
El presidente José Jerí continúa en medio de la tormenta política por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Keiko Fujimori, a través de la bancada de Fuerza Popular, y el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, han asumido un rol central en su defensa, al descartar una censura inmediata, rechazar la convocatoria a un Pleno extraordinario y presentar las críticas como parte de un intento de desestabilización.
El respaldo no se limita a declaraciones aisladas. Fuerza Popular difundió un comunicado en el que, aunque reconoce dudas sobre la conducta de Jerí, se niega a apoyar cualquier medida que implique su salida en este momento. La bancada fujimorista optó por un discurso de “orden” frente al “caos”, con el que busca deslegitimar las mociones promovidas desde distintos sectores del Parlamento.
Desde la Mesa Directiva, Rospigliosi ha reforzado esa línea. Si bien admitió que las reuniones fuera de agenda fueron una “actitud incorrecta”, sostuvo que no justifican una vacancia ni una censura inmediata. Además, se ha opuesto a que el tema se discuta en un Pleno extraordinario durante el receso legislativo.
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El caso, conocido como el “Chifagate”, ha derivado en cuatro mociones de censura, una moción de vacancia y una solicitud formal para convocar a una sesión extraordinaria. Todas apuntan a esclarecer la conducta de José Jerí y a evaluar su permanencia en el cargo, en medio de sospechas de falta de transparencia y posibles conflictos de interés.
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Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en el que admite que las explicaciones de José Jerí “siguen generando dudas” y que las investigaciones deben continuar tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Sin embargo, el partido evita respaldar cualquier acción inmediata de censura y centra su mensaje en la necesidad de “orden y madurez política”.
El texto sostiene que el país enfrenta problemas urgentes como la inseguridad y la pobreza, y que, en ese contexto, no corresponde impulsar “peleas inútiles”. Bajo ese marco, la bancada fujimorista descarta sumarse a lo que denomina un “coro desestabilizador”, en el que incluye a sectores de izquierda y a grupos que califica como “pseudo moralistas de derecha”.
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Aunque deja abierta la posibilidad de retirar su apoyo si surgen hechos que vuelvan “insostenible” la permanencia de Jerí, el comunicado remarca que no actuará por “cálculo electoral”. La posición, en los hechos, funciona como un blindaje político frente a las mociones que buscan apartarlo de la presidencia del Parlamento.
La firma del mensaje y su difusión desde la cúpula partidaria colocan a Keiko Fujimori como la principal referente de esta estrategia. El énfasis en la estabilidad y en la lucha contra el “caos” se alinea con la defensa que, desde la Mesa Directiva, impulsa Fernando Rospigliosi.
Antes de que el escándalo tomara mayor dimensión pública, Rospigliosi calificó de “absurda” cualquier vacancia contra José Jerí. Argumentó que una medida de ese tipo, en pleno proceso electoral, solo generaría inestabilidad y no resolvería las dudas sobre las reuniones con el empresario chino.
Tras la difusión de una reunión sostenida en un local del centro de Lima, el titular del Congreso reconoció que se trató de una conducta impropia. Habló de “errores” y de una “actitud incorrecta”, pero insistió en que el cauce adecuado era la investigación en comisiones y no una destitución inmediata.
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Días después, su discurso se endureció frente a las mociones. Rechazó una censura en el Pleno, la calificó de “irresponsable” y sostuvo que sería “peor el remedio que la enfermedad”. A su juicio, el caso aún se encuentra en el terreno de las sospechas y no de pruebas concluyentes que justifiquen una salida forzada.
Rospigliosi se negó a convocar a un Pleno extraordinario durante el receso. Afirmó que detrás de las iniciativas existe un intento de reproducir escenarios de crisis política como los de 2020 y 2021. Con esa decisión, cerró el paso a un debate inmediato y consolidó la línea de protección institucional a José Jerí.
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La primera respuesta formal vino con la moción de censura presentada por la congresista Ruth Luque. El documento no solo cuestiona las reuniones no registradas con el empresario chino y advierte una vulneración a los estándares de transparencia, sino que se sustenta en la pérdida de idoneidad ética de José Jerí. La moción fundamenta que, al amparo del artículo 115 de la Constitución, el mandatario mantiene su origen legislativo y, por tanto, su sujeción al control político del Pleno.
Poco después, el congresista Elías Varas impulsó una segunda moción, en la que se sostiene la falta de idoneidad ética de José Jerí, cuestionada tras revelarse reuniones no oficiales y sin registro con el empresario Zhihua Yang en un local clausurado. Estos hechos, considerados una grave vulneración a la transparencia, justifican el ejercicio del control político para removerlo de la Presidencia del Congreso; medida que, por ser su función presidencial de carácter accesorio y sucesorio, conlleva automáticamente su cese en la Presidencia de la República para salvaguardar la institucionalidad y la moral pública.
