Fujimorismo mete a diez congresistas con condenas: delitos van desde el hurto hasta la difamación

Toda la atención está puesta en los candidatos presidenciales que disputan el balotaje. Sin embargo, mientras los reflectores se concentran en Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, el nuevo Congreso ya empieza a mostrar signos de deterioro antes incluso de ser instalado. Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Renovación Popular han colocado en la Cámara de Diputados y el Senado a figuras con antecedentes judiciales y un historial polémico.

Un total de 21 de los 190 congresistas electos registran sentencias judiciales por corrupción, violencia familiar, delitos patrimoniales y otros casos. Es decir, el próximo Parlamento contará entre sus integrantes con legisladores condenados por la justicia.

Condenados en Fuerza Popular

Si el nuevo Congreso tendrá 21 legisladores con sentencias, el 47,6% pertenece a Fuerza Popular. Diez congresistas electos del partido fujimorista registran condenas en sus hojas de vida. Para la agrupación liderada por Keiko Fujimori, el historial judicial de sus representantes parece haber pasado a un segundo plano.

Algunos casos destacan más que otros. Javier Castro Cruz, virtual diputado de Fuerza Popular y exalcalde del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, registra nueve sentencias judiciales.

En 2013, Castro Cruz fue condenado a seis años de prisión por el delito de colusión durante su gestión municipal. De acuerdo con registros periodísticos de la época, la administración del futuro legislador ocasionó un perjuicio cercano al millón de soles al presupuesto distrital.

Según la relación de sentencias consignada por el propio candidato en su hoja de vida, Castro Cruz también fue condenado en procesos familiares. Una de las resoluciones dispone la retención del 60% de sus ingresos en favor del denunciante.

Pese a ello, Castro Cruz milita en Fuerza Popular desde 2014. En estas elecciones obtuvo 8.249 votos, convirtiéndose en el segundo candidato a diputado más votado de Lambayeque dentro de la agrupación fujimorista.

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Otros nombres conocidos por su pasado parlamentario también figuran entre los sentenciados del partido naranja. Karina Beteta, recordada por sus polémicas intervenciones durante su etapa como congresista, registra una demanda fundada en su contra por temas contractuales. Beteta volverá al Parlamento como diputada por Huánuco.

Otro caso llamativo es el de Segundo Ticlla, virtual diputado fujimorista por Cajamarca. Ticlla cumplió cuatro años de pena privativa de la libertad tras ser hallado culpable del delito de hurto. Además, registra una demanda familiar en su contra, aunque el proceso posteriormente fue archivado tras una conciliación.

También integran esta lista el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carlos Mesía y el exalcalde de Belén, en Loreto, César Vidaurre. Royser Castro, Jorge Velásquez, Carlos Zegarra, Jessica Navas y José Palma completan el grupo de representantes de Fuerza Popular que reconocieron sentencias judiciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Rospigliosi, con sentencia sobre la marcha

Vale añadir un nombre más a la lista naranja de sentenciados: Fernando Rospigliosi, virtual senador nacional de la agrupación fujimorista. Aunque en su hoja de vida no consignó sentencias judiciales, durante la campaña electoral fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación. El actual presidente del Congreso fue querellado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La demanda presentada por Espinoza surgió luego de que Rospigliosi publicara en X, el pasado 7 de julio, que la entonces titular del Ministerio Público era una “aliada del terrorismo y de economías ilegales”, tras reunirse con familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

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Pese a que la exfiscal le envió una carta notarial exigiendo una rectificación, el parlamentario se ratificó en sus declaraciones. Ante ello, Espinoza solicitó una condena de dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de una reparación civil de un millón de soles.

Si bien no se cumplieron al 100% los requerimentos de la exfiscal, Rospigliosi no salió libre de polvo y paja. Además de la pena suspendida, el futuro senador deberá pagar 100 días multa y una reparación civil ascendente a S/200.000. La jueza Norma Carbajal ratificó la sentencia pocos días después de las elecciones generales.

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Juntos por el Perú también tiene sentenciados

En Juntos por el Perú, los cuestionamientos no se limitan a la campaña presidencial de Roberto Sánchez. Tres de sus congresistas electos registran más de dos sentencias reconocidas ante las autoridades electorales.

