
El 3 de diciembre, el canciller Hugo de Zela acudirá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para sustentar la posición del Perú sobre el asilo de la ex ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien se encuentra asilada desde el último 3 de noviembre en la embajada de México. Recientemente, el Poder Judicial la sentenció a 11 años de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado. del pasado 7 de diciembre de 2022.
“Estaré viajando a Washington y esa presentación la voy a hacer el miércoles de la próxima semana a las 10 a.m.”, anunció el viernes 28 de noviembre durante una conferencia de prensa ofrecida desde Palacio de Gobierno.
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Además, Zela sostuvo que el fallo judicial no modifica la postura del Ejecutivo frente al caso. “El hecho de que Betssy Chávez haya sido ya condenada no altera en nada su situación. La situación sigue siendo exactamente igual, en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la Embajada de México y nosotros tenemos una posición ya adoptada públicamente sobre el tema”, señaló el canciller sobre la medida que ha sido acompañada por una disposición de búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
Cabe recordar que José Jerí ya había adelantado que asistirían al organismo internacional para plantear modificaciones de la Convención de Caracas. "Lo hemos coordinado con el señor canciller, lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros conocemos los tratados, sabemos las obligaciones y sabemos los defectos que tiene el sistema internacional. Por eso el canciller ha hecho la propuesta de modificación para que no se tergiverse la figura del asilo. No nos vamos a pronunciar y en consecuencia, al no entregarse el salvoconducto, no podrá viajar a México", manifestó.
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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso la ubicación y captura, tanto en el país como en el extranjero, de la exministra Betssy Chávez, actualmente refugiada en la Embajada de México en Lima.
La orden fue emitida tras conocerse su condena a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, luego de que el tribunal concluyera que tuvo un rol en la organización y coordinación del fallido golpe de Estado.
Además, la magistrada Norma Carbajal dispuso para ella una inhabilitación de dos años para ejercer funciones públicas, medida que también alcanza a Castillo y al exministro Willy Huerta.
El 24 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reiteró que el Gobierno no ingresará a la sede diplomática mexicana para detener a la exfuncionaria. Señaló que, desde una perspectiva jurídica y diplomática, tanto él —como expresidente del Tribunal Constitucional— como el canciller Hugo de Zela coinciden en que no es legalmente posible retirar por la fuerza a una persona de una embajada, pese a las demandas o expectativas derivadas del proceso judicial peruano.

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