
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Alejandro Toledo fue trasladado desde el penal de Barbadillo de Ate la clínica San Pablo, ubicado en el distrito de Surco. A través, de un comunicado en sus redes sociales, el INPE aseguró que se trata de una "cita médica programada" en cumplimiento a una decisión del Tribunal Constitucional.
En agosto de este año, el TC ordenó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate que acepte el pedido de exjefe de Estado para que reciba su atención en un centro de salud privado. Luego de recibir la segunda condena en su contra por 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, Toledo Manrique fue atendido por un doctor en la mañana del lunes 8 de septiembre.
"En cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, el interno Alejandro Toledo fue trasladado hoy a la clínica San Pablo para una cita médica programada. El INPE garantiza el respeto de los derechos de la población penitenciaria", comunicó la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comunicado del INPE
Sobre el exjefe de Estado también pesa otra sentencia por 20 años en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, en el que se acusa a Toledo de haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa constructora brasileña.
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El último 6 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) decidió anular la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, que prohibía el traslado del expresidente Alejandro Toledo a la Clínica San Pablo para recibir atención médica. Esta decisión, que data de marzo de 2025, fue apelada por el abogado del exmandatario, quien sostuvo que la resolución anterior infringía sus derechos a la salud y a la integridad personal.
Toledo, que sufre de varias enfermedades graves, había pedido atención médica privada debido a la complejidad de su condición, una solicitud que, según el Tribunal Constitucional, no fue evaluada de manera adecuada.
La Corte también subrayó la importancia de considerar la situación crítica de Toledo, quien ha estado esperando más de dos años una respuesta formal a su petición de atención médica, lo que pone en duda la efectividad del sistema judicial en la defensa de los derechos humanos.

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