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La tercera iniciativa fue presentada por Jaime Quito, de la Bancada Socialista, y obtuvo 21 firmas. El texto se fundamenta en la falta de transparencia de Jerí Oré tras revelarse reuniones clandestinas con el empresario Zhihua Yang, lo que sugiere graves conflictos de intereses en licitaciones estatales y vínculos con personajes investigados. A esto se suman sus versiones contradictorias sobre dichos encuentros y su incapacidad frente a la crisis de inseguridad, reflejada en el aumento de extorsiones y ataques al transporte público durante su gestión.
La cuarta moción fue impulsada por el congresista Edwar Málaga y reunió la firma de integrantes de la bancada de Honor y Democracia. En el documento se cuestiona la idoneidad ética de José Jerí, señalando que su gestión carece de la neutralidad y transparencia exigidas por su alto cargo. A esto se suma un deficiente desempeño en sus funciones, tanto en el Legislativo como en la Presidencia de la República, así como la denuncia de graves conflictos de interés en sus decisiones; hechos que, al ser difundidos a nivel internacional, han deteriorado la confianza ciudadana y la legitimidad de la investidura presidencial.
La bancada de Renovación Popular presentó la quinta moción de censura contra el mandatario. La iniciativa se fundamentó en la crisis de seguridad pública, evidenciada en los 2,451 homicidios registrados en 2025; el cuestionamiento ético por presuntas reuniones irregulares con intereses extranjeros; y el fundamento legal que permite aplicar la censura parlamentaria en lugar de la vacancia, dado que el funcionario mantiene su condición de legislador y presidente del Congreso encargado.
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La sexta moción de censura fue presentada por el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, por las presuntas irregularidades derivadas de las reuniones con Zhihua Yang, representante de Hidroeléctrica América S.A.C., empresa que arrastra incumplimientos críticos en el proyecto Pachachaca 2 desde 2023. El cuestionamiento se agrava por la reunión del 26 de diciembre, la cual carece de transparencia y cuya justificación oficial resulta poco convincente ante los antecedentes del empresario y el impacto económico del proyecto en cuestión.
En paralelo, el legislador Segundo Montalvo promovió una moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”. Además de los encuentros fuera de agenda, incluyó otros cuestionamientos a decisiones adoptadas durante la gestión interina de José Jerí.
Por otro lado, se presentaron dos solicitudes de un Pleno extraordinario, promovidas por Renovación Popular y el congresista Edwar Málaga, para debatir todas las iniciativas en contra de Jerí. Estos pedidos chocan directamente con la postura de Fernando Rospigliosi y con la estrategia de Fuerza Popular, que buscan dilatar el debate y evitar una definición inmediata.
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Las dudas se activaron por las propias versiones de José Jerí. En un primer momento, sostuvo que se trató de coordinaciones de carácter oficial; luego habló de un encuentro casual y, finalmente, de reuniones privadas sin ningún tipo de agenda institucional. Esa secuencia, expuesta en distintas entrevistas y presentaciones ante el Congreso, abrió la sospecha de que el contenido real de las conversaciones no había sido dicho con claridad. Para varios parlamentarios, el hecho de que los encuentros se realizaran de noche, en locales comerciales y fuera del registro oficial, resultó incompatible con una supuesta coordinación protocolar por actividades diplomáticas.
Otra especulación que tomó fuerza provino de la investigación periodística. El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que Zhihua Yang es un empresario interesado en contratos estatales de gran escala, entre ellos un proyecto de videovigilancia para miles de buses del transporte público. En ese contexto, se deslizó que las citas con Jerí podrían haber servido para explorar o destrabar ese tipo de iniciativas ante el Ejecutivo, e incluso se habló de presiones para acelerar trámites, versión que también fue recogida por medios internacionales como El País. Tanto el presidente del Congreso como el empresario negaron que se haya pedido o ofrecido algún favor, pero la magnitud de los proyectos asociados al entorno de Yang alimentó la conjetura sobre un posible lobby fuera de los canales formales.
Las especulaciones se ampliaron cuando se conoció que la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias preliminares contra Yang por presunto tráfico de influencias y que, en paralelo, aparecieron registros de visitas a Palacio de otras personas de nacionalidad china, entre ellas Ji Wu Xiaodong, traductor vinculado a la Cancillería y con procesos judiciales previos. La coincidencia de reuniones sin agenda, intereses empresariales en juego y contactos con figuras bajo investigación reforzó la idea de que los encuentros con José Jerí pudieron ir más allá de una simple conversación social o diplomática.

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