Crisis en Acción Popular por denuncia de compra de delegados ante la elección de Alfredo Barnechea

La elección de Alfredo Barnechea como candidato presidencial de Acción Popular desató una fuerte disputa interna luego de que militantes denunciaran el reemplazo irregular de delegados y presuntas ofertas de trabajo a cambio de apoyo. Las acusaciones, según los afectados, alteraron el resultado y motivaron a la facción de Julio Chávez a presentar una impugnación ante el JNE de cara a las Elecciones 2026.

El pasado 4 de diciembre, militantes reportaron que al menos 26 delegados elegidos el 30 de noviembre fueron sustituidos sin sustento. Afirmaron que el Comité Electoral, presidido por Cinthia Pajuelo, remitió a la ONPE una lista distinta a la aprobada en las actas regionales.

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También se revelaron denuncias de suplantación, acreditaciones cuestionadas y audios que comprometen al Comité Electoral. Militantes señalaron que personas que no participaron en las internas aparecieron luego como delegados con derecho a voto en la elección presidencial.

Tras quedar en segundo lugar, Julio Chávez denunció un “fraude” en la elección interna. Alegó que la lista de delegados estaba manipulada y anunció que su equipo presentará una impugnación formal para que el JNE determine la legalidad del proceso y, eventualmente, de la proclamación de Alfredo Barnechea.

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Cambios de delegados y cuestionamientos al Comité Electoral

De acuerdo con los delegados afectados, la lista final enviada a la ONPE no coincidía con las actas firmadas en regiones como Lima Metropolitana, Lima Provincias, Cajamarca y Cusco. Los militantes señalaron que fueron retirados sin notificación previa y reemplazados por personas cercanas a una facción cercana a Alfredo Barnechea.

El Comité Electoral enfrentó cuestionamientos por presuntamente ignorar pedidos de revisión y por permitir el ingreso de delegados sin acreditación válida. Algunos militantes aseguraron que ni siquiera se mostró la relación oficial antes de la votación para elegir al candidato presidencial.

A esto se sumó un audio difundido por la militancia, en el que se escucha a la presidenta del Comité Electoral del partido, Cinthia Pajuelo, negociar un puesto en el despacho del congresista Ilich López, a cambio de retirar a una de las delegadas elegidas el pasado 30 de noviembre.

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Julio Chávez anunció que impugnará la elección de Barnechea tras denunciar fraude

Julio Chávez, dirigente de Acción Popular, denunció un “fraude grosero” tras su derrota frente a Alfredo Barnechea en la interna que definió la candidatura presidencial del partido. Según Chávez, la lista de delegados enviados a la ONPE fue alterada: 28 delegados electos el 30 de noviembre habrían sido sustituidos sin base documental.

Además, el dirigente señala que la modificación del padrón habría favorecido a la facción de Barnechea mediante una supuesta compra de delegados: se ofrecieron supuestos puestos de trabajo o prebendas a cambio de su apoyo. Esto, afirma Chávez, vicia de ilegitimidad todo el proceso interno.

Por ello, anunció que su partido impugnará los resultados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y exigirá que ese organismo determine la legalidad de la elección. Si el JNE valida la denuncia, podría abrirse una revisión que ponga en duda la proclamación de Barnechea rumbo a las Elecciones 2026.

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¿Qué dicen los especialistas sobre la crisis de delegados en Acción Popular?

El abogado José Naupari señaló que el problema central está en que la ONPE recibe las listas de delegados bajo el principio de veracidad y no puede contrastarlas con los resultados reales. Subrayó que, aunque existan denuncias de suplantación, la ONPE carece de herramientas para identificar si los nombres enviados por el comité electoral coinciden o no con los ganadores en las elecciones internas.

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, remarcó que el conflicto trasciende lo administrativo y se convierte en un asunto que compromete la legitimidad del proceso. Indicó que, ante denuncias como las reveladas por Punto Final, el partido debe activar mecanismos ante el JNE, que tiene la capacidad de revisar si las irregularidades detectadas alteraron el resultado final y evaluar cómo impactan en la proclamación del candidato presidencial.

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Desde otra perspectiva, el abogado electoral José Villalobos advirtió que el presunto cambio de delegados no solo tiene implicancias electorales, sino también penales, porque podría configurar delitos vinculados a manipular la voluntad interna de un partido. Para él, la gravedad del caso está en que personas no elegidas habrían terminado votando en un proceso clave para definir a un aspirante presidencial.

Villalobos también alertó que esta situación podría complicar la candidatura de Alfredo Barnechea, pues si el JNE concluye que hubo delegados acreditados de manera irregular, tendría la facultad de anular votaciones específicas o incluso ordenar un nuevo proceso. Señaló que el impacto dependerá del tipo de impugnación que presente el partido y del nivel de afectación acreditado.

Por su parte, el abogado José Tello puntualizó que la alteración de un cuerpo electoral —como la lista de delegados elegidos— podría implicar una responsabilidad directa ante la Procuraduría del JNE, que está facultada para denunciar por delitos contra la libertad popular. Tello indicó que, de verificarse la adulteración, los involucrados podrían enfrentar penas de entre dos y seis años según el artículo 359 del Código Penal.