Política

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Richard Concepción Carhuancho rechazó la excepción de prescripción solicitada por la defensa del coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado.

Concepción Carhuancho declaró inaplicable la Ley 32107 en el caso del coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado. Foto: composición LR
Concepción Carhuancho declaró inaplicable la Ley 32107 en el caso del coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado. Foto: composición LR

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, inaplicó el artículo 4 de la Ley 32107, aprobada por el Congreso de la República, que limita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad solo a hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. La decisión se tomó en el marco del proceso que se le sigue al coronel en retiro de la exguardia republicana, Arturo Luis Castro Arias.

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La defensa de Castro Arias solicitó que se declare la prescripción de la acción penal por el presunto delito de homicidio calificado de siete personas en 1984, durante el periodo del conflicto armado interno. Argumentaron que habían transcurrido los 25 años de plazo previstos en el Código Penal.

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Sin embargo, la Fiscalía se opuso a dicho pedido, al sostener que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional y que ninguna norma nacional puede desconocer dicho principio.

Tras evaluar los alegatos de ambas parte, Concepción Carhuancho concluyó que la ley cuestionada contraviene a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú, por lo que no corresponder aplicarla en este caso.

Delitos de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional

En la resolución, el magistrado Concepción Carhuancho destacó que tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad establecen que los delitos de esta naturaleza no prescriben, sin importar la fecha en que fueron cometidos.

Carhuancho citó también los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Tribunal Constitucional (TC), los cuales han ratificado que se trata de normas de ius cogens, es decir, de cumplimiento obligatorio para todos los Estados.

De esta forma la excepción de prescripción planteada por la defensa de Castro Arias, quien pasó a retiro en 2010, fue declarada infundada. El caso continuará en etapa de investigación preparatoria.

Jueces se niegan a aplicar la 'ley de impunidad' en casos de violaciones a derechos humanos

En marzo de este año, el Poder Judicial rechazó la aplicación de la conocida 'Ley de impunidad' que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002 en los casos de violaciones a derechos humanos. Entre dichos procesos en los que esta norma fue desestimada por los magistrados figuran los casos de Pativilca, Madre Mía, Mariella Berreto, las masacres de Cayara y Chuschi, las desapariciones forzadas en Huallas, y otros relacionados con el periodista Jaime Ayala Sulca y los pobladores de Huanta.

Aunque alrededor de 47 personas que vienen siendo procesadas intentaron acogerse a dicha ley para cerrar sus casos sin sanción, los jueces han sostenido que el derecho internacional impide que los crímenes de lesa humanidad prescriban. Se han basado en normas como el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos delitos, así como en la jurisprudencia nacional e internacional que respalda este principio.

La norma, que fue impulsada por congresistas fujimoristas y exmilitares, habría beneficiado a condenados en casos como Barrios Altos y La Cantuta, pero a enfrentado la resistencia de instancias como el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima, que presentaron demandas de inconstitucionalidad ante el TC. Mientras tanto, los familiares de las víctimas han reafirmado su determinación de recurrir a instancias internacionales si se llegara a aplicar esta ley.

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