Keiko Fujimori nombra a Juan Falconí en la Procuraduría General pese a que la ley lo prohíbe
El viceministro de Justicia asumió un cargo en el Consejo Directivo de la entidad que, según el Decreto Legislativo 018-2019, tiene vedado por ejercer función pública.
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La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, designaron a Juan Falconí Gálvez, viceministro de Justicia, como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. La resolución apareció publicada este martes por la mañana en el diario oficial El Peruano, según reportó Latina Noticias. El nombramiento contradice de forma directa la norma que regula esa institución, que excluye de manera expresa a los viceministros de ocupar ese puesto.
El Decreto Legislativo 018-2019 reestructuró el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y creó la Procuraduría General del Estado. Esa norma señala que los viceministros están impedidos de integrar el Consejo Directivo mientras ejerzan función pública. La prohibición se extiende, incluso, hasta doce meses después de haber dejado el cargo. Falconí ejerce el puesto de viceministro en este momento, así que la ley lo excluye sin ambigüedades.
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El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado tiene una función clave: dirige el proceso de selección de los procuradores que defienden los intereses del Estado en todas las instituciones públicas. Se trata, por tanto, de un órgano que necesita independencia frente al poder político. La ley busca justamente evitar que un cargo de confianza del Gobierno, como el de viceministro, influya en esas decisiones.
Falconí fue nombrado viceministro de Justicia el 4 de agosto pasado. No es la primera vez que ocupa ese cargo: ya lo tuvo en 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En aquel periodo presidió la Comisión de Gracias Presidenciales, la misma que otorgó el indulto humanitario al padre de la mandataria, Alberto Fujimori, en diciembre de 2017.
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Un indulto que terminó anulado y una designación bajo cuestionamiento
Aquel indulto no tuvo un final tranquilo. El 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria lo declaró inaplicable y ordenó la ubicación y captura inmediata del expresidente. Falconí, el mismo funcionario que encabezó la comisión que le dio ese beneficio, vuelve ahora a ocupar un puesto sensible, esta vez en un organismo que por ley le está vedado.
El abogado Yván Montoya, consultado por Latina Noticias, señaló que la situación exige una respuesta inmediata. "Amerita una investigación desde la Cámara de Diputados, no se debió designar a alguien que, según el reglamento, está impedido de hacerlo", indicó. Montoya explicó, además, la razón detrás de la prohibición: el cargo de viceministro es político, y la Procuraduría General requiere mayor independencia frente al Gobierno de turno.
Por el momento no hay una explicación oficial. Latina Noticias consultó al Ministerio de Justicia sobre los motivos detrás de la designación, pero no obtuvo respuesta.
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