Un Tribunal Constitucional funcional al retroceso en las reformas

El Tribunal Constitucional (TC), con sus integrantes elegidos por el actual Congreso, tiene un papel vital ante el retroceso de reformas y normas impulsado por el Poder Legislativo: como máximo intérprete de la Constitución, nuestra ley de leyes, puede validar o frenar los despropósitos que salen del bloque dominante del Parlamento.

En el caso de la contrarreforma universitaria, la ley que debilitó la Sunedu (Superintendencia de Educación Universitaria) al volver a poner representantes de universidades en el gobierno de la entidad, el TC la ha validado. Esta semana se supo que declaró infundadas dos demandas de inconstitucionalidad contra la ley planteadas por la Defensoría del Pueblo. Ya a fines del 2023 había resuelto que era constitucional al rechazar una demanda de un grupo de congresistas que pareció acelerar el fallo para asegurar la regresión.

La denominada contrarreforma política también concentra preocupaciones. La eliminación de las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), que iban a hacer que los ciudadanos definan las candidaturas de los partidos políticos, tiene especial impacto en la proliferación de postulaciones que se perfilan.

En este caso, no ha habido controversia presentada al TC.

La bicameralidad con reelección de congresistas también puede llegar al TC. El Frente de Defensa de Lambayeque presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial para que se declare inaplicable esa ley. Alegan que no respeta la decisión de la población expresada en referéndum. Si los jueces no le dan la razón y apela, el caso pasa al TC para que este defina.

En marzo, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, advirtió que el Congreso incluyó una contrarreforma en la norma de bicameralidad: elimina el plazo de 5 días que se daba al fiscal de la Nación para denunciar a un alto funcionario ante la Corte Suprema en caso de acusación. Arévalo considera esto “un retroceso” porque un fiscal politizado no actuará.

En mayo, el Ministerio Publico presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611, que vulneran competencias de la Fiscalía al facultar a la Policía a investigar por su cuenta. Este recurso está admitido a trámite en el TC.

El Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, el Gobierno Regional de San Martín y el Colegio de Abogados de Lambayeque han presentado sendas demandas de inconstitucionalidad al TC contra la nueva ley forestal, que debilita la Amazonía. La demanda fue admitida a trámite.

El Ministerio Público anticipó que interpondrá demanda de inconstitucionalidad para anular la ley sobre crimen organizado, que perjudica la labor en casos delictivos graves.

Antes, anunció que pondrá similar demanda contra la ley de impunidad, que da prescripción a delitos de lesa humanidad. Esto contraviene fallos del TC y tratados internacionales.

La Sociedad Peruana de Constitucionalistas, en un pronunciamiento, invoca a las instituciones de justicia a que no renuncien a ejercer sus competencias con independencia y rigor, y reivindiquen el valor de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. “En este sentido, saludamos las decisiones ejemplares que vienen adoptándose en diversas instancias del Poder Judicial y Ministerio Público, que esperamos sean respaldadas, en su oportunidad, por el Tribunal Constitucional”, dice.

Regresión e inmunidad al control

Por Pedro Grández, abogado constitucionalista y docente (PUCP, UNMSM)

La intervención del TC fue relevante en la contrarreforma sobre Sunedu. El TC declaró un estado de cosas inconstitucional y promovió cambios. Luego, con otra composición del TC, regresamos al punto previo a la reforma: es una clara regresión.

También relevante es la regresión en controles mediante proceso de amparo. Una mayoría en la actual composición tiene tesis opuesta la jurisprudencia de los últimos 20 años del TC: inmunidad al control. Habría algunos actos de poderes políticos, como el Congreso, que no serían posibles de controlar mediante el amparo. Es una regresión en materia de control del poder por parte del derecho. En el peor momento de la política, el TC quiere defender que actos de esta son incontrolables. Es una tesis muy cuestionable y estaría siendo reflexionada al interior. Una muestra de eso es que no hay consenso en el conflicto competencial del Congreso contra decisiones del PJ sobre miembros de la JNJ. Lo que está en juego es muy relevante.