Fernando Rospigliosi "interfiere en la administración de justicia" al denunciar a Concepción Carhuancho por ley de lesa humanidad

El congresista fujimorista, Fernando Rospigliosi, presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Richard Concepción Carhuancho con la finalidad de lograr su destitución por no aplicar la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad a favor de militares y policías que cometieron estas masacres durante el conflicto armado interno.

Rospigliosi intenta remover de su cargo al magistrado Concepción Carhuancho debido a que utilizó una herramienta judicial que le permite no aplicar una norma en caso así lo considere (control difuso) y declaró inaplicable la Ley 32107 en el caso del coronel en retiro Arturo Castro Arias procesado por el presunto delito de homicidio calificado de siete personas en Ayacucho en 1984.

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Sin embargo, la JNJ no puede remover a un magistrado por su criterio jurisdiccional. Tampoco por el presunto prevaricato, pues al tratarse de un delito requiere un procedimiento judicial en el ámbito penal. La Junta puede investigar a un juez o fiscal por actos de inconducta funcional y aplicar una norma penal es parte de su independencia jurisdiccional. Si la defensa del mencionado coronel en retiro no está de acuerdo, pues apelar la decisión para que sea revisada por una instancia superior.

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La ley de la que hace mención el parlamentario fujimorista fue promulgada en agosto del 2024 y prescribe todos los delitos cometidos antes de julio del 2002, incluyendo los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los que era investigado Alberto Fujimori. No obstante, el magistrado Concepción Carhuancho recordó el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes y resaltó que estos delitos no prescriben sin importar la fecha en que fueron cometidos.

Luego de atacar al magistrado y calificarlo como "prevaricador", Rospigliosi sustentó su denuncia en que "la aplicación del control difuso se efectúa en resoluciones que traten el fondo del asunto (sentencias), lo cual no es el caso del juez Carchuancho, por tratarse de la etapa de investigación preparatoria, puesto en que esa instancia no se emiten sentencias".

Es importante resaltar que el artículo 138 de la Constitución Política del Perú establece sobre el control difuso que "en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera". Es decir, la decisión del magistrado Concepción Carhuancho se basó en la aplicación de este artículo de la carta magna.

"Fernando Rospigliosi no puede interferir en la administración de justicia"

En comunicación con La República, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, enfatizó que el congresista Fernando Rospigliosi "no puede interferir con lo que hace un juez" y que su decisión de colocar una denuncia ante la JNJ "lo pone en aprietos porque puede ser sancionado por desconocer este fallo judicial".

"Él no puede interferir en la administración de justicia, en lo que resuelve un juez, está muy mal lo que está haciendo. Él no puede interferir en lo que dice un juez, y tampoco puede interferir en lo que está haciendo este juez, eso corresponde a las partes afectadas, ellos son los que pueden actuar, un congresista no puede meterse en eso", declaró.

Al ser consultado sobre los argumentos que presentó Rospigliosi en su denuncia ante la JNJ, Tello resaltó que "el congresista puede tener la razón, pero está mal, porque no puede actuar contra un juez. No puede irse en encima de un juez porque no le gusta cómo está resolviendo un caso, esa es una interferencia a la administración de justicia".

"No estoy avalando lo que hace el señor Carhuancho, no estoy a favor ni en contra, estoy, a razón de que se respeten las instancias correspondientes, y que prime el Estado de derecho. Si un juez no aplica una norma, puede ser denunciado por las partes afectadas. No puede un congresista ir y denunciarlo ante la JNJ porque no está de acuerdo con lo que se está resolviendo porque esa es una clara infracción constitucional", acotó.

Asociación de jueces respalda a Concepción Carhuancho

A través de un comunicado emitido el último martes 26 de agosto, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) rechazó la denuncia presentada por Rospigliosi contra el magistrado Concepción Carhuancho, así como los calificativos hacia su labor en el Poder Judicial. Asimismo, respaldaron la decisión del juez de aplicar la norma del control difuso al caso del policía en retiro. "Su inobservancia no solo vulnera estos mandatos, sino que puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado".

"Lamentamos que se busque criminalizar decisiones judiciales ajustadas a la Constitución y al derecho internacional. Esta práctica genera un clima de hostilidad que atenta contra la independencia judicial y busca inhibir a jueces en el cumplimiento de su deber", se lee en el comunicado.

"Invocamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional a defender activamente la democracia, la separación de poderes y la independencia judicial en el Perú", acotaron.

Juez Concepción Carhuancho no aplica ley de lesa humanidad

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidió no aplicar el artículo 4 de la Ley 32107, que fue aprobada por el Congreso y que limita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad únicamente a los hechos ocurridos después de la implementación del Estatuto de Roma. Esta resolución se enmarca en el proceso judicial que enfrenta el coronel en retiro de la exguardia republicana, Arturo Luis Castro Arias.

La defensa de Castro Arias pidió que se declare la prescripción de la acción penal por el supuesto homicidio calificado de siete personas en 1984, durante el conflicto armado interno. Argumentaron que ya habían pasado los 25 años establecidos en el Código Penal. No obstante, la Fiscalía rechazó esa solicitud, argumentando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles de acuerdo con el derecho internacional y que ninguna norma nacional puede contradecir este principio.

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Después de analizar los argumentos de ambas partes, Concepción Carhuancho determinó que la ley en cuestión va en contra de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por Perú, por lo que no debe aplicarse en este caso.