Consejo Fiscal alerta que ley de pensiones militares y policiales generaría costo de S/46.000 millones
La nueva ley incrementa pensiones y beneficios para viudez y orfandad, elevando el gasto público. Se estima que, a largo plazo, el impacto adicional anual superará los S/16.000 millones.
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La reciente modificación al régimen previsional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional volvió a encender el debate sobre el impacto de las leyes aprobadas por el Congreso en las finanzas públicas. La norma, impulsada desde el Parlamento, fue observada previamente por el Ejecutivo; sin embargo, terminó siendo aprobada por insistencia.
Ahora, un informe técnico de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal advierte que la Ley N.° 32561 generará un costo fiscal neto adicional de aproximadamente S/46.000 millones en valor presente, además de incrementar la presión sobre el presupuesto público durante las próximas décadas.
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La norma modifica de manera sustancial el sistema de pensiones de militares y policías. Entre los principales cambios figura el incremento de la pensión de retiro hasta el 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio, cuando anteriormente el cálculo equivalía al 55%.
También se elevan los beneficios para viudez, orfandad y ascendencia. La pensión de viudez pasa a cubrir el 100%, mientras que las de orfandad y ascendencia alcanzan el 50%. Además, se amplía la cobertura para hijos hasta los 28 años y se eliminan diversas restricciones de acceso al sistema.
Consejo Fiscal advierte impacto en sostenibilidad fiscal
Según el análisis técnico, el incremento del gasto estatal asociado a esta reforma ascendería a S/38.900 mil millones, mientras que el aporte adicional del Estado al sistema previsional representaría otros S/14.400 mil millones. Aunque los aportes de los propios efectivos también aumentarán, estos solo compensarían parcialmente el impacto fiscal.
La entidad advierte que, para que el régimen resulte sostenible financieramente, la tasa total de aporte debería elevarse hasta el 42% de la remuneración, con una participación estatal cercana al 27%. En la práctica, esto implicaría que el Tesoro Público termine financiando alrededor del 64% de las pensiones bajo el nuevo esquema.
El informe también señala que el gasto anual adicional podría oscilar entre S/1.300 millones en los próximos años y superar los S/16.000 millones dentro de cinco décadas.
Crecen las críticas por desigualdad previsional
El documento del Consejo Fiscal cuestiona además la fuerte desigualdad entre los distintos sistemas pensionarios del país. Aunque los regímenes militar y policial representan apenas el 9% de los pensionistas, concentran cerca del 50% de los subsidios estatales destinados a pensiones.
Actualmente, el gasto anual para sostener este régimen supera los S/5.600 millones y beneficia a aproximadamente 160.000 personas.
Las diferencias también se reflejan en el monto de las pensiones. Mientras un coronel afiliado a una AFP podría recibir una pensión cercana a S/1.182 bajo un esquema privado tradicional, con la nueva ley el monto podría superar los S/10.000 mensuales, ampliando la brecha frente a jubilados de sectores como salud y educación.
Montos de pensión que lograría un efectivo militar policial en los diferentes regímenes policiales.
El Consejo Fiscal también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma. Según el informe, la ley fue aprobada sin contar con un estudio actuarial integral y dejando de lado observaciones técnicas del Ejecutivo. Además, advierte posibles 'indicios de inconstitucionalidad' por crear obligaciones permanentes de gasto sin identificar fuentes de financiamiento.
Congreso acumula leyes con impacto fiscal
La Dirección de Estudios Macrofiscales alertó que esta ley forma parte de una tendencia creciente en el Congreso. Entre 2024 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal adverso, cifra que representa más del doble del promedio registrado en los últimos 15 años.
De acuerdo con el análisis consolidado del Consejo Fiscal, varias de estas iniciativas podrían generar una presión equivalente a un déficit fiscal adicional de hasta 3% del PBI anual.
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