
La Defensoría del Pueblo, liderada por el exabogado cerronista Josué Gutiérrez, avanza en su intento por capturar las principales instituciones del sistema de justicia: el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Para lograrlo ha presentado ante el Congreso dos proyectos de ley para que las autoridades de control de ambos organismos sean adscritos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que pretende dar un golpe a la Fiscalía reponiendo a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
Ambos proyectos de ley ingresaron el lunes 16 de junio, fecha en la que Benavides Vargas irrumpió con seguridad personal en el Ministerio Público para usurpar el máximo cargo, ocupado legítimamente por Delia Espinoza.
¿Coincidencia? No. En declaraciones a la prensa, Gutiérrez ha expresado su apoyo a Patricia Benavides. "Ante la crisis institucional, la Defensoría del Pueblo exhorta para que la Junta de Fiscales Supremos pueda hoy resolver y ejecutar la resolución de la JNJ", dijo.
Ese mismo respaldo se ve reflejado en los dos proyectos de ley que usan como excusa “fortalecer” ambas autoridades nacionales de control.
Gutiérrez plantea modificar los artículos de las correspondientes leyes que crean estos despachos para que se precise en el artículo 1 que son “organismos adscritos a la Junta Nacional de Justicia”.
“Fortalecer y consolidar el sistema disciplinario” de la función fiscal y jurisdiccional, y mejorar así el sistema de administración de justicia”, se lee.
Además, la Defensoría propone cambiar la Ley Orgánica de la JNJ para que se añada en la naturaleza de esta institución que tiene en su ámbito a las autoridades nacionales de control. Para esto, el argumento es el “control funcional de los jueces de todos los niveles” y del “control funcional de los fiscales de primer, segundo y tercer nivel de la carrera fiscal”.
“fortalecer y consolidar el sistema disciplinario” de la función fiscal y jurisdiccional, y mejorar así el sistema de administración de justicia.
Por otro lado, la iniciativa también hace referencia a quiénes van a integrar la ANC de cada institución.
En ese sentido, dispone que el jefe de la ANC pondrá de conocimiento a la JNJ, el número de fiscales de control que integrarían esta entidad. Recibida esta comunicación, la JNJ convocará a concurso en el plazo de noventa (90) días calendarios. Del mismo modo, la Academia de la Magistratura dentro de los treinta (30) días calendarios de la entrada en vigencia de la presente norma debe dar inicio a la capacitación de los fiscales que
postulen a fiscales de control.
“Para este efecto, la Junta Nacional de Justicia aprobará los instrumentos de gestión para dichos concursos públicos”, se lee.

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