Julián Pérez Mallqui, virtual diputado por Cusco, acumula antecedentes judiciales por distintos delitos. Fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por lesiones culposas. El futuro legislador indicó que actualmente cumple la condena bajo modalidad suspendida.

Su historial no termina allí. Mallqui también fue condenado por violencia familiar a dos años y seis meses de prisión suspendida. Además, recibió una sentencia de un año y ocho meses por falsa declaración en un procedimiento administrativo.

Mallqui no es el único integrante de la futura bancada de Juntos por el Perú con antecedentes por violencia familiar. Gabriel Gonzáles, elegido por Cajamarca, también recibió una condena suspendida de diez meses por este delito. Adicionalmente, fue sentenciado a otros diez meses de prisión suspendida por entorpecer el funcionamiento de la vía pública.

Andrés Ramos Huilcas, virtual senador por Apurímac, registra además una demanda familiar. El Poder Judicial determinó que el 20% de sus ingresos debe destinarse a favor de su menor hijo. Percy Osorio Palpán, senador electo por Pasco, también registra dos procesos familiares y una sentencia por difamación tras una querella presentada en su contra.

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Obras también suma sentenciados

El partido liderado por Ricardo Belmont registra el mismo número de congresistas con sentencias que Juntos por el Perú. Cuatro representantes electos de Obras tienen antecedentes judiciales.

Dina Hancco alcanzó notoriedad como segunda vicepresidenta de la plancha presidencial encabezada por Belmont. La docente también postuló a la Cámara de Diputados por Puno, donde obtuvo más de 13.000 votos y se convirtió en la candidata más votada de su partido en la región. Sin embargo, registra una sentencia por contrabando que le valió una condena de tres años y seis meses de prisión.

No obstante, Hancco no es la figura con más antecedentes en Obras. Ese lugar lo ocupa Walter Gago Rodríguez, senador electo por la agrupación, quien registra dos sentencias: una por delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, y otra por libramiento indebido. Ambas condenas suman tres años de prisión.

La lista de sentenciados en Obras también incluye a Demetrio Valqui, virtual diputado por La Libertad, quien fue condenado por tenencia ilegal de armas en agravio del Estado y recibió comparecencia restrictiva; y a Arturo Padilla, representante de Lima Provincias sentenciado por peculado doloso.

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Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular tampoco se salvan

Otros tres partidos también llevarán sentenciados al Congreso: Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau; Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto; y Renovación Popular, encabezado por Rafael López Aliaga.

En el caso del Partido del Buen Gobierno, el senador nacional Jorge Gavidia registra ante el JNE una denuncia por alimentos y otra por estafa.

En Ahora Nación, el diputado puneño Helard Sonco también registra una demanda por alimentos declarada fundada en parte. Por su lado, Estanislao Mancha, senador nacional de Renovación Popular, también mantiene un proceso familiar en su historial.

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“El parlamentario electo con un proceso en curso mantiene su situación judicial”

Un detalle a tomar en cuenta es la inmunidad parlamentaria, la garantía constitucional que protege a los legisladores frente a determinados procesos judiciales. La República conversó con José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, para explicar cómo funciona esta figura.

“La inmunidad parlamentaria actualmente se aplica a los delitos que presuntamente cometen los congresistas en el ejercicio de sus funciones. No está prevista para delitos comunes. Si un parlamentario, en el ejercicio de su función, aparentemente comete un delito, está protegido y, para ser procesado, necesita que se le levante la inmunidad parlamentaria. Tenemos varios casos actualmente, como el de ‘Los Niños’, denunciados por la Fiscalía por delitos que presuntamente habrían cometido en el ejercicio de sus funciones. Para ser procesados, se han presentado denuncias constitucionales ante el Congreso y, si el Parlamento no les levanta la inmunidad, aún no pueden ser procesados”, explicó.

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Cevasco precisó que ello no significa que un congresista no pueda afrontar procesos judiciales: “Si el delito es común, automáticamente el congresista puede ser procesado porque no tiene relación con su función parlamentaria”.

El exoficial mayor añadió que los congresistas electos con investigaciones o procesos abiertos podrían ser condenados y encarcelados si así lo determina la justicia. “El proceso continúa. El parlamentario electo con un proceso en curso mantiene su situación judicial. Si es hallado culpable, el Poder Judicial remite la resolución al Congreso para que este autorice su prisión”, señaló.