye pertenecer a la organización Nueva Fracción Roja (NFR), que encabezaría Elena Iparraguirre Revoredo, viuda del líder terrorista Abimael Guzmán Reinoso.
La resolución del magistrado Johnny Gómez se sustenta en una investigación que desde julio del 2022 iniciaron la Fiscalía Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos y la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), de la Policía Nacional, que incluyó operaciones de observación, vigilancia y seguimiento (OVISE) de los imputados que residen en la ciudad de Huamanga, Ayacucho.
La Nueva Fracción Roja (NFR) sería la nueva dirigencia de Sendero Luminoso, conforme con la Dircote. No se indica cómo Elena Iparraguirre, quien cumple condena perpetua, se comunicaba con alguno de los ocho arrestados o quiénes serían los intermediarios de la viuda.
Según el mismo documento judicial, los acusados tuvieron participación en la organización, financiamiento y conducción de las recientes movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte en la región ayacuchana, que dejó un saldo de 10 fallecidos por armas de fuego disparadas por efectivos del Ejército.
Entre los señalados se encuentra Rocío Leandro Melgar, camarada ‘Cusi’, una exreclusa que recibió condena por actividades terroristas. La fiscal Ketty Garibay señala que, como presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Rocío Leandro intervino decisivamente en la organización de las violentas protestas y desmanes, además del intento de toma de aeropuerto de Huamanga.
Los otros investigados son Estefany Alanya Chumbes, Álex Gómez Falcón, Alejandro Manay Pillaca, Piero Giles Gamboa, Fernando Quinto, Yulisa Gómez Ayala y Clido Canales Tantaleán. Estefany Alanya es la vicepresidenta del Fredepa.
El juez Johnny Gómez autorizó la detención preliminar por 15 días de los ocho sospechosos para facilitar las investigaciones que incluyen el descerraje de los domicilios de los acusados y el registro de sus comunicaciones telefónicas.
La orden comprende buscar documentos de la organización terrorista, libros de Abimael Guzmán y otros de Karl Marx, Vladimir Lenin y José Stalin.
Durante la gestión del general PNP Óscar Arriola Delgado como jefe de la Dircote, esta dependencia policial “solicitó la apertura de investigación preliminar contra presuntos integrantes de la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, quienes vendrían realizando trabajo partidario en las provincias de Huamanga, Huanta y Parinacochas, como parte de las tareas partidarias establecidas a favor de la II Reconstitución de Sendero Luminoso”.
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Luego de que la Fiscalía Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos accediera al requerimiento de la Dircote, se hicieron siete operaciones de videovigilancia de los sospechosos. La última fue el 30 de diciembre del 2023.
La Dircote concluyó que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) es una organización relacionada con Sendero Luminoso, que sus integrantes tienen vinculaciones con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), una asociación de fachada de exmilitantes senderistas, y que promueven actividades violentas como parte de un plan terrorista de alcance nacional.
“Detrás de todas las movilizaciones sociales violentas están integrantes del Fredepa y del Movadef”, señalan los reportes de la Dircote consignados en la resolución del juez Johnny Gómez: “Las violentas acciones en Huamanga muestran características propias del PCP-SL (Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso)”.
Para sustentar la imputación contra los ocho detenidos, la fiscal acreditó mensajes por WhatsApp en los que algunos de los involucrados coordinan sobre el desplazamiento de las movilizaciones en los días en que Huamanga fue el centro de las protestas antigubernamentales.
También se adjuntan los informes de observación, vigilancia y seguimiento de los agentes de la Dircote sobre los sospechosos, concluyendo que existiría relación directa y permanente entre ellos.
Según la Dircote, la demanda de una nueva Constitución es una exigencia de los terroristas de Sendero Luminoso y que forma parte de su estrategia política.
“La consigna Nueva Constitución se encuentra enmarcada en la ‘democratización de la Sociedad Peruana’ establecido por la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso y es desarrollado por el Movadef”, se lee en la resolución judicial, que reproduce el sustento acusatorio de la Fiscalía.
La abogada Yuri Martínez Ochoa, quien asiste legalmente a las familias de los detenidos, cuestionó la arbitrariedad de la decisión judicial, negó los cargos y reclamó por la falta de información sobre el paradero de los acusados.
“Me comuniqué con la Defensoría del Pueblo y me dijeron que tenían problemas para representarlos. Cuando fuimos con los familiares para verificar que se encontraban detenidos, no nos permitieron el acceso. Y nos negaron alcanzarles alimentos y frazadas”.
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Por esta razón, la abogada Yuri Martínez presentó un habeas corpus contra la detención arbitraria. Más tarde se conocería que los arrestados en Huamanga, alrededor de las 7 de la noche del jueves 12, luego fueron trasladados a Lima, a la 1 de la mañana del viernes 13.
“Para mí, el hecho es autoritario y arbitrario. Es penoso ver a los familiares de rodillas pidiendo que aunque sea la abogada entre a confirmar la situación de sus familiares”, lamentó la abogada Yuri Martínez.
