
La Fiscalía solicitó al Poder Judicial ampliar por 18 meses la prisión preventiva contra Andrés Hurtado, el presentador de televisión conocido como Chibolín, investigado por presunto tráfico de influencias. El pedido se presentó en una audiencia judicial que evaluó la continuidad de la medida restrictiva de libertad mientras avanzan las diligencias del caso.
El requerimiento lo sustentó el fiscal adjunto supremo Denis Pérez ante el juez Juan Carlos Checkley. La Fiscalía argumentó que el caso mantiene un alto nivel de complejidad. También señaló que existen diligencias pendientes que resultan claves para determinar responsabilidades.
La actual prisión preventiva contra Andrés Hurtado vence el 18 de marzo. Por esa razón, el Ministerio Público planteó la ampliación del plazo antes de que se cumpla la medida vigente. La decisión final queda en manos del Poder Judicial, que deberá evaluar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa.
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El caso contra Chibolín forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas gestiones irregulares para favorecer a un empresario. Según la tesis fiscal, Andrés Hurtado habría ofrecido influencias dentro del sistema de justicia a cambio de beneficios.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los motivos que justifican ampliar la prisión preventiva contra Andrés Hurtado. El fiscal Denis Pérez indicó que la investigación incluye varias diligencias pendientes. Entre ellas figuran pericias financieras, declaraciones de testigos y análisis de información bancaria.
El Ministerio Público también sostuvo que el caso involucra a varias personas. En el expediente aparece la fiscal superior Elizabeth Peralta, quien es investigada por su presunta participación en la red de influencias. La Fiscalía considera que estos elementos incrementan la complejidad del proceso.
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Otro punto central del pedido se relaciona con nuevas declaraciones obtenidas por los investigadores. Un extrabajador de Andrés Hurtado brindó testimonio dentro del proceso de colaboración eficaz. Según esa versión, el conductor habría ordenado transferencias de dinero a familiares y terceros.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones podrían haber servido para ocultar el origen de fondos vinculados al caso. Por ello, el Ministerio Público considera necesario ampliar el plazo de investigación mientras se revisa la información financiera.
El Ministerio Público también argumentó que existe riesgo de fuga si Andrés Hurtado queda en libertad. La Fiscalía señaló que el conductor no cuenta con un arraigo domiciliario claro. De acuerdo con la investigación, el presentador solía alojarse en hoteles y no mantenía una residencia fija.
El fiscal Denis Pérez también cuestionó el arraigo laboral del investigado. Según indicó, el vínculo de Chibolín con Panamericana Televisión quedó suspendido tras el inicio de las investigaciones. Esa situación, afirmó la Fiscalía, debilita los argumentos para que enfrente el proceso en libertad.
El caso de Andrés Hurtado generó amplio interés público debido a su notoriedad como figura televisiva. El presentador enfrenta acusaciones graves que se relacionan con presuntas gestiones para influir en decisiones dentro del sistema judicial.
El juez Juan Carlos Checkley deberá evaluar los argumentos de las partes antes de emitir una decisión. Si el Poder Judicial acepta el pedido de la Fiscalía, Chibolín podría permanecer bajo prisión preventiva durante 18 meses adicionales mientras continúa la investigación.





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